Cambio de opinión. El fiscal Anticorrupción José Grinda ha cambiado su posicionamiento inicial y ahora acepta que la Generalitat de Catalunya se persone como acusación particular en la pieza separada del caso del 3% en la cual se investiga la posible financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido en concurso de acreedores, a través de la productora audiovisual Triacom. A finales del marzo pasado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó la personación del Govern al afirmar que "la Generalitat no ha acreditado su condición de ofendida o perjudicada ni ha aportado datos para apreciarla". Además, como sostenía el fiscal José Grinda, señala que "en la Generalitat hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa", refiriéndose en Junts y también miembros el PDeCat. El fiscal, al leer los fundamentos del recurso presentado por la Generalitat, considera que es serio y que afirma que "quiere aclarar si ciertamente Triacom vendia sus programas a TV3 muy por encima de los costes de producción", y por eso cambia su opinión, y sostiene que "tiene que ser atendida la pretensión de la Generalitat, como órgano constitucional" y afectada en ser responsable de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. El juez Pedraz lo tendrá que resolver ahora.
El presidente del Gobierno, Pere Aragonès, ordenó por carta al director del gabinete jurídico de la Generalitat que solicitara personarse como acusación particular en la pieza de Triacom sobre la presunta financiación irregular de Convergència. En esta pieza se investiga un supuesto pago de comisiones por parte de empresarios al partido extinto a través de la productora audiovisual Triacom, dirigida por Oriol Carbó. Se estima que se destinaron de 30 millones de euros. En la carta, Aragonès argumentaba que, "en caso de ser acreditados", los delitos perjudicarían a la Generalitat de Catalunya y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, y que, por lo tanto, "se considera procedente" que la Generalitat se persone como "acusación particular". No obstante, el juez de la Audiencia Nacional ya rechazó que la Generalitat se personara como perjudicada en el caso central del 3%, donde se investiga a empresarios para pagar aportaciones a las fundaciones de Convergència para obtener, a cambio, la adjudicación de obras públicas o estar bien posicionadas. Esta petición fue realizada por el presidente Quim Torra. Ahora, con el recurso presentado, el juez se tendrá que volver a pronunciar.
El 3%
La causa Triacom, vinculada a la presunta financiación ilegal del partido disuelto, investiga pagos a la empresa que produjo programas como El Gran Dictado, entre otros. La sospecha es que a través de esta productora se escondían aportaciones, comisiones o pagos a Convergència, por un total de 31,3 millones de euros entre 2008 y 2016. El modus operandi implicaría la creación de facturas falsas para destinar fondos a otras causas, como la financiación de campañas electorales. En la carta, Aragonès considera que el presunto "fraude contra las administraciones públicas, malversación, tráfico de influencias o soborno" derivado de este caso implicaría directamente instituciones públicas, hecho que justificaría la acusación particular por parte de la Generalitat.
La investigación del caso de corrupción del 3% está finalizada y pendiente de que la fiscalía Anticorrupción presente el escrito de acusación y las penas que solicita. En concreto, ha investigado al exdiputado en el Parlamento y exconseller Germà Gordó así como a dos extesoreros de CDC, además de varios empresarios, por los delitos como soborno, prevaricación, alteración de precios de concursos públicos, malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos.