El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desmiente “tajantemente” que haya presionado al fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, para que se opusiera a investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso del Tsunami Democràtic. En una breve nota de prensa, García Ortiz afirma que “ha respetado y respeta absolutamente la libertad de criterio de Álvaro Redondo” y, por lo tanto, “niega rotundamente las informaciones que afirman que ha influido” en su decisión. Esta ha sido la rápida respuesta de García Ortiz a la publicación de El Mundo que asegura que Álvaro Redondo redactó un primer informe favorable a investigar a Puigdemont por terrorismo y que, después de reunirse con el fiscal general del Estado, cambió de opinión y elaboró un segundo en sentido contrario.
Asimismo, el fiscal general “rechaza cualquier insinuación que cuestione la profesionalidad y honorabilidad” de los fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que han informado sobre esta causa. Finalmente, Álvaro García Ortiz ha anunciado que “requerirá formalmente a los medios que han difundido informaciones sobre las supuestas presiones para que rectifiquen inmediatamente la información difundida”.
“No recibí ni una mínima sugerencia por parte del fiscal general”
Por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, relata la cronología de los hechos. Explica, en una nota enviada a los medios, que el miércoles 24 de enero, el día después de que se le encargara, “por estricto turno regular de reparto”, responder a Manuel García-Castellón, redactó “un primer borrador interno, como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal”. Más tarde, y después de un “estudio profundo y exhaustivo de los complejos hechos relatados en una exposición de más de cien folios, así como de la doctrina del Tribunal Supremo”, elaboró el borrador de ponencia para la junta de Fiscales, en el que concretaba que “los hechos no constituían concretamente un delito de terrorismo”.
Posteriormente, el martes 30 de enero, acudió a una audiencia con el fiscal general del Estado, en la que le “adelantó sucintamente el sentido del borrador de ponencia”. “El fiscal general se dio por enterado verbalmente, sin darme ninguna instrucción, y no consideró necesario recibir, como le ofrecí, y era totalmente procedente, ni siquiera una copia de dicho borrador”, expone Álvaro Redondo. El fiscal del Tribunal Supremo desmiente que haya recibido “ninguna instrucción” de García Ortiz: “No recibí, no ya una instrucción, sino tan solo una mínima sugerencia por parte del fiscal general del Estado sobre la postura jurídica que tenía que asumir”. Álvaro Redondo también explicita que su sistema informático demuestra que elaboró el borrador de ponencia “varios días antes de ser recibido en breve audiencia por el fiscal general”.
El fiscal del Tribunal Supremo coincide con el fiscal de la Audiencia Nacional
El documento presentado por Álvaro Redondo sigue la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que consideró que no hay suficientes indicios para proceder contra Puigdemont y que los hechos no son constitutivos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves. El informe de Redondo todavía no es definitivo, ya que se tiene que someter al examen de la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo, que se celebrará el martes.
El PP reclamaba “aclaraciones y transparencia” al fiscal general
A primera hora de este lunes, el PP había exigido “aclaraciones y transparencia” al fiscal general. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, y tras invitarle a explicarse en el Congreso de los Diputados, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha reclamado que, “ante la gravedad” de los hechos, las explicaciones “no pueden esperar y se tendrían que producir públicamente y de manera transparente” hoy mismo. “Si se habla de dos informes con un cambio de posición en un asunto de tanta trascendencia, no puede quedar ninguna duda sobre la imparcialidad de quién firmará este informe”, ha proclamado Cuca Gamarra.