Primera escena. El fiscal del Tribunal Supremo Fiel Cadena, que participó en el juicio contra los independentistas catalanes, ha iniciado la sesión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para debatir las prejudiciales del juez Pablo Llarena, que pide aclarar las competencias de las Órdenes de Detención y Entrega (ODE) en Europa y así detener a los exiliados catalanes. "El Tribunal Supremo es la autoridad máxima, no sé como no se puede decir más claro", ha afirmado Cadena, que ha recordado que en la sentencia del 2019, en la condena a los líderes sociales y políticos independentistas, el Supremo lo dijo. "El Diplocat, las embajadas en el extranjero, el censo en el extranjero del referéndum ilegal son pruebas claras que la causa tenía que ser asumida por el Supremo. Son comportamientos de personas aforadas de Catalunya fuera de España", ha afirmado Cadena, a quien el presidente le ha pedido hablar más despacio (a petición de los traductores). Cadena, acompañado de Consuelo Madrigal, se ha mostrado en contra del criterio de los tribunales belgas, sin citar-los, de no entregar al conseller de Cultura Lluís Puig, en enero de 2021, al considerar que no se garantizarían sus derechos. "Es ilógico y absurdo que un país ejecutor controle lo que le pida el país emisor", ha concluido Cadena, refiriéndose a los tribunales belgas. También ha asegurado que el informe recogido por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas "no aporta ningún dato objetivo" sobre vulneración de derechos a los independentistas catalanes.
La sesión en la gran sala del TJUE ha empezado bien puntual, pasados diez minutos de las nueve de la mañana, donde primero se han leído resoluciones anteriores. El tribunal europeo, que antes de la covid-19 recibía unas 20.000 visitas, ha vuelto a permitir el público, y hoy, en la causa de los exiliados, había unos visitantes de Salamanca. Los abogados de los exiliados de Junts, ERC y la CUP, que han coordinado sus intervenciones, han llegado juntos. Su posicionamiento es que El Tribunal Supremo no defiende derechos humanos y no tendría que juzgar los líderes catalanes, sino el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJUE).
Confianza
Cadena ha resumido su intervención en cuatro puntos: La competencia jurisdiccional es de los jueces, y lo han aclarado el Supremo y el Tribunal Constitucional (TC); las normas de Derecho "son explícitas"; Bélgica no puede controlar España en las órdenes; no se han vulnerado derechos fundamentales, ya que el grupo de la ONU habla "en futuro", y finalmente que el orden de entrega es "la piedra angular" de la justicia europea y la confianza entre estados miembros.
La segunda al intervenir ha sido la abogada de Vox, Marta Castro, que ha insistido en que es "obligado" el cumplimiento de las órdenes de detención y entrega en Europa, y que la denegación es "la excepción". También ha reiterado que en el "riesgo real" de vulneración de derechos, hace falta que sea "concreta y real", y en el caso de los exiliados catalanes, no está probado con el grupo de trabajo de la ONU, que lo ha calificado que son "opiniones y no son informes".