El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, que ejerció la acusación en el juicio al procés, apuesta por no tocar los delitos de rebelión y sedición en la reforma del Código Penal y defiende incorporar otros para "garantizar una eficaz protección del marco constitucional". La reforma del Código Penal es uno de los compromisos del gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, cita el delito de convocatoria ilegal de consulta o referéndum, pero también la tipificación específica de la desobediencia reiterada al Tribunal Constitucional, como una modalidad agravada de la desobediencia, que comporte penas de prisión e inhabilitación de cierta gravedad.

En un artículo en el diario El Mundo, Zaragoza insiste en que los presos independentistas cometieron el delito de rebelión y un "golpe de estado en toda regla", y rechaza que las penas sean excesivas.

Pretexto para reducir las penas

Según Zaragoza, todo parece apuntar que la reforma del Código Penal busca reducir las penas con el "pretexto" de modernizar el tipo penal. El fiscal añade que "el sudado y recurrente argumento" que las penas impuestas a los presos independentistas son excesivas y desproporcionadas "no tiene ningún fundamento jurídico". De hecho, asegura que "salta por los aires" si se tiene en cuenta que ya sólo la malversación de fondos públicos de más de 250.000 euros compuerta penas de entre seis y 12 años de prisión. "En buena lógica", continúa, el delito de sedición agravado por malversación no tendría que prever penas menores que estas.

Si eso fuera así y finalmente las penas por sedición fueran inferiores, el fiscal avisa de que el principio de proporcionalidad "quedaría absolutamente laminado".

Ataques a la orden constitucional

El fiscal del Supremo cree que la respuesta a los "ataques a la orden constitucional" presenta algunas "grietas que se necesario cerrar", pero advierte que la solución "no consiste en desmantelar o neutralizar los efectos preventivos y punitivos de los tipos penales vigentes, sino en protegerlo ante las nuevas amenazas y agresiones de los tiempos actuales".

Es por eso que defiende mantener los delitos de rebelión y sedición tal como están, e incorporar otros. Con un tipo de convocatoria ilegal de referéndum o de desobediencia reiterada al Tribunal Constitucional, dice Zaragoza, es "muy probable" que se hubieran podido evitar muchos de los graves delitos que finalmente se cometieron.

La condena por sedición, forzada

El fiscal insiste en que los presos independentistas cometieron el delito de rebelión, y cree que la ubicación de aquellos hechos en el tipo de la sedición no deja de ser forzada. Pide ser "sinceros y rigurosos" y recuerda que la propia sala de apelaciones del Supremo habló de "rebelión institucional". En más, remarca que el discurso del rey, con el único precedente del 23-F, el envío de miles de policías en Catalunya y la aplicación del artículo 155 "no son medidas que se adopten para sofocar una alteración del orden público, por grave que sea esta".

Zaragoza reitera que se produjo una oposición "violenta", con "agresiones, ataques, coacciones y daños", y que eso fue un "medio necesario para avanzar en el procés rebelde". "La violencia utilizada cumplió una función esencial y contribuyó como instrumento imprescindible para la consecución de sus objetivos", argumenta. También se pregunta que hubiera pasado si en el desarrollo de estos "episodios violentos" se hubieran utilizado armas. "¿La apuesta por la sedición hubiera sido finalmente la asumida?", cuestiona.

Golpe de estado en toda regla

A su parecer, lo que pasó al otoño del 2017 fue un "golpe de estado en toda regla", con la sustitución de la Constitución por una legalidad paralela y la proclamación de la independencia, "hasta característicos de la rebelión". Zaragoza apunta que la percepción de millones de españoles que vieron lo que va pasaba no era de unos actos "puramente simbólicos o declaraciones retóricas surgidas de un universo onírico o quimérico, incapaces de generar un riesgo para la orden constitucional". "Como tampoco se percibió esta hipotética mutación de los fines que perseguían a los líderes del procés, en virtud de la cual el derecho a decidir se convirtió en derecho a presionar," ha añadido.