La investigación de Bélgica sobre las balizas instaladas en el coche del presidente en el exilio Carles Puigdemont incluye como posible sospechoso un fiscal de la Audiencia Nacional (AN), según ha podido saber la ACN de fuentes policiales.

La policía belga señala en sus informes Carlos Bautista Samaniego, uno de los principales expertos estatales en euroórdenes. Los agentes lo sitúan a finales de enero del 2018 en un hotel de Bruselas que consideran clave en la operación de espionaje a raíz de una llamada de una de las tarjetas SIM británicas relacionada con las balizas.

Carlos Bautista Samaniego / ACN

El fiscal español estaba en Bruselas, en aquel hotel y durante la misma semana que la policía belga cree que empezó el seguimiento, según las mismas fuentes. En el mismo establecimiento, y tras una amplia investigación de todos los huéspedes, también señalan como personas de interés a un empresario español, un hombre que consideran relacionado con el Ministerio de Justicia y tres informáticos. Pero la jueza belga que lleva el caso ha decidido, por ahora, no tirar más del hilo y rechaza pedir explicaciones al Estado.

La fiscalía belga ha rechazado, a petición de la ACN, confirmar o desmentir si durante aquellas jornadas mantuvieron alguna reunión con miembros de la fiscalía española. "No haremos comentarios sobre este tema", ha asegurado una portavoz del ministerio fiscal belga.

Fuentes de la fiscalía de la Audiencia Nacional han indicado que las reuniones sobre el caso Puigdemont se realizaron en el marco del Eurojust, un organismo de cooperación judicial con sede en la Haia (Países Bajos). "Hablar siempre se puede hablar", se limitan a decir, sobre si habría habido otros encuentros. Preguntados directamente por las investigaciones belgas que apuntan a un fiscal de la Audiencia Nacional, fuentes de la fiscalía española de la AN afirman que no les consta "nada" en esta línea y niegan "tajantemente" cualquier "actuación irregular". El propio Bautista Samaniego no ha respondido a las peticiones de la ACN.

Por otra parte, y preguntadas por esta misma cuestión, fuentes de la defensa de Puigdemont plantean que los hechos del espionaje al expresidente les parecen "muy graves" y que, por eso, en su día, presentaron una denuncia. Pero remarcan que no pueden hacer comentarios sobre la información del procedimiento judicial.

Los últimos días de enero del 2018

Era la última semana de enero del 2018, y el pleno del Parlament de Catalunya estaba convocado para aquel martes, día 30, por la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Pocos días antes, el 22 de enero, el líder de JxCat había salido de Bélgica por primera vez para ir a Copenhague, capital de Dinamarca. La Guardia Civil y la policía española intensificaban los controles en las fronteras para interceptar a Puigdemont si intentaba volver a Catalunya para asistir, en persona, al pleno. El 27, el Tribunal Constitucional puso condiciones a la investidura.

Al día siguiente, aquel domingo 28, el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista Samaniego tenía una habitación reservada, hasta el día 31, en un céntrico hotel de Bruselas, según las investigaciones policiales. Después de meses de trabajo, la policía belga asumió que aquella estancia podía estar relacionada con la operación de espionaje descubierta solo unos días después, el 7 de febrero: el día que el mosso Lluís Escolà detectó una primera baliza debajo el parachoques posterior del Renault Espace donde viajaba el 130º presidente de Catalunya. Al día siguiente, con agentes especialistas de la policía federal belga, descubrieron una segunda dentro del motor de otro de los vehículos de Puigdemont, un Renault Laguna.

¿Una operación extraoficial?

Según ha podido saber la ACN, la investigación belga podría apuntar a una operación española fantasma, extraoficial, sin permiso de las autoridades de Bélgica y que los servicios secretos españoles siempre han negado a sus homólogos belgas. De hecho, eso es también lo que se desprende del informe del comité R del parlamento belga sobre el caso, y del que la ACN ha tenido conocimiento a través de fuentes próximas al texto. Este comité es el encargado de supervisar las tareas de los servicios de seguridad del Estado belga.

Y es que si bien las investigaciones policiales apuntan indiciariamente a un espionaje español, los diversos elementos descubiertos por los belgas abren la puerta a que no se trate, de hecho, de una misión oficial y reconocida por el Estado. Desde la policía belga consideran que las balizas, "de material de alta calidad", fueron colocadas por "profesionales entrenados" que podrían haber trabajado, al mismo tiempo, con otros cómplices "amateurs discretos". Por ejemplo, los investigadores belgas se sorprenden que un equipo capaz de colocar balizas dentro de dos coches de Puigdemont le siguieran, al mismo tiempo, físicamente por las calles de Bruselas —y en una de las ocasiones, siendo detectado por el propio equipo de Puigdemont.

Balizas, tarjetas SIM y un hotel

El análisis de las dos balizas localizadas y la actividad de las tarjetas SIM que habían estado en contacto, que llegaban hasta ocho, permitió a los investigadores determinar que habría habido al menos seis dispositivos: tres LISA-U200 fabricados por la empresa suiza U-blox AG y tres móviles Alcatel OT 1016G de TCL. Algunas tarjetas SIM se utilizaron en más de un dispositivo, según las investigaciones.

De estas tarjetas SIM, todas con número británico, los investigadores belgas destacan una llamada que podría ser un posible error de los responsables del seguimiento, probablemente mientras todavía hacían pruebas. Se trata de una breve llamada de uno de los números investigados en la centralita de una cadena de hoteles de Bruselas, el mediodía del 1 de febrero, y que consideran que "demostraría sin duda" que la cadena tiene relación "con los que hicieron colocar las balizas".

La cadena de hoteles es la que alojaba, durante varios días de aquella semana, el fiscal de la Audiencia Nacional Bautista Samaniego, así como supuestamente también el empresario español, el hombre que la policía belga relaciona con el Ministerio de Justicia y tres informáticos. En algunos de los casos, dormían en habitaciones consecutivas.

La policía belga redujo la lista de posibles sospechosos de los centenares de huéspedes de los hoteles hasta solo estos seis. Pero la jueza encargada del caso tumbó recientemente la petición de la defensa de Puigdemont de exigir explicaciones sobre la estancia del fiscal español y el resto de potenciales responsables del espionaje al no ver suficientes indicios de culpabilidad, una cuestión que ahora está pendiente de un nuevo recurso, según ha podido saber la ACN. La magistrada tampoco aceptó revisar el origen de las balizas a través de las empresas distribuidoras, al considerar que habría pocas opciones de encontrar a los compradores.

Espionaje cuando no había euroorden

Se da la circunstancia que estos seguimientos se realizaron cuando sobre Puigdemont ya no pesaba ninguna orden europea de extradición y entrega (OEDE). La primera, emitida por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el 3 de noviembre del 2017, fue retirada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena el 5 de diciembre siguiente, a pesar de mantener la orden de búsqueda y captura dentro del estado.


Lo justificó porque, ante las primeras reticencias de la justicia belga, no quería que se le denegara total o parcialmente la petición sin tener toda la documentación procedente de la instrucción. La fiscalía pidió reactivar la euroorden el 22 de enero, cuando se confirmó que Puigdemont haría su primer viaje fuera de Bélgica, en concreto a Dinamarca. Pero Llarena lo descartó, y el ministerio público dijo que lo volvería a solicitar cuando se dictara el auto de procesamiento.

Por eso, el magistrado del Supremo reactivó la petición europea el 23 de marzo del 2018, el mismo día que comunicó a los investigados el auto de procesamiento, que ponía fin a la instrucción. Aquel día estaba citada la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pero no se presentó a la cita y se marchó a Suiza. Gran parte del resto de investigados, como Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa, fueron encarcelados preventivamente, justo el día antes de que hubiera la segunda votación en el Parlament para investir a Turull como presidente de la Generalitat.

Dos días después, el Domingo de Ramos, el presidente en el exilio fue detenido por la policía alemana cuando entraba en el país procedente de Finlandia en coche. Entonces se especuló si el coche en el que Puigdemont volvía de Finlandia, pasando por Suecia y Dinamarca, llevaba una baliza, pero algunas fuentes afirman que se le localizó a través de la señal del teléfono móvil de alguno de sus acompañantes, o incluso siguiendo físicamente y a través de las cámaras de las autopistas al coche del presidente que salió de Bruselas para irlo a recoger. Finalmente, aquella euroorden también fue retirada al principio de julio después de que Alemania, Suiza, Escocia y Bélgica volvieran a dificultar la entrega de los políticos independentistas exiliados.