Felipe VI ha exigido el respecto a la independencia del Poder Judicial y "de cada juez", además de las "resoluciones judiciales", para garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la democracia, en su discurso durante la entrega de despachos a los 160 nuevos jueces (119 mujeres y 41 hombres), que forman la 72.ª promoción de la carrera judicial, este miércoles en el Auditori del Fòrum de Barcelona. En su discurso, el rey ha insistido en que "el Poder Judicial tiene que estar separado del resto de poderes", lo que se ha interpretado claramente como una advertencia al Gobierno del PSOE y a los partidos independentistas catalanes, que han acusado abiertamente a algunos jueces de lawfare, como es el caso del magistrado Manuel García-Castellón con la causa de Tsunami Democràtic.
La ley de amnistía para el procés, que ahora vuelve a negociarse en el Congreso de los Diputados, también ha sobrevolado el discurso real cuando Felipe VI ha insistido a los jueces en que cumplan el principio de "la igualdad de todos ante la ley" y en que "no debe impulsarse ningún interés particular, sino el interés general", lo que claramente puede interpretarse como la amnistía que puede beneficiar al president en el exilio Carles Puigdemont. En su defensa de la Constitución, el rey ha citado al abogado Miquel Roca, "uno de los padres de la Constitución", presente en el acto. Además, ha honrado a los guardias civiles "asesinados" en Cádiz.
Catalunya, la mayoría
Un año más, la mayoría de los jueces, un total de 44, irán destinados a Catalunya, ya que se mantiene líder en vacantes en los juzgados, básicamente por motivos económicos y por falta de vocación. Con todo, esta cifra queda lejos del centenar de jueces que reclamó la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, para hacer funcionar correctamente los juzgados catalanes. El presidente del TJSC, Jesús María Barrientos, también ha reclamado, sin éxito, un complemento económico para los jueces que trabajan en Catalunya, ante el elevado trabajo y donde la mayoría de jurisdicciones superan los baremos fijados por el Poder Judicial. Además, en esta promoción hay 14 jueces que viven en Catalunya, el doble que en la promoción del año pasado.
Degradación de la institución
En el acto, en el Auditori del Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, también han intervenido el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez. Han asistido el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay —en nombre del Ajuntament de Barcelona—; la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart; así como vocales del CGPJ, miembros de la sala de gobierno del Tribunal Supremo y los presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades.
En su intervención, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha asegurado a los nuevos jueces que su función como jueces y juezas "nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales". Guilarte ha añadido que el órgano de gobierno de los jueces "se mantendrá vigilante ante cualquier ataque a vuestra independencia, provenga de donde provenga, y actuará siempre en defensa de esta". Además, ha exigido a los políticos reparar "la degradación de la institución", y que acuerden la renovación del CGPJ, que tiene el mandato caducado desde hace cinco años.
Sin juristas en la familia
El Poder Judicial detalla que el perfil de los integrantes de la 72.ª promoción es el de una mujer (representan el 74,37% del total) con una edad media de 28 años (los más jóvenes tenían 24 y el mayor, 39), que ha tardado cinco años en preparar y aprobar la oposición y que no procede de una familia de juristas, según los resultados de una encuesta realizada a su ingreso en la Escuela Judicial en 2022. En concreto, un 21,29% tiene algún familiar que ejerce una profesión jurídica distinta a la de juez o magistrado, y solo el 4,52% tiene en su familia a un miembro de la carrera judicial.
Solo un 30% ha trabajado
Se detalla que en la etapa de preparación de la oposición, la práctica totalidad de los alumnos de la promoción (98,71%) contó con el apoyo económico de sus padres. Además, solo un 30% de los nuevos jueces ha trabajado con anterioridad, y de estos, dos de cada tres lo han hecho en un sector ajeno al ámbito jurídico. El 64,52% del total no ha trabajado antes.
Además, Andalucía vuelve a ser el origen de la mayoría de jueces (33), seguida por Castilla y León y la Comunidad de Madrid (18 cada una), el País Valencià (16), Catalunya (14), Galicia (13), Aragón (11), Asturias (9), Cantabria (6), Canarias, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Navarra y País Vasco (4 cada una) y Balears y Extremadura (1 cada una).
Se añade que entre los motivos que los llevaron a escoger esta profesión destacan especialmente su "pasión por el Derecho" (el 73% se mostró muy de acuerdo con esta afirmación), la independencia e imparcialidad de su función (73%), la función de los jueces como garantes de los derechos fundamentales (71%) y la contribución a un servicio público (66%).
Finalmente, se afirma que la mitad de los nuevos jueces y juezas (50%) escogió la profesión para contribuir a la lucha contra la delincuencia. El ámbito penal vuelve a ser el más atractivo para los nuevos jueces y juezas —el 28% querrían ejercer en este orden jurisdiccional en el futuro—, seguido de Violencia sobre la Mujer y Familia (13,79% cada una), Menores (13,56%), Civil (12,64%), Vigilancia Penitenciaria (5,52%), Contencioso-Administrativo (4,83%), Mercantil (4,60%), y Social (3,22%).