La Fiscalía de Barcelona mantiene la petición de 2 años y 10 meses de prisión y 10 años más de inhabilitación por el delito de prevaricación para el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), por haber permitido la instalación de dos antenas de telefonía móvil sin licencias en un solar al lado de la comisaría de la Guardia Urbana, el año 2012. Así lo ha anunciado la fiscal de la sección especializada de Urbanismo y Medio Ambiente, Laura Ricart Rius, este martes en el juicio por el caso de las antenas en la Audiencia de Barcelona, con un total de seis acusados.
Además, ha afirmado que retira la acusación para el exconcejal de Seguridad Ciudadana y actual concejal del PP en Santa Coloma, Miguel Jurado, y para el exconcejal de Urbanismo, Oriol Lladó (ERC), con el gobierno de coalición de Dolors Sabaté.
Por el contrario, la fiscal mantiene la misma petición de pena que Albiol para el ex consejero delegado de Engestur, Tomás Vizcaíno, y para el exgerent de Urbanismo, Xavier Salvà. Para el exresponsable de licencias a partir del 2015, Josep Duran, le mantiene la petición de un año y seis meses de prisión.
"Insignificancia" del caso
En los informes finales, la fiscal ha desarrollado la necesidad de licencia de las antenas, y que su instalación era "una necesidad comercial, no de interés general". A pesar de que acusados y testigos han asegurado en el juicio que no hablaron con el alcalde García Albiol, la fiscal ha mantenido su acusación y ha declarado que "le extraña" porque el tema de las emisiones de las antenas preocupaba a la ciudadanía.
Por el contrario, el abogado del alcalde badalonés, Cristóbal Martell, ha pedido al tribunal su absolución porque no se ha demostrado su conocimiento de los hechos, ni el dolo requerido. Ha añadido que no se ha producido ningún cambio relevante en el ordenamiento jurídico para llevar este caso al ámbito penal, y ha citado el término "insignificancia" de una acción, que usa el Tribunal Supremo en una sentencia para expulsar los casos más leves en el proceso penal. Finalmente, el penalista ha añadido que la instalación de las antenas era provisional, y, por tanto, se pudieron sacar sin alterar la propiedad pública. El juicio finaliza mañana, miércoles, con los informes del resto de defensas.
Tres declaraciones finales
Antes del anuncio de las conclusiones, ha declarado los últimos tres acusados, en la sexta sesión del juicio. El consejero delegado de la empresa municipal Engestur del 2012 al 2105, Tomás Vizcaíno, ha declarado al tribunal de la Audiencia de Barcelona que tenía encargado del control de la implantación de antenas de telefonía móvil en Badalona, pero que “de ninguna forma” tenía competencias para dar licencias o sancionar. Vizcaíno también ha asegurado que no habló con el alcalde García Albiol del problema de las antenas que no tenían licencias.
Vizcaíno ha añadido que delegó a Miguel Ángel Sánchez el control de las antenas y, según su versión, fueron responsables de Vodafone quien dijo que instalaban provisionalmente una antena en el Turó del Caritg el 2012, ante la emergencia por la falta de cobertura que había, que “le dijeron que Patrimonio lo había autorizado” y que dedujo que había pedido las licencias correspondientes. El exresponsable de Engestur ha admitido, pero, que dijo que Movistar se podía instalar en el Turó d'en Caritg “si seguía los mismos pasos legales”. Y al final, descubrió que no tenían licencias.
El catalán vuelve al juicio
Por su parte, Oriol Lladó (ERC), teniente de alcalde de Urbanismo del 2015 al 2018, ha explicado al tribunal que fue informado de la irregularidad de las antenas por Josep Duran, jefe de licencias. “Me dijo que estaba en trámite de resolución, con Patrimonio y las recomendaciones del secretario municipal. Era una anomalía, no pensaba que fuera un delito, ni que hiciera falta mi intervención directa”, ha declarado Lladó, defendido por el penalista Andreu Van den Eynde. También ha aclarado que no fue informado más y tampoco incluido en el correo electrónico entre los técnicos. La lengua catalana ha vuelto al juicio porque Lladó ha podido y querido declarar en la lengua propia. Los abogados de las operadoras, que son de Madrid, no han requerido traductor.
Finalmente, Josep Duran también ha insistido en su declaración que se buscaba una solución “por la ocupación de espacio público sin título habilitante, no de cambio de planeamiento” por parte de las antenas junto a la comisaría de la Guardia Urbana. Ha añadido que el secretario municipal les dijo que era el área de Patrimonio quien tenía que hacer la recuperación del espacio. Ha explicado que hicieron una reunión el 2017 con los responsables de Vodafone y Movistar para arreglarlo, y como todo era de Patrimonio, se lo derivó todo al entonces responsable, Jordi Crisol.
“Parto de la tesis que las antenas no eran incompatibles; se podía dar licencia de usos provisionales. No hacía falta licencia ambiental en aquella época, según mi criterio”, ha contestado Duran a la fiscal. Y al ser interrogado porque no abrió un expediente sancionador a las operadoras, Duran ha reiterado que era la competencia de Patrimonio y que no lo podía hacer porque podría provocar una doble sanción, prohibido por ley (en el conocido non bis in ídem).