Lealtad institucional, respeto de la “soberanía nacional”, reivindicación de su autonomía e independencia y actuación de los poderes públicos dentro del marco de sus competencias. Son las cuatro ideas clave que ha compartido el reelegido fiscal general del Estado en el discurso de toma de posesión. Álvaro García Ortiz ha reivindicado que “la lealtad institucional se tiene que reclamar de todos los poderes públicos en el desarrollo de las competencias propias, sin que se puedan ignorar o suplantar a conveniencia” y ha recordado que los poderes públicos están limitados “a ejercerse dentro del marco de sus competencias”, todas ellas enmarcadas en “el respeto a la soberanía nacional que reside en el pueblo y del cual emanan todos los poderes del Estado”, en alusión al Congreso de los Diputados. Las palabras de García Ortiz, que era fiscal general del estado desde julio del 2022 y el pasado de noviembre fue ratificado por el Gobierno, llega en plena pugna entre el ejecutivo y el poder judicial, con las comisiones de investigación del Congreso sobre la mesa, las acusaciones de lawfare y el encarrilamiento de la ley de amnistía.
Álvaro García Ortiz ha abanderado que él se mantendrá lejos de la “contienda mediática” y ha querido dejar claro que no actuará como un “comentarista de la actualidad política o judicial”, ya que considera que “convertir al fiscal general en un opinador es situarlo en el centro de la polémica”. “Nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas”, ha insistido. Asimismo, ha reivindicado su “autonomía e independencia” respecto al Consejo de Ministros y ha hecho una defensa de la imparcialidad de las instituciones públicas, una “obligación constitucional y legal, pero también ética y moral” para que el Ministerio Fiscal sea “baluarte de los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía”.
Durante su discurso, también ha hablado de convivencia y de la importancia de la ley. Ha subrayado que “la confianza institucional es esencial para el correcto desarrollo de la convivencia, para la integración de la ciudadanía en torno a los valores y principios democráticos y para fortalecer culturas cívicas, plurales y respetuosas con los derechos de los otros” y, en unas palabras que han resonado a las que pronunció el rey Felipe VI en su discurso de Navidad, ha afirmado que “al margen de la ley no hay nada”. También ha puesto énfasis en el hecho que “quien quiera contribuir” al proyecto de la Fiscalía “tendrá su espacio”, pero que, en cambio, “no tendrá cabida” quien “espere encontrar en la Fiscalía un sitio para su mera proyección personalista o que busque otros réditos que no sean profesionales”.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado sin la confianza del CGPJ y enmendado por el Supremo
Álvaro García Ortiz es fiscal general del Estado desde julio del 2022, cuando tomó el relevo de Dolores Delgado, que renunció al cargo por motivos de salud. El pasado mes de noviembre, tras ser reelegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez lo mantuvo como fiscal general del Estado, aunque, por primera vez en la historia, el CGPJ denegó la confianza al nombre propuesto por el ejecutivo. Hacía un año y medio, García Ortiz sí que había tenido el aval del CGPJ, aunque los vocales conservadores votaron en contra.
¿Qué había cambiado y qué argüía ahora el CGPJ? Una de las principales razones que exponía al órgano de gobierno de los jueces para negar la confianza a García Ortiz era su “absoluta inactividad” ante las acusaciones de lawfare contra los fiscales del procés y la “importante corrección” que sufrió el criterio de actuación para la ley del solo sí es sí por parte de los tribunales y del mismo parlamento. Además, el fiscal general también recibió un revés del Tribunal Supremo, que anuló el ascenso de Dolores Delgado a Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada (Sala de lo Militar) del Tribunal Supremo, la máxima categoría de la carrera, alegando que había habido desviación de poder.
Finalmente, en los últimos meses, Álvaro García Ortiz también ha estado en el centro de las críticas. De entrada, la Asociación de Fiscales (conservadora y mayoritaria en la carrera fiscal) pidió su dimisión por “su pasividad en la defensa del estado de derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal”. Por su lado, 18 fiscales del Tribunal Supremo reprocharon a García Ortiz que no defendiera a los fiscales del procés por las acusaciones de lawfare, ante las comisiones parlamentarias para investigarlo, y le recriminaron que “ignorara deliberadamente” la petición de amparo institucional sobre las “injuriosas insinuaciones” de persecución política o guerra judicial contra el independentismo catalán.