El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el cual asume "la responsabilidad última" de la publicación de una nota de prensa que "desmentía informaciones falsas" sobre Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Ayuso (PP), por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental. Añade que no se ha cometido ningún delito y que si se lo tiene que investigar, quien es competente es la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por su aforo, como tienen los magistrados. De forma excepcional, el Colegio de la Abogacía de Madrid también presentó una querella por esta difusión.
El TSJM aceptó la querella de González Amador contra María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid; y Julián Salto Torres, fiscal de la sección de Delitos Económicos de la misma Fiscalía, acusados del delito de revelación de secretos por funcionario por la difusión de esta nota de prensa en la cual se indicaba que el marido de Ayuso había ofrecido un pacto a la Fiscalía y admitía el fraude a Hacienda para no entrar en la prisión. Además, el magistrado instructor pedía saber quién era el máximo responsable de la Fiscalía que había validado este comunicado. Y ahora el Fiscal General del Estado le ha informado oficialmente que ha sido él, y le ha recordado que la institución es jerárquica.
Instrucciones exprés y directas
En la comunicación, García Ortiz sostiene que "ningún miembro de la Fiscalía española tiene que ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva, porque todos los correos electrónicos —no solamente los remitidos por el letrado de González Amador, sino también los enviados por el fiscal— habían sido previamente revelados por los medios de comunicación". Además, asegura que "indagar sobre el funcionamiento de los mecanismos de decisión del Ministerio Fiscal en la forma en la cual se está haciendo solo puede causar un deterioro en el recto funcionamiento de la Justicia".
El fiscal general del Estado insiste: "La información no se habría producido sin mi previa autorización y mis instrucciones exprés y directas" y, por eso, reitera que el TSJ de Madrid no es competente para seguir esta investigación. El Fiscal General responde así al magistrado instructor que había requerido a la Fiscalía de Madrid información sobre “quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público este comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado”.
García Ortiz recuerda que "ya asumió la responsabilidad de la nota de prensa" en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el 15 de abril. Desde la Fiscalía General del Estado se precisa que esta declaración, que se dirigía a resolver especulaciones sobre su “notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa”, ya fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM por el Fiscal superior encargado del procedimiento.