El fiscal general está alineado con los fiscales a favor de aplicar la malversación agravada a Carles Puigdemont, según fuentes consultadas por Europa Press este martes. La cosa es que Álvaro García Ortiz avaló el criterio de los fiscales del procés, que daban apoyo a la decisión del juez Pablo Llarena de mantener el procesamiento del president por el delito de malversación agravada — a pesar de la reforma penal que introduce versiones atenuadas. Es decir, que comparte el criterio de los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que ahora han endurecido la acusación a Puigdemont, Comín y Ponsatí con desórdenes, agravados.
Después de la entrada en vigor de la reforma penal que eliminaba el delito de sedición y modificaba la malversación, Llarena se vio obligado a reformular el procesamiento y las órdenes de detención contra los exiliados. Así pues, el juez acordó reemplazar la sedición por desobediencia y descartó que los hechos encajaran en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados — a la vez que mantuvo la malversación agravada, descartando las versiones atenuadas. Llarena indicó que la reforma penal planteaba un escenario próximo a la despenalización de los hechos, con los cuatro fiscales diciendo que "la derogación del delito de sedición, que abarcaba un desvalor de la acción y uno injusto típico mucho más amplio, no impide aplicar el delito del artículo 557.2 CP (desórdenes públicos agravados) y el de desobediencia".
Ninguna objeción
Es decir, que los fiscales discrepan con Llarena en la forma de perseguir los hechos antes descritos como sedición — "compartiendo el resto de los pronunciamientos del auto", el procesamiento por malversación agravada. El juez explicó que era posible mantener la antigua malversación para interpretar que "el ánimo de lucro" que incluye la nueva redacción es equiparable a utilizar el dinero público como "propios", cosa que cree que hicieron los líderes independentistas.
Dicho esto, parece que García Ortiz no planteó ninguna objeción a la propuesta de los fiscales porque coincide en el hecho de que no tiene que haber "espacios de impunidad". El fiscal general todavía tiene que emitir un decreto para unificar el criterio sobre cómo se tiene que aplicar la nueva malversación en las revisiones de casos que tengan lugar que busquen la norma más favorable al reo. El decreto se conocerá en los próximos días, después de que García Ortiz haya mantenido contactos con miembros de varias fiscalías como Anticorrupción y la del Supremo. Es lo que ya hizo con la ley del solo sí es sí, rechazando rebajar penas a los violadores si continúan vigentes bajo la norma.