Emilio Sánchez Ulled, que fue fiscal en la causa sobre el 9N y en el caso Palau, será el nuevo fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública. El fiscal de Sala es la primera categoría de la Carrera Fiscal equiparada a la de magistrado del Alto Tribunal. Y la Fiscalía de delitos contra la Administración Pública se creó hace unos meses en el marco del Plan de Regeneración Democrática impulsado por Pedro Sánchez en septiembre de 2024 como respuesta a los cinco días de reflexión que se tomó después de que empezara la investigación contra Begoña Gómez. Uno de los delitos que se enmarcan en esta área es el de revelación de secretos, por el que el fiscal general del Estado está siendo investigado por el Tribunal Supremo. Sánchez Ulled podrá fijar las directrices para “coordinar las actuaciones de los fiscales especialistas en todo el territorio” y “unificar los criterios de actuación”. Ahora bien, fuentes fiscales consultadas por ElNacional.cat esgrimen que su intervención en la causa del Supremo será “nula” y recuerdan que Álvaro García Ortiz se abstuvo del caso como fiscal general y, por lo tanto, “no va a dar ninguna instrucción” y “ningún fiscal le dará cuenta de lo que hace”. La causa la continuará llevando la teniente fiscal del Supremo y su mano derecha, María Ángeles Sánchez Conde.
El fiscal general del Estado ha propuesto el nombramiento de Emilio Sánchez Ulled en la reunión de hoy del Consejo Fiscal y ahora tendrá que ser ratificado por el Consejo de Ministros. Sin embargo, ha chocado con la férrea negativa de la mayoría del órgano. El Consejo Fiscal está formado por doce miembros y siete de ellos, los pertenecientes a la Asociación de Fiscales (la mayoritaria y conservadora) y la de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se han negado a participar en la deliberación y la votación. Por lo tanto, Álvaro García Ortiz ha contado solo con el aval de los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales y los otros dos vocales natos. Desde la Fiscalía, defienden que la nueva fiscalía especializada “no tendrán competencia jurisdiccional” y “reforzará la lucha contra la corrupción de manera complementaria” a la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, desde la AF consideran que la creación de esta figura “carece de justificación” porque su ámbito competencial se solapa con el de la Fiscalía Anticorrupción y porque “supondrá que será el fiscal general del Estado quien valorará si existe o no la especial trascendencia” que justifique la intervención de una u otra, cosa que “aleja a la Fiscalía de la eficacia en la respuesta penal”.
Asimismo, la Asociación de Fiscales ha plantado batalla por la elección de Emilio Sánchez Ulled. Ayer pidió por carta al fiscal general del Estado que se abstuviera de participar en esta propuesta de nombramiento con el fin de que “no comprometa más la imagen de la institución y no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad”. En el escrito, esgrimieron que una causa de abstención es “tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir” o pueda “producir consecuencias en la esfera jurídica del funcionario actuante o le pueda reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal”. “Es evidente que la persona que formalmente sea propuesta, puede adoptar, en el desarrollo de sus funciones, decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos, en la medida en que las decisiones y opiniones que proceden de las áreas especializadas de la Fiscalía sirven de guía de actuación”, esgrimió la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.
¿Quién es Emilio Sánchez Ulled?
Emilio Sánchez Ulled, que es fiscal desde 1994, es consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea desde junio de 2017. Previamente, ejerció en Badalona, Manresa, Cornellà, Sabadell, Mataró y Barcelona. Entre 2005 y 2017 fue fiscal Anticorrupción en Barcelona, un cargo que lo llevó a encargarse de algunos casos mediáticos, como el juicio del 9N, el caso Palau o el caso Hacienda que acabó con el expresidente del Barça Josep Lluís Núñez en la prisión. Además, entre 2000 y 2002 fue experto nacional de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) en Varsovia (Polonia) y de 2007 a 2008 fue responsable de las relaciones de la Fiscalía Superior de Catalunya y de la Fiscalía Provincial de Barcelona con los medios de comunicación. Asimismo, fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación a la que estaba afiliado Álvaro García Ortiz antes de ser nombrado fiscal general del Estado.
En relación con la consulta del 9N de 2014, su criterio fue favorable a abrir diligencias de investigación, pero sin ordenar la retirada de las urnas, que fue lo que defendió el Ministerio Público en todos los juzgados catalanes donde se interpusieron denuncias por la consulta. Esto propició que la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, le encargara la querella del 9N contra Artur Mas, un juicio que lo puso bajo el foco de los medios y dio a conocer su mordaz e irónica retórica, que quedó plasmada en los informes finales de la vista oral. Más tarde, en el juicio por el saqueo del Palau de la Música, los exresponsables de la entidad cultural acabaron acusando a Convergència del cobro de comisiones de la constructora Ferrovial gracias a las negociaciones de última hora que el fiscal mantuvo con las defensas para rebajarlos la condena por la atenuante de confesión. Tiempo más tarde, consideró que la sentencia fue “pedagógica, socialmente necesaria y muy reveladora de un mecanismo de corrupción política”.
Asimismo, consiguió llevar a juicio a los exinspectores de Hacienda acusados de aceptar sobornos de empresarios y dejó a un paso del banquillo a los exresponsables de la Asociación Catalana de Municipios. Finalmente, también investigó la grabación de la conversación en el restaurante La Camarga de Barcelona entre Alicia Sánchez-Camacho (exlíder del PP catalán) y Victòria Álvarez (expareja de Jordi Pujol Ferrusola) y las presuntas irregularidades en la contratación de la Agencia Catalana del Agua y en la entidad municipal Barcelona Regional cuando la presidía el exconcejal de CiU Antoni Vives.
Fernando Rodríguez Rey, nuevo fiscal de sala Coordinador de Delitos Económicos
Por otro lado, el fiscal general del Estado ha propuesto el nombramiento de Fernando Rodríguez Rey como fiscal de sala coordinador de Delitos Económicos. Era fiscal de sala delegado de Delitos Económicos desde 2022 y ahora estará al frente de una unidad especializada. Fiscal desde 1991, sus primeros destinos fueron la Fiscalía del TSJC y la Fiscalía Provincial de Barcelona y , durante catorce años, fue fiscal del servicio de Delitos Económicos en esa fiscalía. Además, fue fiscal delegado de la Fiscalía Especial Anticorrupción y fiscal delegado de Extranjería en Catalunya. Allí, por ejemplo, archivó la investigación sobre la actuación de la Policía Nacional y de los funcionarios del Centro de Extranjeros de Inmigrantes de Barcelona durante el motín de un grupo de internos en noviembre de 2016 porque no apreció extralimitación policial. Entre 2018 y 2020, fue fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (en 2020 se reunió con el diputado socialdemócrata letón Boriss Cilevičs en el marco de la investigación sobre el 1O) y de 2021 a 2022 fue fiscal de sala delegado para Delitos de Odio y Discriminación.