El Gobierno, ahora con el PSOE al frente, vuelve a aliarse con el Tribunal Constitucional. Pedro Sánchez ha decidido impugnar el acuerdo de la Mesa del Parlament para tramitar la Iniciativa Legislativa Popular para declarar la independencia y pide la suspensión de la tramitación de manera inmediata. Es una facultad que la ley da al Gobierno cuando recurre iniciativas autonómicas al Alto Tribunal y que se produce cuando el TC admite a trámite el recurso. Para Félix Bolaños, esta maniobra es “absolutamente coherente” con la política que está impulsando el Gobierno, marcada por la ley de amnistía y la negociación en múltiples frentes con Junts y ERC. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha esgrimido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el recurso quiere actuar contra una iniciativa que considera que es “divisiva”, “fractura la sociedad” y “genera tensión y fractura social y política”. Bolaños ha argumentado que esta maniobra protege la Constitución, que es “el marco de diálogo y de convivencia”, protege el Estatut d’Autonomia y el autogobierno de Catalunya, que están regulados por normas que la ILP “tiraría abajo”, y protege “el diálogo, los acuerdos y la capacidad de entenderse”.
Se trata de una ILP impulsada por Solidaritat Catalana per la Independència, un partido que ha anunciado que se presenta a las elecciones del 12-M, y que pide declarar la independencia de Catalunya. La Mesa del Parlament la admitió a trámite hace un mes con tres votos favorables (los dos de Junts per Catalunya y el de la CUP), una abstención de ERC y dos votos en contra (del PSC). Después de ser aceptada, la iniciativa tenía que pasar el proceso de validación por la comisión de control de la ILP y, a partir de entonces, habría tenido un plazo de 120 días hábiles para recoger las 50.000 firmas necesarias para empezar el debate parlamentario. Asimismo, Vox y Ciutadans anunciaron que emprenderían acciones legales contra la Mesa por haber admitido a trámite esta iniciativa, que contaba con un informe desfavorable sobre su admisibilidad (de carácter consultivo) del secretario de la comisión de control de la ILP, Xavier Muro.
Bolaños reivindica que “la defensa de la Constitución” es la “mejor garantía” para la convivencia
Además, el ministro Félix Bolaños ha reiterado que el Gobierno no apuesta ni por “ninguna política aislacionista” ni por “el aislamiento de Catalunya con respecto a España y al resto de Europa”, sino que quiere que Catalunya sea “parte esencial de España y de la Unión Europea”. “La defensa de la Constitución, del Estatuto y de las instituciones de autogobierno son la mejor garantía para la convivencia en Catalunya y de Catalunya con el resto de España”.
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Esta decisión del Consejo de Ministros se suma al recurso que presentó el PSC la semana pasada. Los socialistas votaron en contra de admitirla a trámite en la Mesa del Parlament y presentaron una petición de reconsideración a la Mesa, que se rechazó. Ahora bien, el recurso del grupo parlamentario encabezado por Salvador Illa no tenía la capacidad de parar el camino parlamentario de la iniciativa, cosa que sí que pasa si el paso lo da la Moncloa.
El Govern reprocha el electoralismo de Pedro Sánchez
Justo casi en el mismo momento, desde la plaza Sant Jaume, la portavoz del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha lanzado al Gobierno que “no ha aprendido demasiado o nada” y acude al TC para intentar “coartar el debate parlamentario”, cosa que “nunca será una buena solución”. “Están pensando en la campaña del 12-M y necesitan sobreactuar contra el independentismo por intereses electorales”, ha proclamado.