El fiscal Ángel Bodoque ha justificado que la Audiencia Nacional pueda rebajar la condena a Manuel Puentes Saavedra por haber incriminado al abogado Gonzalo Boye de blanqueo de capitales, según ha afirmado este miércoles, durante la segunda parte de su informe en el juicio del caso Mito. En concreto, el representante del Ministerio Público ha afirmado que Puentes Saavedra "no tiene motivos espurios" cuando en julio de 2019 acusó a Boye de intentar recuperar unos 890.000 euros comisados por la policia en el aeropuerto de Barajas, en febrero de 2017, y que era dinero del principal acusado José Ramon Prado Bugallo, conocido por Sito Miñanco, versión ratificado en el juicio. Boye siempre ha defendido que Manuel González Rubio es quien le hizo el encargo profesional para recuperar este dinero porque eran suyo, y no de Prado Bugallo.
El representante del Ministerio Público ha asegurado que "la delación está recogida en el artículo 376 del Código Penal", el cual permite que un tribunal aplique atenuantes a arrepentidos y que delaten operaciones delictivas no descubiertas. No obstante, el fiscal ha insistido en que la incriminación de Puentes Saavedra no fue clave en este caso, porque Boye "ya era sospechoso desde el 2017". Sin embargo, la magistrada no imputó al penalista hasta octubre de 2019, después de ser delatado.
El fiscal ha mantenido la petición de 10 años de prisión para Puentes Saavedra por los delitos de blanqueo de capitales y de falsificación documental, y oficialmente no ha pedido una rebaja de la condena, a pesar de dejarlo en manos del tribunal. Para el abogado de Carles Puigdemont, el fiscal también ha mantenido la petición de su castigo: 9 años y 9 meses de prisión.
Ninguna vulneración de derechos
Bodoque también ha negado que se hayan vulnerado derechos fundamentales a Boye en el registro de su despacho profesional, como él ha denunciado y por ello solicita que se declare nulo y el archivo de su acusación. El fiscal ha asegurado que el tratamiento penal del caso de Boye fue "exquisito" y sin publicidad hasta que se levantó el secreto.
En su explicación, el fiscal ha expuesto que la magistrada instructora abrió una pieza separada secreta para investigar Boye y ordenar el registro de su despacho, así como el decomiso de pruebas en su móvil y ordenador. Ha insistido que "no se ha vulnerado su secreto profesional", puesto que desde el juzgado se estuvo expurgando todo lo que no tenía relación con su tramitación de la recuperación del dinero de Barajas. También ha reprochado a Boye que la ley lo protege para asesorar sus clientes, pero "no para facilitar acciones delictivas". Sostiene que así lo hizo con la presentación de unas letras cambiarias ya usadas en el procedimiento contencioso, y que el dinero que quería recuperar en el Seplac no eran de Manuel González Rubio, sino de Prado Bugallo. El fiscal también ha asegurado que "no es preceptivo" que el Seplac informe a la Fiscalía si tiene sospechas que el dinero eran de procedencia ilícita, en este caso supuestamente del narcotráfico, y que ya lo investigaba la Audiencia Nacional.
Con todo, el fiscal ha admitido que se usó el informe de Boye, en el cual preparaba su defensa, después de la incriminación de Puentes Saavedra, y donde se recogen WhatsApp con Isabel Prado. Incluso, ha leído algunos en el juicio.
La extradición a Colombia frenada
En su interrogatorio en el juicio, Puentes Saavedra, reveló que diferentes agentes de la policía española lo habían ido a ver a la prisión por si sabía hechos delictivos, que lo "podrían ayudar". A pesar de estos contactos policiales, el fiscal ha descartado que se haya frenado la extradición de Puentes Saavedra a Colombia, donde era sospechoso de encargar un crimen; ni que se le haya evitado de entrar en la prisión por otro caso de tráfico de drogas por su adicción. Ha expuesto que las causas son de diferentes tribunales y quienes lo afirma "no sabe cómo funciona el sistema judicial español".
Acusación opuesta al fiscal
Finalmente, en la sesión de este miércoles, el abogado de uno de los agentes de la policía heridos, representado como acusación particular, ha contradicho la versión del fiscal, y ha asegurado que el dinero de Barajas eran de González Rubio y, por lo tanto, que se le entregue los 263.000 euros de indemnización solicitada por las heridas de bala sufridas por los disparos de González Rubio, cuando entraron en su nave de Alpedrete. Precisamente, antes del juicio, la abogada de González Rubio ya pidió al tribunal la entrega de este dinero para que le cuenten como una atenuante.
El juicio continúa este jueves en la Audiencia Nacional con los informes de los abogados defensores.