El Partido Popular y el Gobierno de las Islas Canarias se alían en contra de la “fuerte presión migratoria”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente canario, Fernando Clavijo, han firmado este mediodía un documento con una hoja de ruta que incluye nueve líneas maestras y que ponen a disposición de la Moncloa. Muchos de ellos son los mismos que recogía el plan migratorio que presentó el PP en agosto. “Canarias no puede pagar la inexistencia de política migratoria del Gobierno”, ha afirmado Feijóo desde Santa Cruz de Tenerife. Entre otros asuntos, el documento, bajo el título Acuerdo para afrontar la crisis migratoria, reclama “garantizar que ninguna comunidad autónoma queda excluida de participar en el reparto” de menores extranjeros, exige el compromiso de que el Estado “sufrague los recursos extraordinarios” de las comunidades y reitera la demanda de que se convoque una Conferencia de Presidentes para abordar este asunto

Después de anunciar el acuerdo, Alberto Núñez Feijóo ha prometido que el PP “no dejará Canarias sola” ante la “política migratoria irresponsable” de Pedro Sánchez y ha asegurado que la “solidaridad interterritorial es incuestionable”. En la misma línea, Fernando Clavijo ha puesto de relieve que el acuerdo rubricado da un “paso de gigante” para acercarse la “solución del problema” y ha verbalizado la esperanza que el documento sirva para “desbloquear la situación”. La respuesta del Gobierno ha sido clara: “Es un acuerdo partidario, Coalición Canaria se suma a las tesis del PP, que también se ha sumado a las tesis de la ultraderecha”, ha afirmado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

“Garantizar que ninguna comunidad autónoma queda excluida de participar en el reparto”

El compromiso firmado por Feijóo y Clavijo reclama que se acuerden los criterios de reparto de menores extranjeros “sin imposiciones unilaterales del Gobierno” y garantizando que “ninguna comunidad autónoma queda excluida de participar en el reparto”, con una clara alusión  al posicionamiento de Junts, que se opone a que Catalunya esté incluida. De hecho, el documento reza que “no puede existir excepción en el reparto de los menores, ni tampoco podrán habilitarse excepciones si se produce un traspaso de competencias como el que el Gobierno pactó con el independentismo”.

Además, el PP y el gobierno canario piden “asegurar que los menores que vayan a ser trasladados a las comunidades autónomas lo son indubitadamente”, habilitar y poner a disposición de las comunidades las infraestructuras del Estado “en desuso o cerradas” para la “atención y alojamiento de las personas migrantes acogidas”, establecer los recursos que va a poner el Gobierno para que las comunidades puedan acoger a los menores no acompañados y concretar un fondo de contingencia desde su acogida hasta su emancipación.

 

El compromiso de que el Estado “sufrague los recursos extraordinarios” de las comunidades

El pacto entre el PP y el Gobierno de las Canarias también atañe al artículo 35 de La Ley de Extranjería, aunque en unos términos diferentes a la propuesta que impulsó el Gobierno con la voluntad de resolver la crisis migratoria. Se votó en julio y el rechazo del PP y de Junts imposibilitó que prosperara. Feijóo y Clavijo quieren que el Estado “asuma el compromiso financiero para sufragar los recursos extraordinarios de las comunidades cuya capacidad de asistencia está sobrepasada”, por encima del 100%. Concretamente, establecen que, hasta la capacidad del 100%, los recursos ordinarios serán financiados por las comunidades. A partir de aquí, cuando la capacidad de acogida se exceda entre el 100% y el 150%, los recursos los financiará el Gobierno en su totalidad desde la llegada hasta la emancipación y a partir del 150%, los recursos los habilitará y financiará el Gobierno, que también los gestionará con “lealtad institucional”, manteniéndolas “debidamente informadas y coordinándose con ellas en cuanto fuera necesario” y “procurando un reparto justo y proporcional por las distintas instalaciones de titularidad estatal distribuidas por el país”.

Además, Feijóo y Clavijo reiteran la petición de que Pedro Sánchez convoque de forma “urgente e inmediata” la Conferencia de Presidentes y que el Gobierno declare la “emergencia migratoria” con un triple objetivo: “permitir a las comunidades contratar recursos por urgencia”, “visibilizar ante la Unión Europea la dimensión de la crisis” y “activar los mecanismos disponibles para momentos extraordinarios”. También aboga por “intensificar la acción exterior del Gobierno para obtener mejores resultados” y por activar los mecanismos de la UE para hacer frente a la situación de emergencia migratoria, como solicitar el posible traslado de migrantes a otros Estados miembros a través del Mecanismo Voluntario de Solidaridad y el “pleno uso de fondos europeos y recursos financieros disponibles para el control fronterizo y la gestión de la inmigración”.

Asimismo, pide al Gobierno que exhiba una “unidad de acción interna” y “consensúe con las comunidades los criterios de la planificación migratoria”. “La descoordinación y la ineficacia aumentan cuando distintos responsables del Ejecutivo estatal convocan, se reúnen y parlamentan con los representantes de las comunidades autónomas, mostrando en múltiples ocasiones disparidad de criterios y de opiniones”, esgrimen.

Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio

Finalmente, frente al “descontrol migratorio”, el PP y el Gobierno de las Canarias plantean seis líneas de actuación para “atajar cuanto antes la raíz del problema” y con un objetivo prioritario: “implementar medidas que garanticen el control de las fronteras”. A partir de aquí, señalan la necesidad de mejorar el control policial en las fronteras, establecer un pasaporte en tránsito, dotar de más medios humanos y materiales a la Comisaría General de Extranjería, desplegar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los países de origen y tránsito para “desarticular las mafias a efectos de limitar los flujos”, solicitar que se despliegue Frontex y la Agencia Europea de Asilo y aumentar el personal para la tramitación de expedientes en las oficinas de asilo.