Finlandia hace pública la crítica. El ministro de Asuntos Europeos finés, Anders Adlercreutz, ha lamentado este miércoles las formas como el Gobierno ha hecho llegar la nueva propuesta para la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la Unión Europea. El Consejo de Asuntos Generales se ha reunido esta mañana para debatir nuevamente esta cuestión, pero lo hace sin muchas esperanzas de que haya novedades, tras el último error del equipo de José Manuel Albares. El estado español hizo llegar una nueva "propuesta adaptada" sobre la oficialidad de las tres llengues a los otros 26 estados miembros de la UE. Pero lo compartió este lunes por la noche —solo un día y medio antes de celebrarse la reunión— y en castellano, dificultando su análisis para muchos de los actores implicados.

Así se ha expresado esta mañana Anders Adlercreutz, en un contacto con los medios de comunicación antes de asistir al Consejo de Asuntos Generales. "Recibimos la propuesta española sobre esta cuestión el lunes por la noche y en castellano. No hemos tenido tiempo de mirarla", ha lamentado el ministro finlandés. Precisamente, Finlandia era uno de los países —junto con Suecia, Letonia y Lituania— que habían manifestado públicamente sus recelos a incorporar el catalán en la UE.

Este mismo martes, varias delegaciones habían mostrado ya su malestar porque la nueva propuesta del Gobierno sobre la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego se había mandado "por correo electrónico" y en un idioma, el castellano, que era "inservible para la mayoría de nosotros". Otras delegaciones lamentaban que la nueva propuesta no incluyera "demasiadas novedades" y que no especificara el impacto legal y financiero de la iniciativa, tal como habían pedido desde el inicio la mayoría de países. "Entre esto y que se nos ha hecho llegar el texto en castellano y tarde, no es una cuestión que pueda ser considerada seriamente el miércoles por parte de los ministros", subrayaban fuentes de algunas delegaciones. El ministro español José Manuel Albares ya había expresado que el informe de la Comisión Europea sobre el impacto legal y financiero de la iniciativa tardaría "dos o tres meses" en llegar.

Más allá de este lamento, el ministro finlandés ha explicado que durante la reunión habrá "una discusión corta" sobre esta cuestión. "Espero poder escuchar la posición de la presidencia española", ha añadido durante el contacto previo con la prensa. Por su parte, la ministra de Asuntos Europeos de Suecia, Jessika Roswall, también ha explicado que su gobierno no ha adoptado una posición novedosa, remarcando que todavía deben estudiar esta cuestión desde un punto de vista legal y económico". En cambio, el ministro de estado de Asuntos Europeos de Irlanda, Peter Burke, ha declarado que esperaba recibir una "actualización" con respecto al progreso de la propuesta para oficializar el catalán en la reunión de hoy, subrayando la posición favorable de su país. "Hemos sido muy claros en Irlanda sobre el multilingüismo y sobre permitir que los ciudadanos puedan recibir el mejor acceso posible a las instituciones europeas".

La propuesta española: seis condicionantes

En todo caso, la propuesta presentada por la parte española busca asegurarse el apoyo de aquellos estados miembros que puedan tener reticencias sobre el hecho de que la oficialización del catalán inicie un efecto dominó que acabe con la inclusión de otras lenguas minoritarias en la Unión Europea. La iniciativa añadiría un anexo al Reglamento 1 del Consejo de la Unión Europea, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea, y establecería seis condiciones esenciales para que cualquier lengua pudiera incluirse a posteriori: ser originarias de un estado miembro, contar con reconocimiento constitucional en un estado miembro, ser lenguas de trabajo en el parlamento nacional de un estado miembro, haberse utilizado durante un plazo de más diez años en las instituciones de la Unión sobre la base de acuerdos administrativos entre las instituciones mencionadas y un estado miembro, haberse depositado en los archivos del Consejo una copia certificada de las traducciones de los tratados en esas lenguas de acuerdo con el artículo 55.2 del Tratado de la Unión Europea, y que el estado miembro que haya solicitado el reconocimiento como lengua oficial y de trabajo de las instituciones de la Unión se comprometa a asumir todos los costs derivados de su utilización en las instituciones de la Unión.