Casi todos los grupos ya se han pronunciado en contra de la reforma del reglamento que los letrados han propuesto y que, entre muchas otras cosas, pasa por la supresión del artículo 25.4, que obliga a los diputados a renunciar al acta cuando se les abre un juicio oral por corrupción y que podría proteger a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ante la causa abierta en el TSJC. Ahora bien, el PP catalán ha ido un poco más allá pidiendo, directamente, su dimisión.
El líder de los populares, Alejandro Fernández, ha afirmado que Borràs "tendría que dejar inmediatamente el cargo ya que no se ajusta al propio listón ético que los partidos separatistas se habían marcado".
Fernández ha recordado que el artículo que pretenden modificar, es un artículo del reglamento que los mismos partidos independentistas aprobaron el año 2017 "para intentar dar lecciones a los otros y dar a entender que el Parlament de Catalunya luchaba más que ningún otro contra la corrupción, cuando es evidente que hasta que no hay una condena una persona no pierde el cargo público".
Así pues, el presidente del PPC ha destacado que han mantenido este criterio "hasta que les ha tocado a ellos, ya que ahora es Laura Borràs la que será juzgada, casi con toda seguridad, por corrupción". Fernández ha lamentado que "una vez más los partidos separatistas vuelven a desprestigiar las instituciones".
El documento de los servicios jurídicos de la cámara, avanzado por El Periódico, propone eliminar este punto porque "no tiene ningún precedente ni referente" en el derecho parlamentario de la cámara, y porque "contempla una causa de suspensión del ejercicio de un derecho fundamental que presenta serias dudas de constitucionalidad con respecto a la presunción de inocencia".
El resto, en contra
También se han posicionado en contra de esta reforma concreta los grupos del PSC, Vox, En Comú Podem y Ciutadans. Los cuatro han coincidido en apuntar que se trata de una modificación "a la carta" para proteger a Borràs ante la causa contra ella por el presunto fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.
Aunque más discretamente, ERC y la CUP también han aclarado que no ven con buenos ojos este movimiento. De hecho, fueron los mismos anticapitalistas los que propusieron añadir este punto al reglamento de la Cámara. En cualquier caso, fuentes parlamentarias han aclarado que son los grupos los que tienen que impulsar una iniciativa como esta y posicionarse, y no la Mesa.