"El fiscal general no miente: no sabía nada del primer informe y solo es válido el que se elevó a la junta de fiscales. Si se difundió un borrador se ha traicionado el compañerismo, que es un tesoro. Tenemos un problema." El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha realizado estas afirmaciones, este miércoles, por la polémica abierta en la junta de fiscales del Tribunal Supremo sobre la causa de Tsunami Democrátic y si había que imputar al president Carles Puigdemont por terrorismo.
A pesar de la rebelión de una parte de los fiscales, García Ortiz ha asegurado que la división de criterios "se resolverá de forma reglada", que su trabajo "no es opinar, sino apoyar a los compañeros", y ha pedido a políticos y opinadores: "Que nos dejen trabajar." Con todo, el fiscal general ha reprochado que uno de los fiscales del Supremo haya acudido a un medio de comunicación a explicar el resultado de la junta del martes, donde ha acusado al Gobierno de hacer un 155 a la Fiscalía.
García Ortiz está en Barcelona este miércoles para presidir una junta con los fiscales jefe de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, en pleno debate de la ley de amnistía del procés, que se reanudará este mes en el Congreso de los Diputados después del voto en contra de Junts. Antes, ha visitado al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, que también está en la reunión, en la Ciutat de la Justicia. Están convocados los cerca de 200 fiscales de la demarcación de Barcelona.
Precisamente, el fiscal general del Estado pidió a los responsables de las fiscalías catalanas un listado de los posibles casos, sentenciados y pendientes de juicio, que podrían ser amnistiados. La ley del olvido para los hechos del procés tendría que beneficiar a unos 1.432 políticos y activistas independentistas, según las primeras estimaciones. En este sentido, García Ortíz ha indicado que todavía no tienen los datos recopilados, ya que lo tienen que hacer "manualmente", y ha agradecido la colaboración de todos los fiscales.
Tormenta en la Fiscalía
El debate jurídico sobre la amnistía y si la causa de Tsunami Democràtic encaja o no en el delito de terrorismo ha pasado a ser una guerra abierta entre fiscales, carrera donde domina la conservadora Asociación de Fiscales (AF). Álvaro García Ortiz, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), está lidiando un embate de la mayoría de fiscales del Supremo, que el martes acordaron tumbar el informe de su compañero Álvaro Redondo, porque manifiestan que existen indicios de terrorismo en las manifestaciones masivas del otoño de 2019 en Catalunya, contra la sentencia del procés. El juez Manuel García-Castellón atribuye el liderazgo de las mismas a Tsunami Democràtic, liderazgo que considera compartido con el president Puigdemont.
La solución de la Fiscalía General del Estado (FGE) también ha molestado a los integrantes del Supremo, donde están los fiscales que mantuvieron el delito de rebelión para los líderes del 1-O. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, de la UPF y persona de confianza del fiscal general, será la encargada de hacer el informe final sobre si considera que hay indicios o no para investigar a Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami.
El resultado de la votación en la junta de fiscales tendría que haber conducido a realizar un informe en el que se pidiera la investigación de Puigdemont. La FGE argumenta, sin embargo, que como los dos presidentes de la junta mantienen posiciones opuestas, se designa a su superior jerárquica para que realice el informe y con el posicionamiento que ella considere.
Marchena decide
La sala de lo penal del tribunal Supremo —presidida por Manuel Marchena, que condenó a los líderes catalanes por sedición— tiene la última palabra y la opinión de la Fiscalía no le vincula en absoluto. Su respuesta se podrá interpretar como un nuevo caso de lawfare contra los independentistas catalanes y un nuevo desafío al gobierno de Pedro Sánchez.
Este miércoles, el abogado del president Carles Puigdemont, el penalista Gonzalo Boye, ha criticado abiertamente la postura de los fiscales del Supremo. En declaraciones a Rac1, Boye ha añadido que los fiscales defienden indicios contra el presidente catalán sin ningún fundamento jurídico.