El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presentado una solicitud al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, solicitando la anulación del acto de apertura de juicio oral en relación con la operación Kitchen. En un escrito recogido por Europa Press, la defensa de Fernández Díaz alega la presencia de un "error" técnico por parte del magistrado, argumentando que este acto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, causando "indefensión material" al exministro.
La defensa del exministro sostiene que el acto del juez García-Castellón incluyó delitos con penas de prisión superiores a los nueve años, específicamente haciendo referencia a los delitos de organización criminal y secuestro, sin aviso ni interrogatorio al acusado. "Delitos incluidos sorprendentemente en el acto de apertura de juicio oral y de cuya imputación no fue informado ni interrogado el señor Fernández Díaz", señala su abogado, refiriéndose a estos delitos. En este contexto, el abogado afirma que la única manera de enmendar este error y evitar la indefensión de su cliente es "declarar la nulidad del acto" para emitir uno nuevo que excluya la apertura de juicio oral con respecto a los delitos cuyas penas superen los 9 años de privación de libertad.
Fue el pasado 13 de octubre cuando el juez acordó la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula del Ministerio por la denominada Operación Kitchen, el operativo parapolicial puesto en marcha con el objetivo de sustraer al extesorero del PP, Luis Bárcenas, material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel. En un acto de 24 páginas, el magistrado rechazó por "extemporánea" la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la estableció, de manera subsidiaria, por la Administración General del Estado en caso de que los investigados resultaran condenados.
La resolución del juez incluía todos los delitos planteados por las acusaciones y que contemplan delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, soborno, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añadían los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros.