El fiscal general del Estado advierte de las consecuencias del registro que hizo la Guardia Civil a su despacho la semana pasada por órdenes de Ángel Hurtado, el juez del Tribunal Supremo que lo está investigando por presunta revelación de secretos en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz ha reunido esta semana a los fiscales jefe y a los fiscales de sala especializados para darles cuenta del registro de la Unidad Central Operativa (UCO), que comportó el volcado de todo el contenido de su móvil y de su ordenador de trabajo, según ha adelantado La Vanguardia y ha podido confirmar ElNacional.cat. Fuentes jurídicas relatan a este medio que los dispositivos contenían información de muchas fiscalías que tienen en marcha “investigaciones sensibles” y señalan que el fiscal del Estado quería explicar a los fiscales cómo podría afectar al registro al trabajo de su día a día. Apuntan, por ejemplo, que podría haber información de causas secretas o de investigaciones que no están judicializadas y que todavía se encuentran en la fase de diligencias preprocesales. Todo ello ha generado “inquietud” en la Fiscalía, sobre todo por la “desproporción” de una medida “tan drástica” por un “delito menos grave como revelación de secretos”, apuntan a ElNacional.cat las mismas voces.
🗓️ Del correo de la pareja de Ayuso al Supremo: ocho meses y un fiscal del Estado investigado por primera vez
Entre los fiscales jefe con quienes se reunió Álvaro García Ortiz había el del Tribunal Constitucional (Pedro Crespo), el de la Audiencia Nacional (Jesús Alonso), el del Tribunal de Cuentas (Manuel Martín-Granizo), el anticorrupción (Alejandro Luzón) y la antidrogas (Rosa Ana Morán). Por otra parte, se vio con los fiscales de las unidades especializadas, como de violencia contra las mujeres, menores, cooperación internacional, criminalidad informática o delitos de odio. Durante los encuentros, los fiscales convocados expresaron su “preocupación por la gravedad del tema” y por la “excepcionalidad de la medida”.
La UCO también se llevó información del móvil y del ordenador de la fiscal jefe de Madrid
Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran que el registro en el despacho de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, que también está imputada en esta causa, es igual de “grave”. Además, alertan de que la Fiscalía de Madrid sí investiga causas directamente, mientras que el fiscal general del Estado puede tener información de las causas, pero no actúa. En la Fiscalía de Madrid, por ejemplo, están las causas en las que se está investigando a Begoña Gómez o al mismo Alberto González Amador.
La Abogacía del Estado pide al Supremo que archive la causa
Justamente la defensa de la fiscal jefe de Madrid, ejercida por la Abogacía del Estado, ha pedido el archivo de la causa, según informa Europa Press. En un recurso de súplica, justifica que las premisas que sustentan los indicios de culpabilidad no respetan la “realidad de los hechos documentados” y esgrime que hay un “evidente y manifiesto error” en la afirmación de que Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez son sospechosos de filtrar el correo entre la defensa de González Amador y el fiscal que lo investigaba por delitos fiscales. Asimismo, subraya que los primeros medios de comunicación que filtraron el contenido de los correos indicaron que la información procedía de “fuentes próximas a la defensa”, según “se desprende del tenor literal de los artículos”, y lamenta que las noticias no fueran objeto de análisis por el Supremo y fueran “obviadas” a la hora de abrir la causa contra el fiscal general del Estado.
“Este indicio [contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez] es de mínimo poder incriminador, si resulta que, en realidad, los correos de referencia estaban en poder del afectado, de la defensa, de la Fiscalía y de múltiples medios de comunicación que dijeron ser informados por la defensa del querellante”, añade. La argumentación de la Abogacía del Estado va en la línea de lo que expresó la teniente fiscal del Supremo y número dos del fiscal del Estado, María Ángeles Sánchez Conde.
El fiscal general del Estado se abstiene de la investigación contra él y de las dos piezas sobre González Amador
Y una última novedad del caso. El fiscal general del Estado ha decidido abstenerse de la investigación contra él en el Tribunal Supremo y del caso de Alberto González Amador. En dos decretos a los que ha tenido acceso ElNacional.cat, Álvaro García Ortiz se abstiene de “intervenir en la dación de cuenta o en cualquier otra actuación que corresponda al fiscal general del Estado” en relación con la investigación de Ángel Hurtado y con las dos investigaciones sobre Alberto González Amador: la de presunto fraude fiscal que estalló en marzo (el fiscal del Estado se abstuvo cuando asumió la responsabilidad de la nota de prensa) y la nueva pieza separada sobre su relación con Quirón. La voluntad del fiscal del Estado es “preservar la imagen de imparcialidad” del Ministerio Fiscal y “aclarar cualquier duda” derivada de su imputación.
¿Qué quiere decir eso? Que él desaparece de las causas y se elimina la obligación establecida en el Estatuto del Ministerio Fiscal de informar al superior jerárquico. La cuestión es que la representante de la Fiscalía en la causa contra él en el Supremo será la teniente fiscal del Supremo y número dos de la Fiscalía, María Ángeles Sánchez Conde. Y a partir de ahora, se anula la obligación que le dé cuenta sobre las actuaciones. Así pues, queda sin efecto el precepto que establece que los miembros del Ministerio Fiscal “tienen que poner en conocimiento del fiscal general del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia tenga que conocer”. En este sentido, la teniente fiscal del Supremo aprobó un decreto el martes, consultado por este medio, en el que acordaba que las comunicaciones del Supremo relacionadas con la investigación en García Ortiz se remitirán “directa y exclusivamente” a ella. La semana pasada, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y Manos Limpias, que están personadas como acusaciones populares, solicitaron la suspensión cautelar del fiscal general del Estado.