Nuevos movimientos en la Fiscalía General del Estado que permiten anticipar cuál será el desenlace del choque latente entre Álvaro García Ortiz y los fiscales del Tribunal Supremo. El fiscal general del Estado da el primer paso y prepara el terreno para enfrentarse a los fiscales del procés: ha pedido a los fiscales de sala que, “en previsión de la activación de los mecanismos estatutarios”, se reserven el próximo martes, 18 de junio, para la “posible celebración” de una Junta de Fiscales de Sala. A este extremo se llegará si, como es previsible, García Ortiz contradice el criterio de los cuatro fiscales del Supremo y se muestra partidario a amnistiar la malversación atribuida a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers por el referéndum del 1 de octubre. Fuentes fiscales indican que la decisión de hoy todavía no implica la convocatoria oficial. Para que esta llegue, hará falta que el fiscal general dé la orden y los cuatro fiscales del procés reiteren su negativa e invoquen el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal.
¿Qué significa todo esto? Contexto: estamos todavía a la espera de que el fiscal general del Estado elabore un informe jurídico en el que revele oficialmente cuál es su posicionamiento sobre si se puede o no amnistiar la malversación de Puigdemont, Junqueras y demás exconsellers. Todo indica que su razonamiento será favorable a amnistiarlos y, por lo tanto, contrario a la tesis de los fiscales del Supremo. Y se consumará el choque: García Ortiz les ordenará que tienen que pronunciarse en esta dirección y los fiscales del procés, oponiéndose a ello, recurrirán al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal: la Junta de Fiscales de Sala debatirá los dos informes y García Ortiz, después de escuchar todas las posiciones, manifestará su criterio definitivo. Su posición “podrá coincidir o no con la opinión mayoritaria”, según apuntan a ElNacional.cat fuentes fiscales, ya que el fiscal general siempre tiene la última palabra.
La Junta de Fiscales de Sala está presidida por el fiscal general del Estado y está integrada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, y los fiscales de sala. La fiscal jefe de la secretaría técnica, Ana García León, actúa como secretaria. En total, son 38 fiscales. La reunión se prevé larga, ya que todos los asistentes, empezando por el último que fue nombrado y terminando por el más antiguo, tendrán que exponer su argumento jurídico, según relatan fuentes fiscales a este medio.
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Los fiscales del Supremo, contrarios a amnistiar a Puigdemont y Junqueras
Justo ayer, los cuatro fiscales que llevaron la causa del procés en el Tribunal Supremo ratificaron su negativa total a amnistiar el delito de malversación. En un duro escrito, su argumento era claro: “Resulta indudable que los procesados Puigdemont, Comín y Puig, y los condenados por sentencia firme Junqueras, Turull, Romeva y Bassa, como receptores de los gastos, sustrajeron para sí mismos caudales públicos en forma de millones de euros”, cosa que “implica un enriquecimiento personal, ya que pudieron disponer de fondo públicos para sus finalidades ilícitas”. Esgrimen que su objetivo era “ejecutar un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya”. “Estos fondos no han sido restituidos”, concluyen.
En su justificación, señalaban que “la malversación de caudales públicos supuso un beneficio patrimonial para los autores”, ya que los destinaron a “la elaboración, desarrollo y concreción de su proyecto ilegal, que les produjo un indudable beneficio patrimonial”. “Decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal, conocían perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo, con clamorosa infracción del deber de custodia, a su sustracción del erario público de todos los españoles”, apuntaban. “Con ánimo de lucro se apropiaron de los fondos públicos y, asumiendo, extractos de su función pública y legal, facultades de titularidad, los destinaron al pago de aquellos que ellos mismos habían contratado en contratos públicos ilícitos para realizar las actividades que formaban el proceso en su globalidad”, añaden.
Los fiscales del Supremo pedían al fiscal general que ordene la aplicación de la amnistía “por escrito”
Además, los fiscales del proceso decían directamente a Álvaro García Ortiz que, si no está de acuerdo con su tesis y considera que la amnistía debe aplicarse en todos los supuestos, “lo tendrá que ordenar por escrito de forma motivada y fundada” y deberá convocar la Junta de Fiscales de Sala. Esa es justo la puerta que ha abierto hoy el fiscal general. Si mantiene finalmente la decisión sobre la aplicación de la ley a la malversación, “hará falta que dicte un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa para ser despachada por el fiscal general del Estado o quien designe a estos efectos”. Por tanto, ellos renunciarían a hacer este papel.