ElNacional.cat ha tenido acceso a la declaración íntegra del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo como investigado por revelación de secretos de Albero González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz solo contestó a su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, y se negó a responder al juez, cosa que ha puesto en pie de guerra a parte de la cúpula fiscal. A lo largo de su declaración, el fiscal general del Estado negó “rotundamente” que filtrara el correo del abogado de González Amador, defendió la elaboración de una nota de prensa con información “veraz” y justificó haber cambiado de móvil una semana después de que el Supremo abriera una causa contra él.
“No iba a exponer mis datos durante seis días a la ligera”
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró “cero mensajes” en el móvil de Álvaro García Ortiz cuando lo analizó a instancias del juez Ángel Hurtado. El fiscal general del Estado los había eliminado todos. “Mi teléfono móvil alberga información que, por supuestísimo, puede afectar a la seguridad de este país y creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tanta información”, defendió en su declaración, en la que subrayó que contenía una “cantidad de datos y de informaciones absolutamente inimaginables” y esgrimió que lo borra todo de una manera “absolutamente regular” porque los datos de su dispositivo son “ultrasensibles”. “Informaciones que corresponden a todos los fiscales de este país, a todos los procedimientos en marcha, a todas las relaciones institucionales e internacionales, de persecuciones delictivas, de acomodación de estrategias con fiscales y [conversaciones] con autoridades de otros países”, añadió. “Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tengo”, concluyó.
Todo ello le llevó a borrar los mensajes por dos motivos: ejercía su “libre derecho” a manejar su móvil como quiera y es una “imposición legal” establecida por el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, la Ley de Protección de Datos española y la Instrucción 2/19 de la Fiscalía General del Estado. “Hay un principio básico en los datos, que es el de no conservación cuando no son necesarios, porque los datos son un patrimonio y si circulan por sitios que no deben, son un perjuicio inmenso”, argumentó. Y desmintió que borrara los mensajes para eliminar pruebas: “Si yo hubiera querido ocultar datos, hubiera cambiado cuando se eleva la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o cuando el Supremo acepta la exposición razonada”. “No iba a exponer mis datos durante seis días a la ligera”, remachó. E insistió: “Es impensable para un fiscal general. No hay precedentes en todo el derecho europeo que se entre en el despacho del fiscal general y que se le incaute el dispositivo. Es inimaginable”.
“Rotundamente no”
Al principio de su declaración, contestó a hasta cinco preguntas directas sobre la filtración. Y a todas respondió con un contundente “rotundamente no”. “¿Facilitó, divulgó o reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa, directa o indirectamente, a cualquier medio de comunicación? ¿A cualquier persona vinculada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España? ¿Dio alguna instrucción en tal sentido, directa o indirectamente, a cualquier persona? ¿Y dio alguna instrucción a alguno de los otros investigados? ¿A cualquier persona de Fiscalía General del Estado o de cualquier otra fiscalía?”. Y todas ellas fueron negadas categóricamente por Álvaro García Ortiz. Nada más empezar, el fiscal general del Estado también rechazó que quisiera “perjudicar” a Alberto González Amador por ser la pareja de la presidenta madrileña o que intentara “obstaculizar” las negociaciones: “En absoluto. Es un ciudadano como todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales. […] Estoy abstenido de esa causa, no veo nada de lo que ocurre”.
“Con el tiempo, me doy cuenta de que cometimos un error”
Álvaro García Ortiz relató que tuvo conocimiento de la denuncia contra Alberto González Amador el 7 de marzo, cuando la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, le comentó que el día anterior le había llamado un periodista preguntando si había algo de una empresa que se llamaba Maxwell Cremona relacionado con la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Me lo traslada para que tenga conocimiento”, señaló. Cuando entró en la reunión del Consejo Fiscal que se celebraba ese día, llamó a Diego Villafañe, el teniente fiscal de la secretaría técnica y también investigado, para que se interesase por esta información. Horas después y el día siguiente, Villafañe le trasladó detalles sobre el caso. “¿Le comunica la existencia de negociaciones o la existencia de correos electrónicos?”, le preguntó su abogado. “No, nadie me comunica absolutamente nada”, ha contestó.
Y en este punto, el fiscal general del Estado ha hecho autocrítica: “Ahora, con el tiempo, yo creo que me doy cuenta de que cometimos un error o desde la Fiscalía Superior se cometió un error. Quizá lo que teníamos que haber hecho en el momento en que tuvimos conocimiento que era una persona relevante y con trascendencia pública era haber dado una nota informativa. De esa manera, protegíamos el ámbito de intimidad de González Amador, puesto que una nota de prensa encapsula todos los datos que pueden figurar en una denuncia que no sea anonimizada”. Álvaro García Ortiz recordó que así se hizo, por ejemplo, con los casos de Javier Mascherano, Carlo Ancelotti o Xabi Alonso.
“Yo necesito esos correos para hacerme una idea de cuál es la situación porque me parece extravagante”
Sobre los hechos de la noche del 13 de marzo, después de que El Mundo publicara que la fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador (cuando era realmente al revés), ha reconocido que le llamó “mucho la atención” que la noticia incluyera un entrecomillado del correo del fiscal Julián Salto. “Es la primera vez que yo tengo conocimiento de que hay un cruce de correos entre el fiscal y el abogado”, afirmó. “Yo necesito esos correos para hacerme una idea de cuál es la situación, y lo primero que hago es llamar a la fiscal jefe provincial de Madrid [Pilar Rodríguez, también investigada] para pedirle que recabe esos correos, porque necesito verlos. Hay un correo en El Mundo que puede llevar a una información equívoca porque me parece extravagante”. Además, argumentó por qué era necesario obtener todos los correos: “No puedes elaborar ningún documento que vaya a salir a la opinión pública de oídas o de referencia, necesitas contrastar la información. […] Si íbamos a hacer una nota de prensa, era imprescindible que yo tuviera la absoluta seguridad sobre qué había hecho el fiscal exactamente”.
¿Cuándo leyó el primer desmentido? “Cuando todavía estoy leyendo ese correo [el del 2 de febrero], la jefa de comunicación me informa de que hay un medio, La Sexta, a las 22.10 h, que contrapone su información a la información de El Mundo. Yo todavía estoy leyendo ese correo. He leído las declaraciones del periodista que dice que tenía los dos correos delante. Sin embargo, yo delante de mí solamente tenía un correo, el de 2 de febrero, no tenía el correo que El Mundo había entrecomillado. Y hasta que no tuviera el correo, era imposible saber que es lo que había hecho ese fiscal”, ha relatado. Más tarde, en la Cadena SER, un periodista intervino en Hora 25 y también desmintió la información de El Mundo: “En ese momento, yo todavía no me he hecho una cabal idea de lo que está pasando, porque sigo sin tener el correo del día 12”, insistió el fiscal general del Estado.
“La única manera de destruir esa falsa información era dar una información del correo del 2 de febrero”
En ese contexto, el fiscal general del Estado y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que declaró hace unos días como testigo, coincidieron en la necesidad de elaborar una nota de prensa para desmentir la idea falsa que estaba difundiendo Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso. “Lo que debía reflejar es un iter cronológico para que se viera que la actuación de la Fiscalía correspondía a criterios estrictamente profesionales”, verbalizó Álvaro García Ortiz. “Se estaba dando una información falsa y, a mi juicio, la única manera de destruir esa falsa información era dar una información relevante que contenía el correo del día 2 de febrero”, añadió. Y justificó las prisas que tuvieron: “Se estaba instalando una controversia en la que se estaba faltando a la verdad y [queríamos] que al día siguiente, a primerísima hora, en todas las tertulias ya hubiera una información oficial veraz de la Fiscalía”. “Estoy absolutamente seguro que ningún fiscal de este país ha hecho una filtración y estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado ningún documento, absolutamente seguro”, concluyó.