Después de superar el primer asalto judicial de la semana, viendo como el Tribunal Supremo avala su nombramiento como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz afronta este miércoles una cita complicada y peligrosa. E inédita en la historia reciente del Estado español: declarar como investigado en una causa penal. El juez Ángel Hurtado está investigando si fue él quién filtró a los medios de comunicación el correo del abogado de Alberto González Amador en el que reconocía que había cometido dos delitos fiscales y, después de poco más de tres meses de instrucción, catorce testigos y tres informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Álvaro García Ortiz tendrá que explicar su actuación entre el 13 y el 14 de marzo. Alrededor de la declaración, cernirán muchos interrogantes que tendrían que permitir aclarar, en palabras del magistrado, quien “filtró subrepticiamente” el correo a la prensa “sin ninguna autorización del titular del secreto”.
🗓️ Del correo de la pareja de Ayuso al Supremo: ocho meses y un fiscal del Estado investigado por primera vez
⏱️ De “no puede esperar” a “eso ahora no importa”: las 48 horas de la filtración sobre la pareja de Ayuso
Hace dos meses, la UCO atribuyó al fiscal general del Estado una “participación preeminente” en los “hechos que derivaron en la filtración investigada”. En un informe de 57 páginas, al que accedió ElNacional.cat, la Guardia Civil relató que Álvaro García Ortiz empezó a “impartir órdenes para obtener los correos” entre el abogado de González Amador y la Fiscalía: “La iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y la de requerir los diferentes correos es afirmada por el fiscal general del Estado, que imparte de manera directa las órdenes, apreciándose en las comunicaciones la consiguiente subordinación jerárquica a su cumplimiento”, esgrimía la UCO. Añadido a esto, hace quince días, en el auto que lo citaba como investigado, el juez Ángel Hurtado argumentó que hay una “base indiciaria” para presumir su “relevante participación” en la filtración, dado que “fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales”. “Se puede hablar de una dinámica delictiva que tuvo como objetivo divulgar a través de medios de comunicación información concerniente a la intimidad de una persona y que obtuvo una publicidad que no tendría que haber alcanzado por razones de confidencialidad”, remachaba al magistrado.
Toda esta investigación arrancó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fruto de una querella de la pareja de Ayuso por la nota informativa que se publicó el 14 de marzo. En junio, Álvaro García Ortiz envió un escrito al TSJM asumiendo la “responsabilidad última” y dejando claro que no se habría hecho sin su “previa autorización” y sus “instrucciones expresas y directas”. Sin embargo, tres meses más tarde, el Supremo argumentó que el comunicado no contenía “información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos” y centró la investigación en la filtración del correo.
¿Por qué tenía tanta prisa? ¿Y por qué quería los correos?
Uno de los interrogantes que cierne sobre su papel en las horas decisivas que condujeron a la filtración del correo es por qué necesitaba con tanta urgencia la información. Uno de los momentos clave es a las 21.43 h del 13 de marzo, momento en el que se produjeron dos llamadas simultáneas. La fiscal jefe provincial de Madrid (y también investigada), Pilar Rodríguez, llamó al fiscal de Delitos Económicos Julián Salto y le puso prisas: “El fiscal general del Estado no puede esperar, lo necesita saber ya y conocer el contenido de los correos”.
En paralelo, Álvaro García Ortiz habló por teléfono con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y le pidió los correos invocando la autoridad jerárquica: “Él me dijo «Quizás sería bueno que tuviéramos estos correos», y yo le dije «Yo no los necesito para nada porque, te insisto, tengo completa cuenta de cómo se han cumplido todos los antecedentes»”, expuso ella en junio ante el juez del TSJM que investigaba los hechos. Finalmente, a las 21.59 h, el fiscal general del Estadp recibió el famoso correo del 2 de febrero: “Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. En opinión del juez, el “trasiego del intercambio de mensajes” que se produjo en aquel momento es “revelador” de momentos de “urgencia y gran tensión” que tienen lugar “bajo su batuta”.
¿Por qué dijo “eso ahora no importa”?
Una segunda pregunta que emergió hace un par de semanas nació fruto de la declaración como testigo de Almudena Lastra. La fiscal superior de la Comunidad de Madrid relató ante el juez que el 14 de marzo, a las 9.08 h, habló por teléfono con Álvaro García Ortiz: “Según descuelgo, porque estaba un poco quemada con este asunto, le dije «¿Álvaro, has filtrado los correos?» y me dijo «Eso ahora no importa, hay que sacar la nota inmediatamente»”. “¿Tuvo alguna información que le conduce a esta deducción?”, le preguntó el letrado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscals (APIF) durante el interrogatorio. “A las 21.54 h, nos llegan los dos correos, a la fiscal jefe provincial y a mí. Hablo con la fiscal jefe provincial. Acto seguido, me dice que los ha enviado al fiscal general del Estado y a las 23.50 h, la SER da como primicia que el abogado ha solicitado a la Fiscalía el pacto. Y ya da el contenido de los correos electrónicos. Hombre, pues, en fin. [...] Uno hace sus deducciones, sin perjuicio que yo no sé quién [fue]”, contestó. Y ahora el fiscal general del Estado tendrá que responder porque restó importancia a la filtración del correo.
¿Filtró él el correo a la prensa?
La pregunta que triangula toda la investigación es si fue él quien hizo llegar el correo del abogado de Alberto González Amador a los medios de comunicación. Es el gran interrogante que todavía no se ha resuelto. Miguel Ángel Rodríguez (MAR), el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, aseguró que él difundió un correo del fiscal Julián Salto a las 22.27 h del 13 de marzo, aunque posteriormente Almudena Lastra afirmó que el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, le había dicho por teléfono dos horas antes que ya había periodistas avisándolo que MAR estaba explicando que la Fiscalía había propuesto un pacto (cosa que finalmente quedó desmentida). Asimismo, ha habido tres periodistas que han declarado como testigos y que han verbalizado que accedieron al correo del 2 de febrero antes de que lo tuviera el fiscal general del Estado. A pesar de todo, el juez mantiene clara la tesis: “Los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan que solo después de la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21.59 horas es cuando tiene lugar su difusión, cosa que tiene que llevar a mantener su condición de imputado”.
¿Filtró él el correo en la Moncloa?
Otra filtración que está encima de la mesa es la que hizo llegar el correo a la Moncloa. Así quedó patente con la conversación de WhatsApp entre Juan Lobato (que en aquel momento era líder del PSOE de Madrid) y Pilar Sánchez Acera (que era la mano derecha de Óscar López, el entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez). Ella le envió el documento del correo del abogado de la pareja de Ayuso antes de que se publicara a los medios de comunicación: “La imagen de la carta es potente. Vigila con los datos personales. Se puede sacar”, le dijo la asesora de la Moncloa. En la respuesta, Lobato le expresó sus dudas: “¿Pero se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha. ¿La carta cómo la tenemos?”. “Porque llega, la tienen los medios”, le replicó Pilar Sánchez Acera, sin dar más detalles sobre el origen del correo. Pero Lobato desconfió: “Es buena para explicar a la rueda de prensa con la misma carta, pero la necesito diciendo de dónde la saco porque si no, parece que me la ha dado la Fiscalía”.
El fiscal general del Estado tendrá que aclarar si fue él quien hizo llegar el correo al entorno a Pedro Sánchez, que es la tesis que ha apuntado al juez instructor, que esgrime el correo llegó a El Plural “con salida de la Fiscalía General del Estado y destino a la Presidencia del Gobierno”, que lo puso a disposición de Juan Lobato para que “hiciera uso con una clara finalidad política”. La Moncloa, viendo que Lobato planteaba dudas de que se hubiera publicado en algún medio, hizo “gestiones para la publicación en El Plural del correo del 2 de febrero, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra Juan Lobato en la Asamblea, y que no lo estaban en el correo que anteriormente había recibido él de Presidencia”.
¿Por qué borró los mensajes del móvil? ¿Qué protocolo siguió? ¿Por qué cambió de móvil?
Finalmente, el último interrogante que se intentará aclarar será sobre el borrado de los mensajes de móvil que hizo Álvaro García Ortiz. Eso impidió a la Guardia Civil analizar conversaciones de WhatsApp de los días clave de la filtración, dado que la Unidad Central Operativa (UCO) encontró “cero mensajes” en aplicaciones de mensajería instantánea del teléfono del fiscal general del Estado entre el 8 y el 14 de marzo. Posteriormente, la Fiscalía relató que Álvaro García Ortiz borró los mensajes fruto de un “borrado cíclico” por motivos de seguridad y de protección de datos y la Guardia Civil concluyó que cambió de teléfono siete días después de que el Supremo lo encausara. ¿Cuál es este protocolo? ¿Por qué no conservó los mensajes? De momento, el juez está esperando que WhatsApp y Google aporten datos de sus cuentas: solicitó a WhatsApp los mensajes recibidos y/o enviados y las copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia y a Google, los datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta.