El juicio por los cuatro acusados de desórdenes públicos ante la Guardia Civil de Manresa, en el marco de la Marxa per la Llibertat, en 2019, se celebrará en la Audiencia Provincial a finales de enero del 2024, es decir, más de cuatro años después de los hechos. El grupo de apoyo Bagencs per la Llibertat denuncia la "injustificable" dilatación del juicio y lo califican de despropósito: "Están inmersos en un proceso judicial desde 2019, a la expectativa de cuál será el resultado. Con la vida en un paréntesis", subraya Eva Pous, abogada de uno de los acusados. Aparte de desórdenes públicos, también se les acusa de daños y atentado contra la autoridad y la fiscalía pide para ellos entre 7 y 10 años y medio de prisión. La Generalitat mantiene la acusación por los mismos delitos.
La Generalitat mantiene su acusación
Los cuatro acusados son de Navarcles, Sant Vicenç de Castellet y Navàs. Ninguno de ellos tiene antecedentes policiales y, en el momento de los hechos, tenían entre 18 y 30 años. Para Eva Pous, abogada de uno de los acusados, hechos como este demuestran que lo que se intenta es "perseguir la disidencia, perseguir el derecho a manifestación e intentar meter miedo a la población". Aparte de la dilatación del proceso, el grupo Bagencs per la Llibertat considera que la identificación de los cuatro acusados se hizo de forma "totalmente gratuita y aleatoria" y aseguran que no hay ninguna prueba que los incrimine más allá del atestado policial. También califican de "despropósito" la petición de penas de la Fiscalía, que va de los 7 a los 10 años y medio de prisión.
Por su parte, la Generalitat mantiene la acusación para los cuatro acusados y les pide penas de 2 años y 3 meses de prisión, y unas multas de más de 6.000 euros de responsabilidad civil colectiva, y más de 12.000 euros para cada uno. De manera que, en este caso y según denuncia Pous, la Generalitat "sigue incumpliendo el acuerdo con la CUP de no ser acusación en movimientos populares".
Más independentistas condenados por manifestaciones
Si estos hechos del 2019 se acabarán juzgando en 2024, esta misma semana se ha dictado la sentencia de los 7 del 30-G, acusados de atentado contra la autoridad en la investidura fallida de Carles Puigdemont como president de la Generalitat, el 30 de enero de 2018. Es decir, también con 5 años de diferencia. En su caso, uno de los acusados quedó absuelto y los otros cinco fueron condenados a penas de prisión de entre cinco meses y un año de prisión por atentado contra la autoridad. En su caso, sin embargo, la Generalitat se retiró del procedimiento, haciendo que el juicio se retrasara casi un año. El abogado de la Generalitat explicó entonces que retiraban la acusación por orden de la Conselleria de Interior, que estaba personada en representación de los agentes que denunciaron lesiones: "El criterio determinante de nuestra actuación era la existencia de lesiones y en este momento no se puede determinar la autoría".