“Rotundamente no”. Álvaro García Ortiz se defiende y niega haber participado de ninguna forma en la filtración que investiga el Tribunal Supremo del correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ha sido la primera vez en la historia que un fiscal general del Estado declaraba como investigado en el Supremo y, ante el juez Ángel Hurtado, ha asegurado que no filtró ningún tipo de información sobre Alberto González Amador a ningún periodista ni al Gobierno y ha negado que diera órdenes a ningún fiscal para hacerlo. También ha rechazado que intentara perjudicar a la pareja de la presidenta madrileña. Así lo relatan fuentes jurídicas a ElNacional.cat. Durante una hora y media, ha respondido solo a su defensa (ejercida por la Abogacía del Estado) y se ha negado a contestar al juez, esgrimiendo que hay diligencias que no conoce y otros que el instructor ha impedido y que no puede ejercer el derecho de defensa porque todo está basado en el “allanamiento” de su despacho (que fue registrado por la Guardia Civil), que ha catalogado como un hecho “sin precedentes”. Tampoco ha contestado a las acusaciones populares, mientras que la fiscal ha decidido no preguntar alegando que no se había resuelto el recurso de nulidad contra el registro de la Guardia Civil. Álvaro García Ortiz ha denunciado que aquel registro fue “invasivo para los derechos fundamentales”.
❓ El fiscal general del Estado declara en el Supremo como investigado: las preguntas que tiene que responder
Además, el fiscal general del Estado ha quitado hierro al hecho de haber cambiado de móvil una semana después de que el Supremo lo encausara y ha asegurado que ha cambiado de teléfono seis veces en cuatro años porque tiene datos personales y de relaciones institucionales e internacionales. Sencillamente, ha señalado que el 23 de octubre le tocó hacer el cambio de dispositivo. Por otra parte, en relación con la conversación con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra (que le habría preguntado si él filtró el correo y le habría respondido “eso ahora no importa”), ha respondido con ambigüedad y no ha concretado si la conversación se produjo. Asimismo, ha verbalizado que él no cree que nadie se pueda dirigir a él en los términos que lo hizo Lastra, ha considerado que la fiscal superior de Madrid tiene muy desafecto hacia la cúpula fiscal y ha recordado que ella también tenía los correos.
Álvaro García Ortiz ha declarado como investigado porque el juez instructor, Ángel Hurtado, considera que hay una “base indiciaria” para presumir su “relevante participación” en la filtración, dado que “fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales”. El magistrado considera que las conclusiones de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil “aportan una información de peso” que “apuntala” su presunta participación en la filtración: la UCO concluyó que había tenido una “participación preeminente”. Como autoridad, Álvaro García Ortiz ha llegado en coche oficial en la puerta principal del Supremo cuando faltaban quince minutos para las diez de la mañana y su declaración ha empezado puntual. Ha sido recibido por Javier Huete, fiscal de Penal del Supremo, y lucía una corbata azul con símbolos de la balanza que representa la justicia.
La intervención de Diego Villafañe y Pilar Rodríguez
Más detalles. Álvaro García Ortiz ha relatado que el 7 de marzo, antes del Consejo Fiscal, la jefa de prensa de la Fiscalía, Mar Hedo, le comentó que un periodista había preguntado por este tema. Él llamó a Diego Villafañe, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que desde hace quince días también tiene la condición de investigado, para que se interesara por el asunto. Al día siguiente, recibió verbalmente una información más completa por parte de Villafañe. Además, ha relatado que entre el 7 y el 12 de marzo nadie le dijo nada de ningún correo electrónico. Sobre el WhatsApp que le envió a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, poniéndose a “su disposición”, ha puntualizado que se lo dijo porque acababa de ser renovada. El 13 de marzo Almudena Lastra le llamó en el teléfono fijo y le comentó la noticia de El Mundo: “Estamos alerta”, le contestó. Más tarde, le llamó Mar Hedo y le hizo referencia a la noticia de El Mundo, con la fecha del correo y el nombre del fiscal.
“Una dinámica delictiva que divulgó información concerniente a la intimidad de una persona”
El correo que se está investigando es el que Carlos Neira, el entonces abogado de Alberto González Amador, envió el 2 de febrero a la Fiscalía de Delitos Económicos: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, os comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos. Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, admitía el letrado de la pareja de Ayuso. Hace unos días, el juez Ángel Hurtado esgrimió que “se puede hablar de una dinámica delictiva que tuvo como objetivo divulgar a través de medios de comunicación información concerniente a la intimidad de una persona y que obtuvo una publicidad que no tendría que haber alcanzado por razones de confidencialidad”.
Álvaro García Ortiz asumió la nota informativa que se publicó el 14 de marzo
Hace siete meses, en junio, Álvaro García Ortiz asumió la “responsabilidad última” de la nota informativa sobre la pareja de Ayuso. “La información no se habría producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas”, afirmó en un escrito enviado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que también defendía que la nota era “objetiva y neutral” y “no infringía ningún deber de reserva, porque todos los correos electrónicos habían sido previamente revelados por los medios de comunicación”. En aquel momento, el TSJM estaba investigando la nota informativa que había servido para desmentir que la Fiscalía hubiera ofrecido un pacto a Alberto González Amador, pero el Supremo argumentó meses después que el comunicado no contenía “información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos” y centró la investigación en la filtración del correo.
El PSOE y el PP mantienen las espadas en alto sobre el fiscal general del Estado
Desde el primer momento, Álvaro García Ortiz ha contado con el aval infranqueable del Gobierno. Justo esta mañana, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado al fiscal general del Estado como una “persona íntegra”. “Tiene el apoyo del Gobierno”, ha subrayado en una entrevista en TVE, en la que ha augurado que “la verdad se sabrá y la justicia prevalecerá”. En la misma línea, la portavoz del ejecutivo español, Pilar Alegría, ha negado que Álvaro García Ortiz haya cometido un delito de revelación de secretos: “Tengo la sensación de estar delante de un escenario paranormal”, ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER. En todo momento, el mensaje de la Moncloa ha sido lo mismo: “Ha hecho su trabajo. Hizo lo que tenía que hacer: perseguir al delincuente y combatir una mentira”, reivindicó Pedro Sánchez hace tres meses.
Mientras tanto, el PP sigue cargando contra él y exige que dimita. “Hoy declara por poner la Fiscalía al servicio de la estrategia de Pedro Sánchez y por haber podido vulnerar la ley para hacer daño a Isabel Díaz Ayuso”, lamentan fuentes del PP, que denuncian que “someta la institución a la deshonra” por haber actuado por “indicación” de Pedro Sánchez. “Su salida urge casi tanto como la del presidente del Gobierno porque en términos de decencia y dignidad son la misma cosa”, remachan las mismas voces. Ayer, Alberto Núñez Feijóo lanzó a Sánchez que “necesita” a Álvaro García Ortiz como “defensa de su partido, de su gobierno y de su familia” y aseguró que no lo cesa porque “probablemente ha hecho lo que le ha pedido”.