“Más allá de filias y fobias”. El Partido Popular está decidido a seguir hurgando en la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. “El PP legisla y escribe en el BOE desde la oposición”, presumen fuentes próximas a Alberto Núñez Feijóo. Y después de acabar el año aliado con Junts y el PNV en el Congreso, en Génova no se desvían del camino. Y ahora ponen sobre la mesa las políticas de vivienda como tema que puede hacer confluir los populares, los juntaires y los jeltzales frente al PSOE. No es menor que la ley de vivienda española, aprobada en 2023, contó con la negativa férrea de Junts y el PNV, muy críticos con los postulados de la norma, y a nadie se le escapa que las complicidades ideológicas en esta materia confluyen más entre estos tres partidos que, por ejemplo, entre Junts-PNB y Podemos, Bildu o ERC. Sin ir más lejos, la regulación de los alquileres de temporada, abanderada por los partidos a la izquierda del PSOE, continúa atascada en el Congreso ante los recelos de Junts, que considera que la norma “empeoraría todavía más el acceso a la vivienda”. Discrepancias evidentes. Y el PP quiere sacarle provecho. Mientras tanto, Pedro Sánchez necesita con urgencia recoser la mayoría que permitió su investidura. Y en los próximos días y semanas tiene diferentes citas en el calendario que la pondrán a prueba: están en juego la iniciativa de Junts para emplazar al presidente español a someterse a una cuestión de confianza, la prórroga del impuesto a las energéticas (que previsiblemente se tumbará) y la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat. El PSOE tampoco lo tendrá fácil con la ley para combatir el lawfare que presentó el viernes: Junts ha anunciado que la vetará porque la considera “insuficiente”.
🔎 El giro del PP con Junts: de plantear la disolución a alcanzar acuerdos “satisfactorios”
El PP invita a Junts y al PNV a sumarse a sus iniciativas sobre vivienda
La línea de actuación del PP en materia de vivienda se está justo encauzando este fin de semana en Asturias. Alberto Núñez Feijóo está reunido con los presidentes autonómicos populares para analizar y acordar las propuestas. “Seguiremos unificando políticas ante la inacción del Gobierno, que está en sus propios problemas intentando salvarse de su situación agónica a nivel judicial y parlamentario”, señalan fuentes populares a ElNacional.cat. Y la vivienda es uno de los principales ejes que quiere abordar el PP, con el objetivo de “abrir la oferta y sacar más pisos al mercado”, así como caminar hacia una “esencial simplificación administrativa”. “Seguimos marcando el camino social”, añaden las mismas voces.
Dos de las principales vías serán las reformas de la ley de vivienda y de la ley del suelo. En el primer caso, los populares quieren “restablecer el equilibrio necesario entre inquilinos y propietarios” y “derogar los aspectos más lesivos” de la norma que impulsaron el PSOE, Podemos, ERC y Bildu en la pasada legislatura, como la intervención de precios en alquiler o las zonas de mercado tensionado, según verbalizó el viernes la secretaria genera del PP, Cuca Gamarra. En el segundo, apuestan por una norma que “facilite la salida de viviendas al mercado, favorezca un urbanismo ágil y eficaz y aporte seguridad jurídica”. Con todo ello, los populares arremeten contra una política de vivienda “nefasta” e “intervencionista” de Pedro Sánchez: “La única vivienda que le ha preocupado durante estos años ha sido la Moncloa y cómo mantenerla como su residencia al precio que fuera”, esgrimió Gamarra.
¿Y cómo aspira a conseguir luz verde en sus planes? El PP no esconde que su voluntad es reeditar la mayoría alternativa con Junts y el PNV (y el aval imprescindible de Vox). “Si hay grupos parlamentarios que están dispuestos a acordar con el PP medias fiscales o de vivienda que vienen a encausar la solución de este problema, vamos a explorar esas vias, faltaría más”, reivindicó el martes el portavoz del PP, Borja Sémper. “Se trata de solucionar los problemas de los españoles, no enfrascarnos en los problemas de los políticos”, verbalizó. Y reitero la “oferta clara” de los populares a “todos los grupos políticos” del Congreso, excepto Bildu: “Súmense y si tienen sugerencias que hacer, las analizaremos”. “Más allá de filias y fobias, lo que nos importa es la capacidad de los españoles para emprender proyectos de vida”, concluyó.
“El PP no será un partido arrinconado”, defendió el mismo Borja Sémper la semana pasada en una entrevista a Es Diario. “Que se olviden los que quieren el PP contra la pared, en una esquina del cuadrilátero”, añadió. Y la misma tesis compartía hace unos días el diputado Nacho Martín Blanco: “Cuando hay elementos de la vida política importantes en los que un partido puede coincidir con otro, siempre que no se ponga en duda el programa del PP y la Constitución, creo que es una buena coincidencia para España”, sostuvo en una entrevista en el Café de Ideas de TVE Catalunya. “Vamos a seguir exhibiendo músculo en los temas que preocupan a los ciudadanos con medidas concretas y reformas legislativas estudiadas”, subrayan fuentes de Génova consultadas por este medio. “Intentaremos que otros grupos se sumen a una propuesta que consideramos que es necesaria para solucionar los problemas de los españoles”, remachan las mismas voces.
Votaciones con medidas contra la okupación como camino
A lo largo de esta legislatura, ya ha habido dos votaciones relevantes que han puesto de manifiesto la alianza entre el PP, Junts y el PNV en materia de vivienda. La más reciente fue a mediados de octubre: Junts, el PP y Vox votaron a favor de una enmienda del PNV para agilizar los juicios en casos de ocupación de vivienda. En la votación, ERC y Bildu también lo apoyaron, pero posteriormente reconocieron que se habían equivocado. Por otra parte, el pasado mes de febrero, hace casi un año, el Senado debatió y avaló una ley impulsada por el PP para combatir la okupación. Entre otras cosas, la norma quiere establecer mecanismos para facilitar desalojos en 24 horas, impedir que los okupas se puedan empadronar en la vivienda ocupada e incrementar las penas. Se aprobó en la cámara alta con el voto a favor del PP (que tiene mayoría absoluta) y Vox y la abstención de Junts y el PNV. Esta aritmética hace preveer que podría recibir luz verde en el Congreso. Sin embargo, desde entonces ha quedado paralizada en la cámara baja y encadena 33 prórrogues del plazo de enmiendas. “Continúa en el congelador de Francina Armengol”, lamentan fuentes del PP a ElNacional.cat.
La Mesa evita posicionarse aún sobre la cuestión de confianza de Pedro Sánchez
En paralelo a todo esto, a Pedro Sánchez le urge recomponer la mayoría que permitió su investidura. De momento, una de las grandes patatas calientes que tiene el PSOE encima de la mesa es la proposición no de ley registrada por Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza después de constatar, en palabras de Carles Puigdemont, que “las cosas no van bien” y que el presidente español “sigue demostrando que no es de fiar”. “Ha llegado el momento o bien de un punto inflexión o bien de dejarlo correr”, advirtió el líder de Junts a principios de diciembre. Y su iniciativa lleva un mes congelada.
Inicialmente, fuentes socialistas aseguraban que la Mesa del Congreso vetaría la propuesta, pero los letrados avalaron la iniciativa y apuntaron que correspondía al órgano de gobierno de la cámara baja tomar una decisión y “fijar un criterio” para el futuro. La primera ocasión para pronunciarse fue el 17 de diciembre, pero la Mesa optó por aplazar el debate para “seguir estudiándolo”. La siguiente fecha que se había contemplado era el 7 de enero, pero esta semana la Mesa tampoco se ha reunido y mantiene el freno a la iniciativa de Junts. Ahora, según ha podido saber ElNacional.cat, el próximo hito en el calendario es el jueves 16 de enero, un momento en el que la Mesa podría emitir el veredicto definitivo. A pesar de esto, las fuentes consultadas por este medio no aseguran que ese día se debata la iniciativa de Junts.
Un año del acuerdo para delegar las competencias en inmigración a la Generalitat
Más deberes pendientes. El PSOE y Junts también hace tiempo que quieren sellar la delegación de las competencias en inmigración. Lo acordaron a principios del año pasado (el viernes se cumplieron tres años) a cambio del aval a los primeros tres decretos de la legislatura. Hace unas semanas, la voluntad de Junts era anunciar el acuerdo sobre la “gestión integral” de la inmigración antes de finales de 2024, con el texto concreto de la propuesta, pero la negociación todavía no ha llegado a buen puerto. “Ninguna negociación es fácil, pero estamos poniendo toda la carne en el asador para poder sacar los acuerdos parlamentarios”, reconoció el ministro Ángel Víctor Torres la semana pasada.
Y este retraso en las conversaciones tiene un efecto directo en los nuevos presupuestos españoles: hay que cerrar la carpeta de las competencias en inmigración antes de que el PSOE y Junts se sienten a hablar de las cuentas públicas de 2025. Hace tres días, María Jesús Montero mantenía la voluntad de presentar los presupuestos en el primer trimestre de 2025, pero reconocía abiertamente que todavía no había hablado con los juntaires sobre los presupuestos porque la negociación está centrada en la inmigración. “Todavía no hemos empezado a hablar de presupuestos porque eso es previo”, admitió la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.
La votación de la prórroga del impuesto a las energéticas
De momento, la votación en la que hay más sensibilidades en juego es la relativa a la prórroga del impuesto a las energéticas, que tiene muchos números de ser tumbada. La previsión del Congreso es convocar un pleno extraordinario el miércoles 22 de enero para debatir y convalidar los tres reales decretos ley que se aprobaron en el último Consejo de Ministros del 2024. Uno de ellos es el relativo al impuesto a las energéticas: es el compromiso que adquirió el PSOE primero con ERC, Bildu y el BNG y después con Podemos (a cambio también de una mesa de partidos que acabó naufragando) para lograr su apoyo al paquete fiscal. Ahora bien, para que sea convalidado tendrá que contar con el apoyo de Junts y el PNV, dos partidos que han mostrado sus reticencias y oposición. Su voto será decisivo. Y su negativa a avalarlo molestaría a Podemos, que ha erigido este impuesto en una de sus grandes demandas previas a los presupuestos españoles.
“No pondremos en riesgo los puestos de trabajo del Camp de Tarragona ni las inversiones estratégicas en Catalunya”, argumentaba Míriam Nogueras hace semanas, justo antes de que Junts se aliara con el PP para derogar el impuesto a las energéticas. Ahora, el decreto incluye deducciones para inversiones en transición ecológica y descarbonización para intentar seducir a los juntaires. Por su parte, el PNV ha insistido desde el primer momento que no aceptará un gravamen y ha instado la Moncloa a revisar el impuesto de sociedades. “No valen los parches, las cosas o se hacen bien o no se hacen”, lamentaban fuentes jeltzales después de la aprobación del decreto. “El gravamen a las energéticas va contra el corazón del autogobierno vasco”, añadían.
Bonus track: Sumar y Podemos recelan de la ley del PSOE para combatir el lawfare
Hay nuevo frente que se le abre al PSOE: la ley que presentó el viernes para combatir el lawfare y las acciones judiciales abusiva. A última hora, Junts anunció que presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo al texto de los socialistas alegando que la propuesta es “insuficiente, limitada, no soluciona el problema estructural y se aleja de una verdadera regeneración democrática”. “Si los socialistas hubieran actuado antes y no hubieran mirado hacia otro lado cuando el lawfare afectaba a los independentistas, la dictadura de las togas no seguiría actuando impunemente”, lamentaban fuentes juntaires. De momento, antes de poder presentar una enmienda a la totalidad, la iniciativa deberá ser tomada en consideración en una primera votación en el Congreso.
Mientras, fuentes del Ministerio de Cultura (que capitalizó la negociación entre el PSOE y Sumar para el plan ‘anti-fango’) lamentan que la derogación de los artículos del Código Penal que afectan a la libertad de expresión es “incompleta” y “no corresponde” a lo que acordaron los dos socios, que incluía la derogación de los delitos de injuria contra altas instituciones del Estado y de los delitos de injurias y calumnias en la Corona. Además, recuerdan se está tramitando una ley de Sumar en esta línea y apelan el PSOE a “blindar la libertad de expresión” con una “reforma completa” del Código Penal. Por su parte, Podemos lamenta la “falta de ambición” del PSOE y considera que su iniciativa es “ineficaz” y “no pondrá remedio al error de entregarle el control de los jueces al PP”. “Mientras no se corrija esto, el resto de reformas caerán en saco roto”, remachan fuentes de la formación morada. Desde Bildu, se limitan a señalar a ElNacional.cat que, de momento, lo ven “con buenos ojos”. Consultados por este medio, ERC y el PNV han evitado hacer una valoración.