Acotar la investigación. El fiscal anticorrupción ha solicitado a la magistrada del juzgado de Instrucción 2 de L'Hospitalet de Llobregat que investiga un supuesto desvío de fondos públicos al Consell Esportiu de l'Hospitalet (CELH), que la investigación se ciña en averiguar si hubo irregularidades en la gestión de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de L'Hospitalet entre los años 2016 al 2019. En un escrito presentado al juzgado, el fiscal Luis García Cantón expone que, después de analizar la documentación aportada y las declaraciones de los investigados, descarta "indicio alguno de posible irregularidad" en las subvenciones que recibió esta entidad privada de parte la Diputación de Barcelona y de la Generalitat, y solicita que ahora la Intervención General del Estado haga una exhaustiva pericial para aclarar si el dinero recibido por el consistorio se invirtió en actividades deportivas o fueron a los bolsillos de particulares.
El fiscal sostiene que la petición es para evitar "indeseables investigaciones prospectivas", prohibidas en derecho procesal penal. La jueza Beatriz Faura ha de dar traslado ahora a las partes, es decir, las defensas y la acusación popular, ejercida por el grupo municipal de En Comú Podem. La alcaldesa de L'Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Marín, está imputada en esta causa por el delito de omisión del deber de perseguir delito, al ser informada por el entonces concejal Jaume Graells de estas irregularidades y no hacer nada. Marín lo negó al declarar en el juzgado el abril pasado, y aseguró que pidió una auditoría para aclararlo. La policía española, encargada de la investigación y del análisis del móvil de la alcaldesa, habría hecho un informe con interpretaciones erróneas de algunas de las conversaciones de Marín, según fuentes conocedoras del caso.
Investigados
Los tres principales investigados por malversación de fondos y falsificación documental en el caso del Consell Esportiu de L'Hospitalet son: el exconcejal del PSC y expresidente del consell, Cristóbal Plaza; el segundo teniente de alcalde, Cristian Alcázar, que dimitió recientemente, y el actual director del consell, Eduard Galí. Plaza dimitió cuando se hizo público que cobró una indemnización de 47.147 euros al ser despedido del Consell Esportiu en el 2016, cuando en realidad su marcha ya había sido acordada con anterioridad. Precisamente, el primer secretario de la Federación del PSC de l'Hospitalet y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de l'Hospitalet, Cristian Alcázar dimitió el abril pasado, cuando se hizo público que el fiscal García Cantón le pide cuatro años y medio de prisión y también al exconcejal del PSC Cristóbal Plaza por haber simulado el despido del segundo, que es una pieza separada de la causa central del caso del Consell Esportiu. El fiscal acusa a ambos de un delito de estafa y un delito contra la Seguridad Social.
El diciembre pasado, también declaró en el juzgado como investigada la interventora del Ayuntamiento de L'Hospitalet, la cual aseguró que los procedimientos de las subvenciones al CELH eran correctos. Las subvenciones del 2016, 2017 y 2019 se concedieron por concurrencia competitiva, y solamente la del 2018 por concurrencia directa. En este sentido, el fiscal, en su escrito del abril pasado y notificado ahora, precisa que no se cuestiona el procedimiento de adjudicación de las subvenciones, sino su destino final.
El exsecretario general de Esports de la Generalitat y actual secretario de Exteriors del Govern, Gerard Figueras, declaró el abril pasado como investigado y sostuvo que la subvención concedida al Consell "como todo, pasa hasta siete filtros" y la revisión técnica de las cuentas "es impecable". El Consell Esportiu de L'Hospitalet tenía un presupuesto de 969.734 euros el año 2019, de los cuales 210.000 euros fueron aportados por el Ayuntamiento y 110.700 euros por la Generalitat. El grueso (636.348 euros) son de particulares y familias para el deporte federado y los casales. Con la pericial, se quiere aclarar si las subvenciones fueron destinadas a beneficios particulares, como fiestas o compras, y si el Ayuntamiento de L'Hospitalet lo controló.