El Partido Popular continúa en pie de guerra contra la ley que ha impulsado el PSOE con el objetivo de combatir el lawfare. Es la norma con la que los socialistas quieren que las acusaciones populares dejen de formar parte de los procesos de instrucción, que los partidos políticos no puedan ser acusación popular, que no se puedan abrir causas judiciales a partir de recortes de prensa y que se aparte a los jueces que hagan declaraciones a favor o en contra de partidos políticos. Desde que el PSOE la registró en el Congreso, el PP le ha dado dos nombres: Ley Begoña (en alusión a Begoña Gómez, esposa del presidente español, que está investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación e intrusismo) y Ley de Impunidad. Y este lunes, en una jornadas en la cámara baja organizadas por el PP bajo el título Contra la impunidad, Alberto Núñez Feijóo ha cargado con dureza contra la iniciativa de los socialistas: “Solo alguien así de desesperado podría pensar más en sus problemas personales que en el problema de los españoles. La verdad es que solo alguien así pretende el poder para escapar de la justicia”, ha sostenido. Además, ha calificado las intenciones de Pedro Sánchez de “delirio antidemocrático” y ha asegurado que “nadie que crea que ha cumplido la ley querría cambiarla”.
“Lamentablemente, la impunidad no es un lejano recuerdo que solo se encuentra en los libros de historia, ni tampoco el argumento de una distopía que nos aterra, pero que ve como algo imposible. La impunidad está habitando en este momento en España, ha ido escalando posiciones de forma vertiginosa”, ha denunciado. Feijóo ha aludido primero a la ley de amnistía argumentando que fue un “pago para lograr el poder y mantenerlo” en el que “se regalaron impunidades con el mismo desparpajo que antes se otorgaban patentes de corso o se establecían tribunales especiales para determinadas clases sociales”. Ahora, con la nueva ley del PSOE, el líder del PP cree que “se busca la impunidad para comportamientos irregulares que merecen investigación judicial e imputación de personas que tienen cercanía familiar, política o partidaria con el poder”. “Se impulsan reformas legales ad hoc y en ocasiones ad hominem contra todo aquello que dificulte la impunidad”, ha añadido. “Para fortalecer esa reforma se instiga al desprestigio de personas e instituciones que solo han cometido un pecado, que es cumplir con su deber y ser íntegro”, ha verbalizado en referencia a los jueces.
“España vive un proceso de erosión democrática sin precedentes en nuestra historia reciente: sin precedentes porque se ha lanzado con toda virulencia y sin precedentes porque se está lanzando desde el Gobierno”, ha lamentado Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP cree que el objetivo es “socavar los elementos que definen la calidad de una democracia: el parlamento, la alternancia, la oposición, la independencia de periodistas, de los medios de comunicación y de la justicia, a la que se cuestiona de forma constante y continua”.
“Recusaciones injustas a magistrados del Tribunal Constitucional”
Alberto Núñez Feijóo también ha aludido a la decisión del Tribunal Constitucional de apartar a José María Macías de las deliberaciones sobre la ley de amnistía. De hecho, la semana pasada el PP recurrió el auto del TC que extendía la recusación del magistrado al recurso de inconstitucional que presentó el PP y que fue admitido a trámite hace cuatro meses. Los populares piden su nulidad ante el “atropello al derecho de las partes personas a un proceso justo y equitativo” por parte del TC, según señalaron fuentes de Génova la semana pasada. Hoy, Feijóo se ha limitado a aludir a la decisión del PP de recurrir “recusaciones injustas”. En su recurso de súplica, los populares argumentaban que el Constitucional “ha vulnerado su derecho a efectuar alegaciones sobre la recusación del magistrado, como parte implicada en el procedimiento, y no ha respetado los principios de contradicción e igualdad de armas, generando su indefensión”.
“El Tribunal Constitucional ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido al extender a todas las causas su decisión de apartar a un magistrado sin dar audiencia a las partes en los demás procesos, que son al menos 21”, añadían las mismas voces. “Este auto evidencia que el Constitucional no se aplica a sí mismo ni siquiera los estándares que ha venido exigiendo a otros órganos jurisdiccionales, garantizados por el artículo 24 de la Constitución Española y consagrados por su propia doctrina y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. […] No vamos a permanecer quietos ante lo que entendemos es una vulneración de nuestros derechos fundamentales”, concluían. El gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, también recurrió la decisión del TC alegando que es una “decisión irregular y arbitraria” que “no respeta ningún procedimiento” y “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva”. “Se expulsa a los vocales que no están dispuestos a asumir un trágala”, esgrimió el portavoz del ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García.