La financiación de la campaña del líder de Se Acabó la Fiesta (SAF), Alvise Pérez, a las elecciones europeas de junio de este año se han puesto en cuestión desde el principio. Ahora, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido en la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, que investigue la presunta financiación ilegal de SALF, según apunta El Periódico de España. El juez abrió una pieza separada en la causa en la cual se investiga una presunta estafa piramidal a través de una plataforma de inversiones —Madeira Invest— para determinar la posible existencia de un delito de financiación ilegal del partido, ya que, Alvise recibió 100.000 euros para financiar su campaña en las elecciones europeas el pasado 9 de junio, en las que consiguió 3 escaños.
100.000 euros por la campaña
El Tribunal Supremo derivó a la Audiencia Nacional la denuncia contra Alvise presentada por el responsable de Maderia Invest, Álvaro Romillo, conocido como 'Luis Cryptospain'. En un vídeo que publicó en su canal de Telegram, dónde congrega a más de 800.000 seguidores, Alvise reconoció que "cobró en efectivo y sin factura" los fondos de Romillo. La respuesta del empresario fue querellarse contra el eurodiputado, que está citado a declarar el próximo miércoles, 20 de noviembre, ante el juez Calama. Sin embargo, Alvise aseguró que la situación se solucionará después de presentar una declaración "complementaria a Hacienda".
Según la denuncia presenta por el empresario de las criptomonedas, el 27 de mayo le dijo a Alvise que se podía pasar por la sede de su empresa, Sentinel, para recoger en efectivo los 100.000 euros. Alvise le contestó: "100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias, tío". Cuando a Romillo le confirmaron que Alvise había recogido el importe, le volvió a escribir para confirmar la entrega. Alvise le contestó: "Todo ok, y que 100.000 gracias". El magistrado, además, indica que los documentos que acompañan la denuncia de Romillo la dotan de verosimilitud, de manera que contribuyen los requisitos necesarios para su admisión a trámite y la práctica de diligencias de investigación. Alvise Pérez, al ser eurodiputado, es aforado ante el Tribunal Supremo, y el juez Calama le ofreció la posibilidad de declarar voluntariamente al juzgado, así como aportar toda la documentación que requiera. La denuncia de Romillo relata los diferentes contactos mantenidos con Alvise con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios, y al mismo tiempo, el eurodiputado "podría financiar con seguridad la campaña sin persecución estatal".
Así pues, Alvise el próximo 20 de noviembre no se presenta en calidad de investigado. En cambio, Romillo sí comparecerá como imputado porque ha reconocido haber pagado los 100.000 euros en Alvise pocos meses antes de la campaña de las europeas.