"Cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura ley de amnistía de los hechos que tuvieron lugar en Catalunya en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado". Así de tajante se ha mostrado el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en una carta dirigida a los fiscales del Tribunal Supremo este jueves 16 de noviembre, el mismo día que, si no hay ninguna novedad, Pedro Sánchez volverá a ser investido presidente del Gobierno después de un pacto con los partidos independentistas por la ley de amnistía. Esta carta de García Ortiz es la respuesta a los fiscales del Procés, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, que le habían pedido, al Fiscal General, una "respuesta inmediata" después de que el acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya hiciera referencia al concepto de lawfare que, en cambio, no aparece en la propuesta de ley de amnistía que el PSOE ha registrado esta semana en solitario en el Congreso.
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Aparte de advertir que el posicionamiento de la Fiscalía llegará una vez la ley se haya publicado en el BOE, García Ortiz también advierte que este se hará a través de las "vías estatutarias y en los procedimientos en los cuales se demanda nuestra intervención". Por eso mismo, ha subrayado que su obligación es mantener los principios de "imparcialidad", "plena objetividad e independencia". En la misma línea, ha dejado bien claro a los fiscales del Supremo que, desde su posición como fiscal general del Estado, "velará siempre por la autonomía de los que han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas."
Críticas por el contenido del acuerdo político de Junts y PSOE
Desde que se conoció el acuerdo entre PSOE y ERC por la ley de amnistía y posteriormente el acuerdo político entre los socialistas y Junts, que recoge el término lawfare, las diferentes asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, el Supremo, la Audiencia Nacional, entre otros, han ido posicionando públicamente contra estos pactos. Especialmente por el reconocimiento del lawfare en el pacto firmado en Bruselas, aunque después esta palabra no aparece en la ley de amnistía. La Fiscalía General del Estado no se había pronunciado hasta esta carta de García Ortiz a los fiscales del Procés, a quienes ha pedido imparcialidad y objetividad. En su carta, los fiscales del Supremo ponían el foco al acuerdo de los socialistas con el partido de Carles Puigdemont, asegurando que este "anula el principio de separación de poderes y recorta de raíz la independencia judicial".