“En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado”. Álvaro García Ortiz no dimite y reivindica su derecho a defenderse ante la causa que ha abierto el Tribunal Supremo contra él por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En un comunicado, el fiscal del Estado reitera que tenía la necesidad de replicar los “bulos o falsedades” que “comprometían la imagen de la institución y de varios de sus integrantes” e insiste que la nota de prensa de la Fiscalía se encuadraba en el “ámbito de las competencias” que la Constitución Española y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal “encomienda” a la Fiscalía: la función de “informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz”. Asimismo, también celebra que la atribución de la condición de investigado permitirá que pueda “ejercitar plenamente” su derecho de defensa, dado que, hasta ahora, la investigación judicial “se ha desarrollado sin que haya podido hacerlo”.
📝 El Supremo abre una causa contra el fiscal del Estado por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso
Eso sí, el fiscal general del Estado subraya que la apertura del procedimiento judicial “impone la máxima prudencia” en sus pronunciamientos para “evitar que puedan interpretarse como una interferencia en el proceso o una influencia” a los magistrados del Supremo. “La atribución de la condición de investigado al Fiscal General del Estado es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española”, arguye.
“No desconozco la afectación que supondrá en el trabajo de los fiscales de nuestro país”
Finalmente, Álvaro García Ortiz reconoce que es “consciente” de la “repercusión pública de la noticia” y de la “afectación que supondrá en el trabajo” de los fiscales españoles. “Pero es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho”, esgrime. Y anuncia que ha convocado para mañana a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para “hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar”.
👤 Quién es Álvaro García Ortiz, el fiscal general imputado por el Supremo
El Supremo aprecia un “perjuicio derivado de las revelaciones” de los correos del abogado de Alberto González Amador
La reacción del fiscal general del Estado ha llegado una hora y media después de que el Tribunal Supremo haya anunciado que ha acordado por unanimidad abrir una causa contra él por revelación de secretos en la investigación de presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Alto Tribunal reconoce que, de la transcripción de la nota controvertida, se deduce que, “aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos”, pero argumenta que, de la instrucción del TSJM, sí “se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados” cuando estaban “en poder” del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial. “La revelación del correo del día 2 de febrero de 2024 puede tener repercusión en el derecho a la presunción de inocencia. Se trataba de una propuesta reservada, no compatible con la misión de información a la opinión pública. Aunque la revelación pudiera tener eficacia probatoria residual, ello no es obstáculo para apreciar, al menos en este momento procesal, un perjuicio derivado de las revelaciones”, sostiene el auto.
Asimismo, relata que las “informaciones contenidas en esa nota informativa ya habían sido sacadas a la luz” por distintos medios de comunicación, especialmente, el correo electrónico del abogado del González Amador dirigido a la Fiscalía Provincial de Madrid, en el que manifestaba que, de común acuerdo con su cliente, asumía la comisión de dos delitos fiscales “reconociendo íntegramente los hechos”. Además, recuerda que desde el mes de junio, cuando García Ortiz envió un escrito indicando que la difusión de la nota no se hubiera producido sin su autorización, se dejó de investigar, por ejemplo, “como tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando estaban en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial”. Y aquí es donde quiere poner la lupa.