"Actualmente, los autores del discurso de odio no son grupos extremistas, como inicialmente analizábamos con los Mossos de Esquadra, sino que la mayoría son personas normales con prejuicios, que alimentan las redes sociales con mentiras y basura tóxica. Hay que luchar contra este microrracismo, microtransfobia y todos los ataques a personas vulnerables porque está en juego la convivencia y la calidad del sistema democrático." Así de claro se ha expresado Miguel Ángel Aguilar García, fiscal coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, creada en mayo del 2023, en la jornada Abordaje institucional contra los delitos de odio y discriminación, que se ha celebrado este viernes en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación especializada (CEJFE), del Departament de Justicia, en Barcelona.
El aumento de los delitos en las redes sociales y cometidos por menores también ha sido constatado a la Unidad de Delitos de Odio. "Hay un incremento de casos de acoso escolar en las redes sociales y tienen un impacto muy importante a la víctima, ya que todo el mundo lo ve en internet," ha afirmado Aguilar, que ha insistido en el hecho de que hay que invertir más en recursos para los profesionales de Justicia y también educación en valores en los centros educativos.
Además, ha ratificado que, en el contexto actual, hay un aumento de discursos de odio contra musulmanes, judíos y contra personas LGTBI+, tal como se ha alertado recientemente de la Unión Europea.
Los discursos de odio en Internet
En este sentido, Encarna Bodelón González, directora del CEJFE, ha destacado los resultados de las últimas encuestas en las cuales los jóvenes justifican más comportamientos machistas, y en las redes sociales. Por su parte, Neus Pujal Sánchez, fiscal jefe de la Fiscalía de Barcelona, ha asegurado: "Desde la Fiscalía velaremos por los más vulnerables y hemos de proteger el interés social." En la jornada, también ha intervenido Xavier Audina Nadal, subinspector responsable de la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación del Cuerpo de Mossos de Esquadra.
Preguntado por la frontera entre la libertad de expresión y el delito de odio, el fiscal Aguilar ha destacado que "mentir en Internet no es delito, pero genera comportamientos agresivos", además de añadir, que no todos estos comportamientos tienen que ser delito, y que también pueden ser sancionados administrativamente, como de forma pionera recoge la ley catalana 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación.
Exportar el modelo catalán al Estado
Precisamente, el fiscal Aguilar ha explicado el plan de actuación de la unidad 2023-2027, donde ya aplica el modelo pionero que él inició en Barcelona en el 2009 (fue al primer fiscal especializado en delitos de Odio) a todo el Estado español, con la coordinación y el principio de unidad, como pilares. Actualmente, hay 50 fiscales especializados en delitos de Odio en todo el Estado, de ámbito provincial, y ahora quiere que se cree la figura de ámbito autonómico, además de mantener el contacto directo con los cuerpos policiales y con las entidades de derechos humanos y de colectivos. La ley española 15/2022, integral para la igualdad de trato, es el marco de actuación. Aguilar ha expuesto que la ley protege a los colectivos vulnerables, aunque se hace difícil decidir este concepto en la discriminación por nación o por ideología.
Perseguir discursos humillantes
En la jornada, Miguel Ángel Aguilar ha expuesto las tres prioridades de la unidad de Delitos de Odio que se implantarán en todo el territorio. La primera es que la Fiscalía perseguirá "los insultos que causen humillación pública porque afecta a la dignidad de la persona". Es decir, hasta ahora estas actuaciones eran calificadas de injurias y la mayoría eran archivadas, y en los casos con repercusión, la Fiscalía acusará por el delito de trato degradante contra la integridad moral (art.173.1 del Código Penal), castigado de 6 meses a 2 años de prisión. Con este delito -ha añadido- ya acusa la actual fiscal de Odio de Barcelona, Marta Gloria López Catalá, que en la jornada también ha explicado los cinco principales tipos delictivos para perseguir el discurso de Odio. El artículo 510 del Código Penal, con penas de 1 a 4 años de prisión, castiga el fomento y la incitación al odio, discriminación o violencia contra colectivos vulnerables. Y, también se puede aplicar como agravante en todos los delitos, como de lesiones.
La segunda prioridad es que no quede impune el discurso de Odio en las redes sociales. Aguilar ha insistido que estas "fábulas y discursos basura" también pueden ser sancionados, u otras actuaciones. Además, ha asegurado que las empresas titulares de las aplicaciones responden cada vez mejor para retirar estos contenidos de internet, y que es una medida cautelar que el fiscal tiene que pedir siempre. En este sentido, el fiscal ha expuesto que una medida también pionera en Catalunya es que los acusados acepten hacer programas de igualdad, que realiza a la Generalitat, y ha asegurado que "da buenos resultados".
La víctima, en el centro
Finalmente, la tercera prioridad es que "las víctimas están en el centro del proceso, sin simplificar garantías, ni el principio de legalidad", ha manifestado Aguilar. Además, ha apostado por "un diálogo con las entidades, que son el termómetro de la sociedad," así como "hacer investigaciones sin cosmética, y no solo con la declaración de víctima y acusado". Y, fomentar las conformidades.
Con respecto a las víctimas, el fiscal Aguilar ha declarado que "no hay que desconfiar de la víctima si tarda tiempo en denunciar" porque hay que respetar sus procesos de recuperación y empoderamiento, como ya reconocen los tribunales a las víctimas de violencia de género. Y ha concluido que "toda víctima tiene que ser indemnizada porque todos los delitos de odio afectan a la dignidad de las personas".
Racismo y la orientación sexual
En la última memoria de la Fiscalía General del Estado, se indica que la Fiscalía de Delitos de Odio abrió 511 diligencias de investigación en el 2023, enfrente de las 166 del año anterior. El principal motivo de discriminación es el racismo (138 casos), seguido por la nacionalidad (130) y la orientación sexual (90), y en el 37% de los casos se cometió en Internet.
Con respecto a la Fiscalía de la demarcación de Barcelona, inició la investigación de 23 nuevos casos el año pasado y presentó 43 escritos de acusación. Con respecto a la motivación, la ideología, que lideraba los casos por el enfrentamiento entre españolistas e independentistas, ha retrocedido, aunque hay casos pendientes de juzgar. Ahora, domina la discriminación por orientación sexual (17 casos) y el origen nacional (14).
