Ninguna sorpresa. El teniente fiscal Pedro Ariche ha afirmado que Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó tienen que ser castigados por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), este jueves, en el tercero y último día de la repetición del juicio a la Mesa del Parlament de 2017, en el TSJC, con un tribunal diferente. "La Mesa dejó de ser un órgano imparcial y se supeditó completamente al poder ejecutivo y a los intereses del Govern y la ruptura con el Estado", ha acusado Ariche a los cuatro miembros soberanistas de la Mesa, de los cuales ha asegurado que "no están amparados" por la inviolabilidad parlamentaria. Los mismos argumentos han utilizado la abogada del Estado y el abogado de VOX, como acusación popular, que también solicitan que sean condenados a la misma pena que el TSJC les impuso en el 2020: 20 meses de inhabilitación a cargo público i 30.000 euros de multa.
Los exmiembros de la Mesa de Junts (Corominas, Guinó i Barrufet) y de ERC (Simó) han vuelto a asistir a la vista, en el banquillo de los acusados, y está previsto que cuando sus abogados defensores finalicen su informe, después harán uso del derecho a la última palabra. La libertad de expresión y su inviolabilidad parlamentaria, y los cambios de jurisprudencia del TC son los principales argumentos.
Interpretación "sesgada"
En su informe, el teniente fiscal Pedro Ariche ha asegurado que las órdenes que dio el Tribunal Constitucional (TC) a los cuatro miembros de la Mesa del Parlamentode 2017 fueron "sucintas, claras y concretas" y que "sabían las consecuencias que tenían", además de haber recibido "advertencias del letrado mayor del Parlament y de los otros miembros de la Mesa, Espejo y Pérez". Ha añadido que "no estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria", citando una resolución del Tribunal Supremo de 2017 sobre un recurso de la causa catalana, y tampoco su actuación parlamentaria de libertad de expresión porque ha asegurado que en el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017, con la aprobación de las leyes de desconexión, "afectó a otros diputados, que se marcharon" de la cámara catalana.
Ariche también ha acusado a los cuatro miembros soberanistas de 2017 de hacer una interpretación "sesgada" del reglamento de la Mesa del Parlament en la admisión a trámite de iniciativas y ha asegurado que "en el 2009, en el 2010 y en el 2011 se había analizado el fondo de iniciativas, no solo de forma", y que las resoluciones del TC "no son una rareza o una ocurrencia".
El fiscal ha afirmado que Corominas, Simó, Barrufet y Guinó "ejecutaron un plan en colaboración y auxilio de otras personas para impulsar, tramitar leyes abiertamente inconstitucionales", refiriendo a la ley del Referéndum y la de transitoriedad jurídica. Por todo eso, pide que sean condenados por desobediencia al TC -que ha calificado de "desatención innegable", a una pena de 20 meses de inhabilitación a cargo público, tal como ya les condenó el TSJC -ha recordado-, con uno otro tribunal por una pluralidad de hechos".
Por su parte, la abogada del Estado, Beatriz Vizcaíno, ha detallado "dos actos" en los cuales, según su opinión, los cuatro miembros soberanistas de la Mesa desobedecieron las órdenes del TC. La primera, al admitir la resolución 306/XI, que se impulsaba un referéndum, y que en el acta de la Mesa de 2016 "el letrado mayor y el secretario general les advirtieron abiertamente, que contravenían el TC". El segundo acto, para Vizcaíno, con la Mesa en que Guinó sustituyó Corominas, que en el 2017 admitió llevar al pleno las leyes de desconexión.
El abogado de VOX, Juan Cremades, ha pedido al tribunal que no apliquen una rebaja de la condena a los diputados por las dilaciones indebidas, como solicitó de forma alternativa a la absolución la abogada de Junts.