No hay ningún hecho delictivo. Por ahora. El Fiscal Superior de Catalunya ha archivado cuatro denuncias presentadas por la presidenta de la Asamblea Escuela Bilingüe (AEB), el sindicato Manos Límpias y de dos particulares más contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, por la polémica de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ordena aplicar el 25% de castellano en todos los centros educativos del país, con un plazo de dos meses, a contar desde mediados de enero. En una resolución, hecha pública hoy, el fiscal superior Francisco Bañeres, expone que no hay ninguna prueba ni indicio que el presidente y el conseller "dieran alguna instrucción o incitaran a coaccionar o amenazar" a los padres de la alumna de la escuela Turó del Drac, en Canet de Mar, que pidieron que en la clase de su hija se diera el 25% de castellano, y el TSJC le dio la razón. "La resolución judicial se cumplió de forma puntual", indica al fiscal. Añade que las expresiones de los dos cargos públicos están amparadas en la "libertad de expresión". También precisa que el fiscal del servicio de delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, sí que mantiene abierta una investigación para aclarar si hubo tuits amenazadores o delictivos contra la familia de Canet de Mar y, por ahora, avanza que "no hay autoridades".
En el decreto de investigación y archivo, el fiscal Superior también descarta que el conseller Gonzàlez Cambray haya cometido un delito de prevaricación administrativa ni una de desobediencia a autoridad judicial, cuándo envió la carta a todos los directores de los centros educativos de Catalunya, en la cual les aseguraba que no tenían que hacer ningún cambio en el modelo lingüístico del centro, aunque el Supremo, como no admitió el recurso de la Generalitat, hizo firme la sentencia del TSJC que obliga el 25% de castellano. La carta que el conseller envía el 24 de noviembre pasado a los directores "contiene una serie de proclamas de carácter político, es absolutamente inane y no produce ningún efecto en el plano administrativo", sostiene al fiscal superior. Con respecto a las acciones que se atribuyen al presidente Aragonès, el fiscal considera que son "inconcretas" y residuales". Habrá que ver qué pasará con los directores de los centros educativos si se oponen a la aplicación del 25% de castellano en sus centros.
"Ninguna discriminación"
Con respecto a la supuesta presión vivida en el centro de Canet de Mar, el fiscal Bañeres expone que "no consta que ningún alumno del turó del Drac ni ningún otro alumno de la comunidad autónoma hayan sido discriminados en prestación del servicio público educativo por parte de los directores de centros afectados, y los servicios centrales de educación se han dado puntual cumplimiento a la totalidad de resoluciones judiciales dictadas". Con todo, asegura que los mensajes enviados a Twitter y desde la cuenta "El Turó en catalán" tiene información "torcitera" y poco respetuosa, y se està investigando.
Con respecto a la orden del 25% del castellano a una clase de infantil de la escuela de Canet de Mar, el fiscal recuerda que el 11 de noviembre de 2021, la secretaría general del Departamento de Educación dictó una resolución en la cual "ordenaba dar cumplimiento a la resolución judicial dictada", sin que conste ninguna objeción desde el tribunal. El presidente Aragonès aseguró que la sentencia del 25% del castellano era "el 155 educativo".