Después de declarar como investigado por presunta revelación de secretos en el Tribunal Supremo, donde negó “rotundamente” los hechos por los que está acusado, el fiscal general del Estado ha comparecido esta tarde en el Senado para dar explicaciones sobre su gestión y presentar la Memoria del año 2023. En su discurso inicial, ha eludido por completo las referencias a la causa que se está instruyendo en el Alto Tribunal, pero después de las intervenciones de los grupos parlamentarios, y de las duras críticas del PP, ha optado por defenderse y justificar su actuación y su decisión de no dimitir. Eso sí, no ha hecho ninguna referencia a la filtración del correo en el que Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconoció que había cometido dos delitos fiscales. “Si yo dimitiera, estaría haciendo una concesión a los delincuentes y esto podría colocar a la Fiscalía General del Estado en una situación de debilidad. La Fiscalía tiene que mostrarse muy fuerte. Como vean un ápice de debilidad en los que tenemos que perseguir el delito, los fenómenos delictivos que nos acosan no van a dudar en utilizarla”, ha justificado.

 

“Desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo, yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella. Sería muchísimo más cómodo, no se lo pueden ustedes imaginar desde el punto de vista personal, familiar y profesional, lo a gusto que estaría. Pero hay que defender los valores y principios en los que uno cree y las instituciones en las que ha creído toda su vida”, ha insistido. Sobre su negativa a contestar las preguntas del juez Ángel Hurtado en su declaración como investigado, ha esgrimido que el fiscal general del Estado no tiene “menos derechos” que los ciudadanos y que los principios constitucionales son para todos “sin excepción”. Además, ha denunciado que hay una “deriva peligrosa” con “inversiones de la carga de la prueba”. “Por ser fiscal general del Estado no soy más, pero tampoco soy menos. Ningún ciudadano está obligado a probar su inocencia”, ha remachado.

Sin embargo, ha evitado entrar en detalles sobre la investigación y no ha hecho ninguna referencia a la filtración que estudia el Supremo alegando que, en sede parlamentaria, su libertad de expresión se encuentra “bastante limitada”. “No se puede traer al fiscal general del Estado a hablar de procesos pendientes. Incurriríamos en la interferencia en la justicia y en juicios paralelos. No queremos interferir, queremos que sea independiente”, ha sostenido. “Yo no me puedo defender, no puedo salir al campo político y contestarles porque si lo hiciera, perdería la condición de neutralidad que es la que hace que pueda realizar mi función”, ha argumentado. “Es fácil meterse con el fiscal general, incluso un niño de cuatro años podría hacerlo y el fiscal general no le contestaría porque no hablamos el mismo lenguaje. Si habláramos el mismo lenguaje, yo dejaría de ser fiscal general: no soy parlamentario, soy un jurista”, ha añadido. “Pueden decir una a una las pruebas que supuestamente me incriminan, pero no les voy a poder contestar. Es demasiado fácil que el fiscal general se someta a una comparecencia para que se desgranen las pruebas y se vea como un sujeto sospechoso”, ha lamentado.

Justifica que borró su correo personal a causa del “acoso” al que se vio sometido cuando se filtró

Otro de los temas que ha puesto encima de la mesa ha sido el hecho de haber borrado los mensajes de WhatsApp el mismo día que el Supremo le abrió la causa penal. “Entender lo que significa la protección de datos no es algo que me haya inventado yo”, ha sostenido, en la línea de lo que expresó en el Supremo hace tres semanas. En el Senado, ha citado una normativa europea según la cual el responsable está “obligado, salvo que exista exigencia legal que imponga su conservación, a suprimir sin delación indebida los datos personales”, ha verbalizado. “Es una obligación de todos, quien mantenga en sus dispositivos telefónicos u ordenadores datos relativos a terceros y no los utilice y los mantenga está incumpliendo un reglamento y una directiva de protección de datos”, ha añadido, antes de lamentar que se extienda sobre él una “sombra de sospecha genérica” por “realizar lo que dice la norma dice con claridad: no se deben mantener los datos ajenos en el dispositivo más que el tiempo estrictamente necesario y cuando ya no son útiles para el fin al que han sido destinados”.

 

“Se convierte un borrador de un móvil personal y profesional en una evidencia de culpabilidad”, ha denunciado. Y ha insistido: “Borro porque es mi derecho disponer de mi intimidad, como lo tiene cualquier ciudadano, y ejerzo mi libertad, como cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio. […] Borro regularmente mis datos”. Además, después de que la Guardia Civil revelara que Álvaro García Ortiz ha borrado su cuenta de correo personal de Gmail, donde recibió el correo del abogado de Alberto González Amador, hoy ha justificado que lo hizo el 27 o 28 de diciembre ante el “acoso” que sufrió por haberse revelado sus datos. Esto también le ha llevado a tener que cambiar su línea de teléfono personal. Y una última frase en respuesta al PP: “Yo no soy una víctima ni me siento una víctima en absoluto. Pido disculpas si alguna vez decir que mi teléfono contiene información que afecta a la seguridad del Estado, de los fiscales y de los ciudadanos de este país es amenazar a nadie”.

El PP le acusa de actuar al “más puro estilo de un vulgar delincuente”

En su turno, el PP ha cargado contra el fiscal general del Estado. La encargada de defender la posición de los populares ha sido la senadora María José Pardo, que le ha reprochado que su continuidad en el cargo es una “auténtica anormalidad democrática” y está “dinamitando” la institución y le ha acusado de ejercer de “fiscal general de Pedro Sánchez”, de ser “defensor de los intereses de Pedro Sánchez en lugar de los intereses públicos” y de actuar al “más puro estilo de un vulgar delincuente”. “Este borrado intencionado, más que apuntalar su defensa, apuntala su participación en los hechos por los que se le investiga. Está cada vez más acorralado y más aferrado a su cargo”, ha esgrimido. “Usted ha hecho del servilismo al Gobierno sanchista su signo y de la destrucción a una adversaria política su objetivo”, ha añadido.

Además, ha reiterado la petición de dimisión: “Si tuviera dignidad y respeto a la institución que representa, habría dimitido hace ya mucho tiempo. Por salud democrática, su dimisión es un imperativo”. “Su gestión se resume en dos palabras: servilismo e imputación. Representa la historia negra de la Fiscalía, por higiene democrática y respeto a la institución que representa, váyase”, ha concluido. Más tarde, el senador Antonio Silván ha mantenido la batería de descalificaciones: "Es una deshonra para el Estado de derecho, un comisario político y el último peón de Sánchez". "Pone en cuestión gravemente y está desprestigiando a la institución. Está atacando la Fiscalía General del Estado con su comportamiento", ha añadido.

Mínimas referencias de Junts y ERC a la investigación del Supremo

Por su parte, los partidos independentistas han evitado comentar con detalle la causa del Tribunal Supremo. “Estamos ante una pugna entre el PSOE y el PP que viene motivada por una filtración a la prensa. El PP ahora se escandaliza con razón de una práctica habitual que venimos sufriendo algunos partidos desde hace más de diez años”, ha afirmado el senador de Junts Joan Bagué nada más empezar. “Algunos nos hemos acostumbrado a notificaciones vía prensa, ni procuradores ni abogados parecen necesarios a efectos de la notificación, hemos normalizado la irregularidad”, ha añadido. Desde ERC, el senador Joan Queralt no ha entrado en materia alegando que los republicanos saben lo que significa “perseguir sin imparcialidad”. Y se ha limitado a leer un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que “todas las autoridades que intervengan en el procedimiento penal cuidarán, dentro de los límites y sus respectivas competencias, de apreciar las circunstancias adversas como favorables al presunto reo”.

La ley de amnistía y el catalán en la justicia

Por otro lado, las dos formaciones independentistas han hecho hincapié en la aplicación de la ley de amnistía. Joan Bagué ha lamentado que es “muy injusto” que “centenares de fiscales y jueces que cumplen con seriedad y rigor la ley y la imparten con profesionalidad y ecuanimidad queden caricaturizados por una minoría radical y ultramontana de cierta cúpula judicial que empaña y ensucia la imagen de todo el colectivo”. En su turno, Joan Queralt ha criticado que los más amnistiados hayan sido agentes de la policía española que estaban implicados en una “represión injustificada por desproporcionalmente violenta y por causar graves lesiones” y ha reclamado una “amnistía total”. “Ha de ser para todos con el mismo empeño, no poniendo palos en las ruedas. Lo que nunca pensamos fue que la celeridad y empeño de la Fiscalía, en comparación con la disidencia independentista, se produjera con respecto a los agentes procesados”, ha añadido. Sin embargo, el fiscal general del Estado ha defendido que la norma del olvido penal “se ha aplicado de una manera homogénea” por parte del Ministerio Público.

En relación con el uso del catalán, Joan Bagué ha preguntado a Álvaro García Ortiz por las medidas que emprende la Fiscalía General del Estado para “garantizar la normalización en el uso de las lenguas cooficiales” y Joan Queralt ha exigido un “compromiso radical” del Ministerio Fiscal para “potenciar el uso” del catalán en el terreno procesal después de 40 años de “plurinacionalidad nominal”. “Estamos prácticamente como al principio, dependiendo de los funcionarios vernáculos y de la buena voluntad, y de un desprecio por parte de algunos altos funcionarios”, ha advertido. Y el fiscal general del Estado ha hecho una defensa y un anuncio. “Expresarse en su propia lengua es un derecho indiscutible de las personas y un deber de las administraciones públicas atenderlas como se merecen”, ha subrayado. Y ha anticipado que a partir del concurso público de mayo la posesión de un título en lenguas cooficiales “significará un mérito preferente para el acceso a determinadas plazas”.