El Partido Popular ya ha hecho la primera lectura de la ley de vivienda que este viernes Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu han pactado con el PSOE y Unidas Podemos, uno de los grandes hitos que tenía pendiente el gobierno de coalición. Alberto Núñez Feijóo ha demonizado las alianzas que han permitido sacar adelante la norma después de meses de negociaciones en el Congreso de los Diputados. "Nos sorprende que los partidos independentistas señalen la política de vivienda del conjunto de España cuando ellos no quieren formar parte de la nación", ha subrayado Núñez Feijóo, que ha argumentado que los acuerdos con independentistas son a consecuencia de la "debilidad del gobierno de Pedro Sánchez".
Desde Donostia, el líder del PP ha advertido del riesgo que haya menos pisos de alquiler y suban los precios. En otras palabras, ha vaticinado que la ley para regular el mercado inmobiliario "puede comportar una disminución de la oferta y conllevar al final del periodo en un incremento de los precios del alquiler". A su entender, "en estas condiciones", "los propietarios pueden decidir no alquilar las viviendas y, si no las alquilan, suben automáticamente los precios y disminuye la oferta".
El plan de Feijóo con la vivienda
Como contraposición, Feijóo ha anunciado que su partido presentará una oferta para crear "una política pública para las rentas bajas y jóvenes". "Crearemos empleo haciendo vivienda a un precio tasado y con un alquiler tasado". En los próximos días darán a conocer un proyecto alternativo con una lista de propuestas para "afrontar el problema de la vivienda" y que formará parte del programa de gobierno con el que quiere concurrir a las elecciones generales de finales de año.
Además, el partido conservador también propondrá medidas para conseguir "desocupar viviendas en menos de 24 horas". Según ha explicado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, "al okupa se le desaloja. Desde Santander, Gamarra ha detallado que incluirán iniciativas para que los cuerpos y fuerzas policiales tengan "instrumentos" para hacer efectivas las desocupaciones en menos de un día.
A la espera del recurso al Tribunal Constitucional
A pesar de que el alcance de la regulación de los alquileres en las zonas tensionas y los nuevos contratos dependerán en última instancia de las comunidades autónomas, las regiones gobernadas por el PP están dispuestas a plantar batalla y abrir un nuevo frente contra el gobierno central. La convicción de la cúpula del partido es que la normativa "invade competencias" que corresponden a las autonomías y, por eso, les ha delegado la responsabilidad de judicializar el texto.
En este punto, Isabel Díaz Ayuso, ferviente opositora a Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) si la ley "ataca las competencias de las comunidades autónomas". "No vamos a permitir empobrecer masivamente toda España", ha advertido al presidente español, a quien ha acusado de "blanquear el entorno político de ETA, que hoy decidirá en España como será la vivienda de todos". Igual que Ayuso, el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, y el murciano, Fernando López Miras, también meditan seguir los pasos de la madrileña.