La Fiscalía Provincial de Barcelona ha ordenado abrir una investigación por un posible delito de odio y discriminación en los casos de expulsión de los agentes de la policía española y la Guardia Civil de los hoteles de Calella y Pineda de Mar. La fiscal jefe de Barcelona, Ana Maria Magaldi, lo ha encargado al fiscal especial por delitos de odio Miguel Ángel Aguilar que, a su vez, ha solicitado a una unidad adscrita del cuerpo de la policía española que recoja información.
El escrito precisa que se podrían haber producido amenazas y coacciones a los propietarios de los hoteles por parte de los ayuntamientos, con el objetivo de obligarlos a abandonar las instalaciones. El decreto del fiscal recoge que las redes sociales están difundiendo un documento en que el gerente del hotel habría afirmado que, después de reunirse con los responsables del Ayuntamiento de Pineda, se veían obligados a desalojar a los agentes ante "la amenaza" de cerrar los hoteles durante cinco años.
Por el contrario, el Ayuntamiento de Pineda de Mar y los hoteles Checkin Mont-palau y Checkin Pineda han emitido un comunicado conjunto asegurando que la decisión de adelantar dos días la salida de los agentes de la policía española alojados en los establecimientos responde a razones de seguridad, y tiene como objetivo "garantizar la convivencia" en el municipio.
Concretamente, manifiestan que en una reunión con representantes del gobierno municipal y la cadena hotelera se acordó "de mutuo acuerdo" que la salida se produciría en el transcurso de hoy. "En ningún caso ha habido ninguna medida de presión a la hora de tomar esta decisión y desmentimos que el Ayuntamiento haya amenazado en el establecimiento hotelero con el cierre", han precisado en un comunicado.