La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, admite que la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la excúpula de Interior es "muy contundente y sólida", y por eso hay que analizarla detenidamente para decidir si presentan recurso en contra, teniendo en cuenta la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo. Delgado explica que el ministerio fiscal está estudiando el escrito, pero recuerda que una sentencia absolutoria es más difícil de recurrir porque sólo se puede hacer si se ha hecho una interpretación irracional de las pruebas.
Delgado, en una entrevista en eldiario.es e Infolibre, recuerda el procedimiento de la Audiencia Nacional y el del Supremo contra el procés empezaron con otro fiscal general, "que tuvo una intervención directa y activa", y que ella no sabe si habría acusado de rebelión a los líderes del procés, o de sedición en Trapero y la excúpula de Interior cómo lo hizo su antecesor.
No supone una desautorización
Preguntada sobre el hecho de que las tesis del ministerio fiscal fracasaran tanto en el juicio en el Supremo como en la Audiencia Nacional, Delgado manifiesta que "esta es la grandeza del Estado de Derecho". En todo caso, apunta que una sentencia desfavorable "no supone una desautorización", se trata, asegura, de una "distinta valoración de los hechos".
Sobre los indultos a los condenados en el juicio al procés, la fiscal general afirma que la fiscalía tendrá en cuenta todos los aspectos y "específicamente" los de la sentencia, "que en muchos aspectos es clave". El informe no vinculante para el Gobierno que tiene que redactar el ministerio público irá a cargo de los mismos fiscales que siguieron el juicio y ella, asegura, no intervendrá en el sentido del informe.
Respecto de la posible rebaja de penas por el delito de sedición en el Código Penal, planteada por Podemos en el Congreso, Delgado sostiene que en el siglo XXI hay nuevas formas de atentar contra la democracia, como la vía tecnológica. Por eso, cree que hay que adaptar el Código Penal a la realidad como, por ejemplo, castigando las posibilidades de cometer las mismas finalidades de sedición de otra manera. Sin embargo, cree que la reforma debe hacerse por consenso jurídico, político y social. En el caso de Catalunya, Delgado cree que "también necesita mucha racionalidad jurídica".