El fiscal del juicio del 1-O Javier Zaragoza se ha visto obligado a presentar la renuncia "irrevocable" al cargo de delegado de la fiscal general para la lucha contra el tráfico de drogas, que le otorgó Dolores Delgado el pasado 15 de febrero, ante la fuerte contestación interna que esta actuación ha generado, según informa El Español.
La delegación que hizo la fiscal general, exministra del PSOE, ha sido además recurrida por la mayoritaria Asociación de Fiscales ante el Tribunal Supremo.
Según las mismas fuentes, en la carrera judicial cada vez son más generalizadas las críticas a Dolores Delgado por una política de nombramientos consistente a "colocar a sus amigos" en sitios de confianza, y vaciando simultáneamente de facultades a los que no considera de su círculo.
Javier Zaragoza afirma en la carta de renuncia que cuándo la fiscal general le propuso la delegación en el Campo de Gibraltar "la acepté con el convencimiento de que, lejos de generar polémica, podría ejercer con espíritu constructivo e integrador los trabajos de refuerzo que me eran encomendados, siempre con el exclusivo propósito de colaborar lealmente con los órganos del ministerio fiscal encargados de estos trabajos y contribuir a mejorar la calidad de la respuesta legal ante el problema que representa el narcotráfico organizado en el Campo de Gibraltar".
"Hace escasos días", añade, "he conocido que la Asociación de Fiscales ha anunciado su intención de recurrir el decreto [de delegación firmado por Dolores Delgado] ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Es evidente que llevar a los tribunales mi nombramiento, con el inconveniente añadido de colocar bajo el foco no sólo la estructura y funcionamiento interno del Ministerio Público, sino también, con respecto a mí, una trayectoria profesional de 40 años al servicio del ministerio fiscal en responsabilidades especialmente relevantes, no es el mejor escenario para poder ejercer con eficacia el cometido que me ha sido encargado".
"Creo sinceramente que, en estas circunstancias, con un nombramiento cuestionado internamente y recurrido ante los tribunales, cumplir con esta dignísima función nos parece una tarea especialmente complicada", añade.
Javier Zaragoza aseguró en el 2019 en el semanario marroquí L'Observateur de Maroc et d'Afrique que el procés catalán y el referéndum del primero de octubre de 2017 ha sido más perjudicial que el intento de golpe de estado que perpetró la Guardia Civil encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981.
Ante la pregunta de sí existen similitudes y diferencias entre el referéndum que llevó a la proclamación de la independencia de Catalunya y el intento de golpe de estado militar del año 81, el fiscal manifestó que los efectos han sido peores en el caso del procés catalán: "En 1981, después del intento golpista la democracia salió fortalecida; en el caso catalán, hay efectos devastadores".
Además, Zaragoza trató de justificar que hubo violencia en el procés -sí que la hubo claramente el 23-F, con agentes de la Guardia Civil disparando las armas en el Congreso de los Diputados- aunque la sentencia no le ha dado la razón, al descartar que hubiera delito de rebelión: "En el concepto de violencia se incluye no sólo la violencia física, sino también la violencia compulsiva o intimidatoria". Y añadió: "Para que exista el delito de rebelión no es necesario que se utilicen armas, se utilice fuerza armada o se cometan actos de violencia grave, porque la concurrencia de estas circunstancias determina un agravamiento de los hechos".