Cambio de criterio. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha celebrado este martes una vista para resolver si tiene que devolver a ERC los 2,1 millones de euros que depositó inicialmente como garantía para la responsabilidad contable de excargos del Govern en la promoción exterior del procés de independencia de Catalunya, encabezados por el presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras. La fiscalía ha cambiado su criterio y se ha posicionado a favor de volver el dinero en ERC porque ha asegurado que si el tribunal admitió el aval presentado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) no se pueden mantener dos avales por el mismo concepto. Inicialmente, la instructora rechazo el aval de la Generalitat, como también el fiscal. Por eso, se destaca el cambio de criterio de la fiscalía. La resolución del Tribunal de Cuentas se espera en unos cinco días, según fuentes del órgano fiscalizador.
En la vista, el fiscal ha asegurado que "las cantidades reclamadas ya están aseguradas y no tiene ningún sentido mantener este dinero depositado por ERC", y por eso no se ha opuesto a su sustitución, tal como había pedido Esquerra, según ha informado Europa Pres. Sociedad Civil Catalana (SCC) está representada como parte demandante y ha ratificado su oposición a los avales del ICF, afirmando que "el depósito es la forma más sencilla de cumplir con el mandato del tribunal". No obstante, el representante del ministerio fiscal ha recordado a SCC que si la sala de Justicia del Tribunal de Cuentas admitió los avales de la entidad que depende de la Generalitat "no queda más opción" que "sustituir" la fianza y retornar en ERC el dinero que depositó. La representación de SCC se ha mostrado sorprendida por el cambio de criterio del fiscal
La reclamación de Romeva
La vista se ha celebrado porque el exconseller de Afers Exteriors Raül Romeva solicitó la devolución de este dinero a ERC, que depositó sobre todo con aportaciones de militantes. Los 2,1 millones cubren lo que se reclama a 19 demandantes, como el presidente Puigdemont el vicepresidente Junqueras y cargos políticos y al exdirector general del Diplocat, Albert Royo. Inicialmente, el Tribunal de Cuentas rechazó la reclamación realizada directamente por Esquerra porque tenía que solicitarla uno de los demandados, como ahora se ha hecho en nombre de Romeva. El abogado en nombre de Esquerra, Àngel Fernández, del despacho Vallbé, ha considerado "absolutamente razonable y acertado" el nuevo posicionamiento de la fiscalía y ha explicado que ERC aportó el dinero para evitar que se embargara dinero de sus miembros. "No se trata de sustituir el depósito por los avales", sino de asegurar un método y no mantener una "duplicidad de garantías", ha asegurado. El abogado ha indicado que si no se le devuelve el dinero "restringiría de forma grave su actividad patrimonial".
El mismo juicio
El Tribunal de Cuentas resolvió unir la investigación por el Referéndum del 1-O, después de que el Tribunal Supremo le derivara el control sobre el dinero malversado, y la investigación sobre el gasto Exterior. Es a decir, las dos causas se juzgarán de forma conjunta. La fiscalía rebajó las reclamaciones, que ahora se cifran en 3,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable, que inicialmente sumaba 9, 5 millones de euros (5,4 millones la acción Exterior y 4,1 millones para el 1-O). Las personas investigadas son 35 personas.
Por su parte, Sociedad Civil Catalana presentó la demanda contra 11 exaltos cargos del Govern, como los presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y les reclama 5,3 millones como responsabilidad contable. Además, excluía al conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, incluido por la fiscalía.