“Que las comunidades autónomas no pudieran presentar recursos de inconstitucionalidad sería de una arbitrariedad extraordinaria, solo comparable con la propia arbitrariedad de la amnistía”. Alberto Núñez Feijóo intenta poner la venda antes que la herida y lanza una especie de aviso al Tribunal Constitucional. Después de que el tribunal de garantías haya frenado la tramitación de los quince recursos presentados por las comunidades autónomas contra la amnistía con el objetivo de analizar si están legitimadas para recurrir una ley de naturaleza penal, el líder del PP ha defendido los recursos que han presentado los gobiernos y los parlamentos autonómicos y ha puesto en duda una futura decisión del TC. “Espero que no haya censura a las comunidades autónomas para que puedan ejercer sus derechos legítimos de representar al Estado y a los intereses de los ciudadanos de su comunidad”, ha afirmado después de visitar una escuela infantil en Alicante. En concreto, han presentado recursos contra la amnistía los once gobiernos autonómicos del PP, la Junta de Castilla-La Mancha (presidida por el socialista Emiliano García-Page) y tres parlamentos autonómicos.
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Alberto Núñez Feijóo justifica que los presidentes autonómicos “tienen que salvaguardar los intereses del Estado en su ámbito territorial” en tanto que “representantes ordinarios del Estado” (que es la expresión que figura en todos los estatutos). “Claro que afecta a las comunidades autónomas”, ha subrayado el líder del PP, que ha planteado dos argumentos más: la amnistía “atenta contra el derecho a la igualdad de los ciudadanos que viven en el conjunto de la comunidad y del Estado”, la Constitución “tiene prohibida la arbitrariedad de los poderes públicos”, a pesar de que, a su parecer, el Gobierno “ha aprobado un texto que va en contra de esos principios constitucionales básicos”.
Asimismo, Feijóo ha recordado que el PP (junto con ocho gobiernos autonómicos populares) ha pedido la recusación de Laura Díez. Ella es, justamente, la ponente del recurso de las Cortes de Aragón (que fue el primero en ser registrado) y, por lo tanto, será la encargada de presentar una propuesta sobre la admisión o no a trámite de los recursos de las autonomías, dado que la posición que apruebe el pleno en este caso será la cabecera de la cuestión. Los populares alegan que Díez, que fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica (un órgano directivo del Ministerio de la Presidencia) entre febrero de 2020 y mayo de 2022, tiene una “pública y notoria vinculación con el PSOE”, en palabras de Isabel Díaz Ayuso.
“No se ha suspendido nada” y “todo sigue su curso”
A pesar de las dudas que ha deslizado Alberto Núñez Feijóo, fuentes del TC consultadas por ElNacional.cat dejan claro que “no se ha suspendido nada” y que “todo sigue su curso”: lo que se está haciendo es “analizar una serie de requisitos” para admitir o no los recursos presentados en un proceso que, según las mismas voces, no tiene un calendario establecido. Los tempos dependerán de la ponente, que será quien decida cuándo quiere elevar la cuestión al pleno. Eso sí, las fuentes consultadas por ElNacional.cat dejan claro que el recurso que estudia Laura Diez será la “cabecera de la cuestión” y que, por lo tanto, la decisión que apruebe el pleno en este caso arrastrará el resto de recursos.
El TC duda sobre la admisión a trámite de los quince recursos de las comunidades autónomas porque no tiene claro que los gobiernos y los parlamentos autonómicos tengan capacidad de recurrir la ley de amnistía. Por un lado, el artículo 162 de la Constitución deja claro que “los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en tal caso, las asambleas de las mismas” están “legitimados” para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Por otro lado, la Ley Orgánica del Tribunal Constitución va un paso más allá y lo matiza: en el artículo 32, especifica que las autonomías pueden recurrir las leyes del Estado que “puedan afectar a su propio ámbito de autonomía”. Y la pregunta que ahora tiene que responder el Constitucional es si, como cree el PP, la ley de amnistía afecta al ámbito de autonomía de las comunidades autónomas.