La Fiscalía recurrerá el auto de procesamiento del presidente en el exilio, Carles Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para incluir el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, que entró en vigor con la reforma del Código Penal pactada entre republicanos y el Gobierno. Según avanza este martes El Español, el fiscal general del Estado, a Álvaro García, ha dado luz verde a los cuatro fiscales de la Sala del Tribunal Supremo para que pidan al juez Pablo Llarena que apueste por las tesis acusatorias más severas. Para Puigdemont, el Ministerio Público pide procesarlo por un delito de malversación grave, que puede implicar hasta los 12 años de prisión, además del delito de desórdenes públicos agravados (con pena de prisión e inhabilitación de tres a cinco años) en sustitución del de sedición, que ha quedado derogado. A Junqueras le quieren atribuir los mismos delitos, lo que comportaría mantenerle la inhabilitación durante una larga temporada.
La Fiscalía quiere procesar a Puigdemont y Junqueras por desórdenes públicos
Los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena recurrirán el auto de procesamiento contra los políticos independentistas condenados por el referéndum del 1-O, y pedirán que se les persiga, como mínimo, por malversación y desórdenes públicos, en vez de los delitos de desobediencia y malversación agravada que el juez Llarena consideró adecuados en aplicación de la reforma penal. El nuevo delito de desórdenes públicos agravados castiga con penas de 3 a 5 años de prisión y hasta 8 años de inhabilitación para los autores y autoridades que con una multitud u organización actúen para afectar gravemente al orden público. Inicialmente, se afirmaba que con la reforma del Código Penal el líder de ERC se podría presentar a unas elecciones pronto, ya que si se le aplicaba la nueva malversación atenuada, el máximo de inhabilitación es de 4 años. Ahora, sin embargo, Junqueras podría mantener los 13 años actuales de inhabilitación o un par de años menos.
Un delito que no existía
Así, la Fiscalía apuesta para procesar Carles Puigdemont y Oriol Junqueras por un delito, el de desórdenes públicos agravados, a que no existía en el momento de los hechos, es decir, el otoño de 2017. Precisamente, el juez Llarena no consideró adecuado procesarlos de este delito en su resolución por esta razón. El instructor de la causa contra los independentistas catalanes lamentó que la derogación del delito de sedición plantea "un contexto próximo a la despenalización" de los hechos investigados, al considerar que "no encajan en desórdenes públicos", ni los agravados que se han incluido en la reforma penal, porque "no estaba en vigor en la fecha de los hechos", y, por lo tanto, no se les puede aplicar y "mucho menos" con este tipo agravado de nueva creación.