Choque de trenes en la Fiscalía. El fiscal general del Estado es partidario de amnistiar todos los delitos atribuidos a los líderes del procés y ordena directamente a los fiscales del Supremo que así lo ejecuten. Álvaro García Ortiz manda a Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno que contesten a Pablo Llarena y Manuel Marchena que todos los delitos vinculados al referéndum del 1 de octubre “están comprendidos” en el perímetro de la amnistía y que, por lo tanto, todos los líderes del procés deben ser amnistiados. Esto incluye a todos los que están procesados o condenados por malversación: el president Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Por su parte, en cambio, los cuatro fiscales del procés rechazan incluir la malversación, ya que consideran que el 1-O supuso un “enriquecimiento personal indudable” y atacó a los intereses financieros de la Unión Europea, dos excepciones previstas en la ley de amnistía. “La interpretación contradice la voluntad del legislador y el tenor literal de los artículos y los argumentos son insuficientes para poner en duda la posibilidad de entender amnistiados los delitos de malversación”, señala el fiscal general en su decreto, al que ha tenido acceso ElNacional.cat.
Contrariamente a esta tesis, el fiscal general, que siempre tiene la última palabra, sostiene que los fiscales “confunden” el ánimo de lucro que exige el delito de malversación con el “enriquecimiento personal de carácter patrimonial” de los hechos que la amnistía considera que no se pueden amnistiar. “El perjuicio patrimonial para la administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial”, argumenta. Y añade que los hechos “no produjeron una afectación directa” a los intereses financieros de la UE. También sostiene que hay que pedir que “se levanten las medidas cautelares”, como las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín, Puig y Rovira: es una solución “adecuada y necesaria de acuerdo con el ordenamiento jurídico” en los supuestos en los que “proceda declarar extinguida la responsabilidad criminal”.
Además, en el escrito al que ha tenido acceso este medio, Álvaro García Ortiz también dispara contra los cuatro fiscales del Supremo: “Utilizan de forma profusa argumentos que desbordan el plano estrictamente jurídico, que comprometen la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y que resultan de todo punto improcedentes”.
Malversación e intereses financieros de la Unión Europea
En su argumentación, consultada por este periódico, apunta a que “siempre que el responsable del delito de malversación se hubiera limitado a desviar fondos públicos con la única finalidad de financiar, sufragar o facilitar la convocatoria y/o celebración” del 9-N o el 1-O, que es justo el redactado de la ley de amnistía, hay que considerar que dicha conducta entra en el perímetro de la amnistía “por imperio de la ley”. “Se administraron de forma desleal los fondos públicos con el único propósito de celebrar un referéndum de autodeterminación, sin que se apreciase en los encausados otros intereses crematísticos”, concluye.
El fiscal general también se pronuncia sobre la presunta afectación a los intereses financieros de la Unión Europea y asevera que es difícil “aceptar” que la conducta fuera una “amenaza grave” para ellos. “El relato de hechos probados de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo señala de forma expresa que ni ese era el objetivo real de los condenados ni su actuación fue objetivamente idónea para lograr la consecución de la independencia de Catalunya”, esgrime. Y concluye su argumentación: “La hipótesis de que la secesión de Catalunya, para el caso de llegar a producirse y ser viable, hubiera producido una efectiva afectación a los intereses de la UE resulta difícilmente demostrable, pues se ignoran los concretos términos en los que habría podido tener lugar ese imaginario suceso y si Catalunya habría alcanzado algún concreto acuerdo económico con la Unión Europea”.
Los pasos a partir de ahora
A partir de aquí, los cuatro fiscales tendrán que contestar por escrito si acatan la orden del fiscal general o si, como se da por sentado, mantienen su negativa e invocan el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal. En este segundo caso, pues, habrá que celebrar la junta de fiscales de sala, que se reunirá el próximo martes 18 de junio. Allí se debatirán los dos informes, y García Ortiz —tras escuchar todas las posturas— manifestará su criterio definitivo, que “podrá coincidir o no con la opinión mayoritaria”, según apuntan en ElNacional.cat fuentes fiscales.
La junta de fiscales de sala está presidida por el fiscal general y está integrada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, y los fiscales de sala. La fiscal jefe de la secretaría técnica, Ana García León, actúa como secretaria. En total, son 38 fiscales. La reunión se prevé larga, ya que todos los asistentes, empezando por el último que fue nombrado y acabando por el más antiguo, deberán exponer su argumento jurídico, según relatan fuentes fiscales a este medio.
Los fiscales del Supremo, contrarios a amnistiar a Puigdemont y Junqueras
La consumación de la guerra en el seno de la Fiscalía llega a raíz de los palos en las ruedas que los cuatro fiscales de la causa del procés en el Tribunal Supremo han puesto a la aplicación de la amnistía. El miércoles, en un duro escrito, ratificaron su negativa total a amnistiar el delito de malversación, esgrimiendo que “resulta indudable” que Puigdemont, Comín, Puig, Junqueras, Turull, Romeva y Bassa “sustrajeron por sí mismos caudales públicos en forma de millones de euros”, lo que “implica un enriquecimiento personal, ya que pudieron disponer de fondos públicos para sus finalidades ilícitas”. Argüían que su objetivo era “ejecutar un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya”.
Además, señalaban que “la malversación de caudales públicos supuso un beneficio patrimonial para los autores”, ya que los destinaron a “la elaboración, desarrollo y concreción de su proyecto ilegal, que les produjo un indudable beneficio patrimonial”. “Decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal, conocían perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo, con clamorosa infracción del deber de custodia, a su sustracción del erario público de todos los españoles”, apuntaban.
📝 Los fiscales del Supremo reiteran su rechazo a amnistiar a Puigdemont y Junqueras por malversación
En relación con los intereses financieros de la Unión Europea, los fiscales del procés argumentaban que la malversación de fondos públicos para “financiar un proceso secesionista” dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea supone un “riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto” y, en consecuencia, “repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión”. Además, recordaban que la malversación es uno de los tipos penales que la directiva europea sobre la lucha contra el fraude incluye entre los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión.
Pere Aragonès conversa con Bolaños
Por su parte, Pere Aragonès ha conversado este viernes por teléfono con Félix Bolaños y le ha pedido "celeridad" y "objetividad" en la aplicación de la ley de amnistía. El presidente en funciones de la Generalitat y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes coincidieron en celebrar el hito de la aprobación de la norma y en reconocer el "buen trabajo" realizado por todas las partes, según fuentes de la conselleria de Presidencia. También coincidieron en la "importancia" de aplicarla "en los términos aprobados". Aragonés ha explicado a Bolaños las actuaciones aprobadas el martes por el Gobierno para llevar a cabo "de forma urgente" en los casos afectados por la ley de amnistía, como las multas por la ley orgánica de seguridad ciudadana.
Por otra parte, ambos líderes se instaron a mantener la "interlocución constante" para realizar el seguimiento de la aplicación de la norma.