Primeras respuestas a las querellas de Pegasus en Barcelona. El fiscal especializado en delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde, ha informado al juzgado de instrucción 21 de Barcelona que admita parcialmente la querella presentada por Òmnium Cultural. En concreto, el fiscal descarta que NSO, la empresa israelí propietaria del software malicioso, pueda ser investigada en el Estado español, ni que su actuación sea delictiva, y solamente aprueba que se investigue si se ha producido un delito de revelación de secretos con respecto a los tres querellantes de Òmnium y quien es el autor.

Con respecto a la querella de la CUP, el fiscal ha informado al juzgado de instrucción 32 de Barcelona que no procede la acumulación de la querella presentada por integrantes del partido a la causa que abrió en el 2020 por la querella del expresidente del Parlament y conseller de Empresa, Roger Torrent y del diputado de ERC Ernest Maragall porque "no se puede afirmar que los hechos proceden de la misma persona". Por lo tanto, el juez ahora puede derivar la querella de la CUP al juzgado de instrucción 22 de Barcelona, que es el que primero lo recibió por reparto. Así pues, las querellas de Pegasus en Barcelona acabarán repartidas por distintos juzgados, si los querellantes no presentan recurso a la Audiencia de Barcelona. De las querellas de ERC y la ANC, por ahora, no se sabe nada.

Delitos

En concreto, el fiscal Valverde expone que de la querella de Òmnium hay que inadmitir el delito previsto en el artículo 197 ter del Código Penal, para perseguir la creación y puesta a disposición de terceros del programa Pegasus "por falta de jurisdicción", ya que la empresa NSO tiene sede en Israel. También pide que se inadmita la querella con respecto a los artículos 197.1 y 197 bis del Código Penal, haciendo referencia a cuando Òmnium se querella contra NSO por no haber vigilado el uso correcto de Pegasus. Para el fiscal, "los hechos que se imputan en la querella no tienen el principio de prueba que avale razonablemente su realidad", y añade, que tampoco es razonable abrir una investigación para comprobar unos hechos que de ser ciertos "no serían un delito imputable a la entidad querellada", haciendo referencia a la empresa NSO, propietaria de Pegasus.

Y finalmente, afirma que se admita la querella "a efectos de investigar los hechos relativos a la posible conculcación del derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones de los querellantes", con la finalidad -añade- de determinar "su efectiva causa, extensión y autoría", realizados con la utilización de software para la interceptación de sus comunicaciones orales y escritas y la extracción de contenido reservado en sus teléfonos o si solamente se acredita la instalación del software malicioso en los dispositivos. Todo apunta, que esta respuesta será la misma que dará al fiscal a la CUP, ya que solicitan lo mismo.

Querella

En las querellas de Òmnium y la CUP, el penalista Benet Salellas, pedía al juez que dictara una orden europea de investigación (OEI) en el gobierno de Luxemburgo para que NSO, empresa israelí de Pegasus que tiene sede en este país europeo, detalle los ingresos que ha recibido de estamentos españoles del 2016 en el 2022. Y en la investigación española pedía hasta seis pruebas documentales: la primera, remitir oficio dirigido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que informe si ha adquirido o utilizado directamente o a través de terceros el software a Pegasus, y si lo ha utilizado directamente o a través de terceros para investigar a las personas que aparecen en el informe de Citizen Lab, y concretamente los querellantes. También le hacía solicitar al director del Centro de Inteligencia, de las Fuerzas Armadas,  de la Guardia Civil y, a la dirección del Cuerpo Nacional de la Policía, para que aclaren si han usado Pegasus contra los afectados de Òmnium y de la CUP.  Además, pedía que se reclame información a la Intervención General de la Defensa y a la Intervención General de la Administración del Estado sobre su compra.

Desde la presentación de las querellas, al principio de mayo, el CNI ha admitido que espió a 18 personas, entre ellas el president Pere Aragonès, al asegurar que había un peligro secesionista, y que todo el control fue autorizado por el juez del Supremo que vela cuando se vulneran derechos en casos extremos. Los afectados insisten en conocer estas resoluciones judiciales, tal como recoge la jurisprudencia europea. Desde la difusión, el abril pasado, de la investigación Catalan Gate, realizada por Citizen Lab, que se han espiado hasta 65 personas del entorno del independentismo catalán, el Gobierno no ha ofrecido una información completa.