Primera piedra a la ley de amnistía. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado los cuatro fiscales de Supremo del procés para unificar criterios en la aplicación de la ley de la amnistía y cerrar divisiones, este jueves, el mismo día que el Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente esta norma que borra toda responsabilidad por haber impulsado la independencia de Cataluña. Los fiscales del Supremo ya han alertado a su superior que no se pueden amnistiar la malversación del 1-O, según fuentes presentes en la reunión. Es a decir, las causas que afectan el president Carles Puigdemont, y ex consejeros al exilio Toni Comín y Lluís Puig, y a los presos políticos condenados e indultados, como el líder de ERC Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, así como los excàrrecs de Junts y ERC pendientes de juzgar al TSJC y al juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Con este posicionamiento, los fiscales del Supremo también cuestionan que se pueda levantar la orden de detención en el Estado español de Puigdemont y los exconsellers. La ley de amnistía indica que el levantamiento de esta medida cautelar tiene que ser "inmediatamente".
Desde la Fiscalía General del Estado (FGE) solo han informado que son “reuniones de trabajo para coordinar la actuación de la Fiscalía en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias.”. También se ha convocado el fiscal que actúa ante el Tribunal de Cuentas. "Se han abordado los caminos procesales para la aplicación de la ley en todas las causas a las cuales afecta", ha afirmado la portavoz de la FGE, que ha anunciado que la reunión ha acabado a las 12 del mediodía.
La orden de detención, en manos del juez Llarena
Con este posicionamiento, los fiscales del Supremo también cuestionan que se pueda levantar la orden de detención en el Estado español de Puigdemont y los exconseller en el exilio. La ley de amnistía indica que el levantamiento de esta medida cautelar tiene que ser "inmediatamente". La decisión final está en manos del juez instructor del Supremo del 1-O, Pablo Llarena, el cual tiene que decidir si cumple la ley o eleva una consulta al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El magistrado, como fija la ley y es habitual, consultará primero a la Fiscalía y a las partes personadas sobre qué se tiene que hacer. Ahora bien, todo esto, no se podrá activar hasta que la ley de amnistía se publique al BOE, y ahora no se prevé que sea hasta la semana próxima.
Reunión con los fiscales de Catalunya
Este viernes, García Ortiz recibirá en Madrid al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, los cuatro fiscales provinciales y los seis jefes de área. El equipo de la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, es el que tendrá más casos por resolver porque se acumulan las causas abiertas contra activistas y manifestantes, que Alerta Solidaria ha situado en cerca de medio millar. Los fiscales de área tendrán sobre la mesa la persecución de alcaldes por permitir la votación del 1-O, a pesar de que ya quedan pocos casos.
La malversación, un escollo para amnistiar
Todo y las discrepancias muy visibles en la Fiscalía entre los llamados grupos progresistas, o próximos al PSOE, y los conservadores, al PP, hay un consenso compartido sobre la malversación de fondos y el 1-O. La Fiscalía ya expresó públicamente su posicionamiento y no aceptó la reforma hecha por el PSOE y ERC que sostiene que se aplicará un castigo menor si el uso de dinero público no implica el enriquecimiento personal. La ley de amnistía recoge este delito, pero, ya se avanza que el Tribunal Supremo presentará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una consulta si los delitos de corrupción, como la malversación, se pueden amnistiar y son respetuosos con el derecho de la Unión.
Favorables al terrorismo de Tsunami
Los fiscales del Supremo Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno no se han escondido de defender un castigo ejemplar contra los independentistas catalanes, e incluso defendieron el delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, mientras la opinión oficial de la Fiscalía fue descartarlo. La Fiscalía es un órgano jerárquico y se tiene que respetar lo que dicte al fiscal general, aunque hay mecanismos para que los fiscales expresen sus discrepancias. Precisamente, ha trascendido que los fiscales del Supremo ya preparan un informe de oposición a la ley.
Presiones a García Ortiz
En los últimos meses, el fiscal general del Estado está recibiendo una fuerte oposición del grupo mayoritario a la Fiscalía, dominada por la conservadora Asociación de Fiscales (AF), la cual lo ha criticado abiertamente por no permitir el debate y que el Consejo Fiscal realizara un informe sobre la ley de la amnistía del Proceso. Además, el Tribunal Supremo, también dominado por la rama más conservadora, ha aceptado a trámite la denuncia contra su nombramiento, y ha descartado apartar los magistrados que García Ortiz recusó al considerar que habían perdido su imparcialidad.