Siguen los días convulsos para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en las últimas semanas se está enfrentando a los peores momentos de su segundo mandato. Ahora, se abre la puerta a una posible dimisión si el Tribunal Supremo asume la denuncia por revelación de secretos que interpuso la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y lo acaba investigando por revelación de secretos. Según adelanta El Independiente, no dudan de que eso acabará pasando, ya que consideran que se trata de una estrategia de la derecha para acabar con García Ortiz y seguir debilitando el gobierno de Pedro Sánchez. Con todo, según el entorno del fiscal general, "está con fuerza" y se ve capaz de seguir aguantando los golpes, pero con la excepción de la querella de la pareja de Ayuso, que consideran "que pinta muy negro".
Sin embargo, según las mismas fuentes, la estrategia para cargarse al fiscal general es que la Sala de lo penal del alto tribunal la imputará y después archivará la causa. "Pero ya habrán conseguido lo que querían", dicen.
Estrategia contra García Ortiz
Fuentes fiscales próximas al fiscal general consideran que hay una estrategia de la derecha por dejar fuera de García Ortiz y señalan a Miguel Ángel Rodríguez (MAR) como el responsable. Estas fuentes aseguran que la primera filtración sobre el correo del fiscal del caso, Julián Salto, con el abogado de González Amador, donde se entendía que ofrecía un pacto y no al revés, fue un "anzuelo" sobre el que la Fiscalía "picó de pleno". Precisamente, en este punto marcan el origen de esta estrategia contra el fiscal general. Antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitiera a trámite la querella de González Amador, MAR ya auguró un futuro negro para García Ortiz, en concreto, hablaba de prisión. El pasado 23 de abril, en una publicación en su cuenta de X, señaló "tengo la sensación que el fiscal general del Estado acabará en la prisión. Es opinión mía, desde mi teléfono personal. La caza de Sánchez contra Díaz Ayuso les va mal. España no es Venezuela". Dos semanas después se admitía a trámite la querella contra el fiscal Salto y la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Aunque la denuncia va contra estos dos fiscales, Álvaro García Ortiz se autodesignó responsable de este caso. En la toma de posesión de varios fiscales, aprovechó para asegurar "como Fiscal General del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esta nota de prensa".
García Ortiz no está acumulando grandes amigos durante su mandato. Hace solo unas semanas, el fiscal general ha cuestionado la imparcialidad de los jueces que tienen que decidir sobre su continuidad. Así pues, ha pedido apartar a todos los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que estudiar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación y decidir si continúa o no en el cargo, dado que son los mismos magistrados que ya dijeron que había actuado con "desviación de poder" al proponer Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática.