En un país democrático, el uso de la fuerza es un monopolio que sólo tiene el Estado. Este tiene la potestad de sancionar o coartar la libertad de los individuos, actuando de acuerdo con las reglas comprendidas en la legalidad y sólo ante casos de vulneración a la ley. Dentro de ese entramado, un ministro del Interior, como Jorge Fernández, actúa de jefe último de los cuerpos de seguridad, los cuales están vigilados y controlados para evitar las arbitrariedades del poder. Pero cuando este poder se ha desdibujado, la propia Policía y Guardia Civil también han salido en defensa de los derechos de los ciudadanos por los que velan, como ha pasado por última vez este miércoles.

El escándalo sobre las conspiraciones del ministro en funciones en torno a los partidos independentistas CDC y ERC ha llevado al Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a pedir mediante una carta la dimisión del titular de Interior. "Utilización de recursos de Estado con fines partidistas, absolutamente inadmisible en democracia" es la forma con que estas dos instituciones tachan las acciones ocurridas. SUP y AUGC, que son las organizaciones profesionales mayoritarias con 60.000 afiliados, continúan la misiva indicando que el cese supondría "un repugnante remate a una gestión marcada por la prepotencia", como argumentan.

Sin embargo, la senda de veces en que los sindicatos de los cuerpos de seguridad españoles han pedido la renuncia del ministro, o se han enfrentado con la gestión de su administración, tiene un largo recorrido. Esta tendencia contrasta con lo que tradicionalmente había sido la valoración sobre la figura de los titulares de Interior, que según el CIS, ha llegado ha situarse muy por debajo del aprobado con 2'47 puntos con Fernández Díaz. 

"Incapaz de cerrar tensiones"

Tras los atentados de Charlie Hebdo de París en 2015, varias patrullas de la Guardia Civil en la frontera de Huesca con Francia recibieron órdenes –por escrito– de espiar el trabajo de la Policía que operaba en la zona. Los primeros tenían la misión de comprobar los controles fronterizos que llevaban a cabo los segundos, a qué horas se realizaban y los fines que perseguían con las inspecciones. La benemérita indicó que la policía "se extralimitaba" en sus funciones, pero según explicaron los protagonistas entonces, el gesto trasciende más allá del hecho concreto y se remonta a la "guerra soterrada" entre Policía y Guardia Civil.

AUGC y el SUP señalaron el motivo de las tensiones en descoordinaciones del ministerio y que éste era "incapaz de cerrar". El propio representante en Aragón de AUGC, Juan José García Calvo, lamentó la orden de vigilar a sus compañeros, por la cual pidieron una investigación. "Este tipo de instrucciones sólo demuestran que estamos ante un modelo policial fracasado que hace aguas por todos los lados. No tiene sentido potenciar una mal entendida rivalidad que sólo perjudica a nuestro trabajo y, por extensión, a los ciudadanos", dijo en unas declaraciones al diario VozPópuli.

Medallas al mérito

La batalla de los cuerpos de seguridad con el ministro crece conforme se analiza la hemeroteca. Desde su llegada al ministerio, Fernández Díaz ha repartido en dos ocasiones la medalla al mérito policial, la máxima distinción del cuerpo, en medio de polémicas y disconformidades. La asociación Europa Laica denunció el año 2014 la concesión a la Virgen de Nuestra María Santísima del Amor, considerándola una decisión "arbitraria e irracional", en tanto que no consistía es una personalidad jurídica y el galardón habitualmente se da a entes o personas que sí lo son.

El caso llegó hasta la Audiencia Nacional, donde se resolvió procedente la cesión, pues la distinción no era a la Virgen en sí, sino a la Cofradía. El propio Ministerio había alegado entonces que la decisión se remontaba al pasado. "La vinculación histórica entre la policía y la cofradía se remonta, al menos, al 14 de junio de 1938, fecha en que la Orden General del llamado entonces Ministerio Público atestiguaba el nombramiento como Hermano Mayor Honorario de la Cofradía al Cuerpo de Investigación y Vigilancia, a uno de los antecesores del actual Cuerpo Nacional de Policía" indicaron desde la administración.

La polémica reapareció con intensidad cuando se cedió la distinción de Comisario Honorario de la Policía a Francisco Marhuenda, director del diario La Razón por los "servicios destacados a favor de la policía". El Tribunal Supremo admitió a trámite la querella del Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra Fernández Díaz por un presunto delito de prevaricación. Los denunciantes indicaron que había habido arbitrariedad en el gesto y la persona galardonada no contaba con "los méritos" para serlo.

Célula yihadista

El último escándalo sobre Catalunya se había producido a mediados de 2015. Los Mossos d'Esquadra denunciaron a la Policía Nacional por alertar a una célula yihadista en Sabadell que la policía catalana estaba investigando el grupo. El chivatazo habría sido presenciado por uno de los mozos infiltrados y más tarde Fernández Díaz dio credibilidad a la denuncia de la policía catalana. Sin embargo, las palabras del ministro no fueron conciliadoras entre las partes implicadas. "La lucha antiterrorista no se puede dejar en manos de quienes no tiene el más mínimo sentido del Estado. Prefiero no hacer calificaciones de qué me merece esto, que ya conocía y que no tiene ningún recorrido judicial ni fundamento", indicó sobre la querella.

Encuentro con Rato

La más reciente de las polémicas que fue acompañada de peticiones de cese se produjo en 2015, cuando el 29 de julio se reunió en su despacho con el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, investigado por blanqueo de dinero y por su gestión al frente de Bankia. Pero tras el escándalo sobre las conspiraciones para fabricar informes contra ERC y CDC, la presión ha redoblado también por el lado de la sociedad civil y los partidos. Ya no están solos los sindicatos en esta ocasión.