La misma reclamación pero con interpretaciones opuestas. La fiscal ha mantenido la petición de 3 años y 6 meses de prisión para Carles, vecino de Sants, detenido en la protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, la noche del 20 de febrero de 2021, y juzgado este martes en la Audiencia de Barcelona. La fiscal ha pedido que se le aplique el delito de desórdenes públicos anterior a la reforma, aprobada el diciembre pasado, al considerarla más beneficiosa, aunque ahora no existe la agravante de actuar en manifestaciones, que le aplica. Por su parte, el abogado de Carles, Eduardo Cáliz, de Alerta Solidària, ha pedido su absolución al asegurar que no ha quedado acreditada la acusación. Además, también ha pedido que se le aplique el antiguo Código Penal porque no castigaba la obstaculización de vías, como ahora. Es la segunda vez que la Fiscalía en un juicio pide que se aplique el delito de desórdenes antiguo a un manifestante, al menos en la Audiencia de Barcelona: el primero fue a Dren, que estuvo en prisión preventiva durante un mes, en la prisión de mujeres Wad -Ras, por manifestarse contra la sentencia a los líderes catalanes, en el 2019.

La reforma del delito de desórdenes públicos, pactada por el PSOE, ERC y Podemos, se defendió como más equitativa, ya que hacía desaparecer la pena máxima de 6 años de prisión (ahora son 5) y otras agravantes. Entidades catalanas aplaudieron la desaparición del delito de sedición, pero criticaron que la nueva definición del delito de desórdenes incluye un nuevo tipo agravado, que tiene una pena mínima de 3 años de prisión (antes era de 6 meses y evitaba la entrada en la prisión). Además, tiene una definición no lo bastante acotada y recoge, por ejemplo, actuar con "intimidación", que —para las entidades— abre la puerta a los tribunales a reinterpretar y penalizar más a los movimientos asociativos.

Criminalizar el derecho de protesta

En el juicio, en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona, Carles ha negado las acusaciones hechas por los Mossos de Esquadra y ha asegurado que él, después de la protesta, se marchó a casa con los patines en línea y al pasar por una valla, dos agentes de los Mossos lo detuvieron.

La Fiscalía lo acusa de haber participado en los desórdenes protagonizados por un grupo de personas que se ocasionaron en el centro de la ciudad. Fue identificado por dos agentes de los Mossos porque iba en patines en línea y con una chaqueta roja, movió vallas new jersey y las ponían en medio de la calle, según el relato del fiscal. Carles estuvo seis días en prisión preventiva por estos hechos. Además de la pena de prisión, el fiscal ha pedido que no pueda ir a la Via Laietana durante dos años, ni acercarse a menos de 200 metros.

Por el contrario, el abogado de Carles ha asegurado que los dos agentes que lo detuvieron "no han aportado pruebas que lo corroboren", como imágenes y vídeos de aquella noche, o incluso de otros agentes, que eran numerosos los que se había desplegado para la manifestación. "La Fiscalía y los Mossos intentan criminalizar el derecho de protesta y dar miedo a las personas para que no participen en manifestaciones, como un efecto desalentador", ha denunciado a Eduardo Cáliz.

Apoyo de unas 200 personas

Antes del juicio, Carles ha recibido el apoyo de vecinos y de entidades del barrio de Sants, donde es conocido porque trabaja en un bar y ha sido miembro de los Castellers de Sants. También han participado representantes de entidades catalanas que luchan contra la represión a manifestantes, como Alerta Solidaria, la  Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes, y Olzinelles absolució, entre otros.

Al salir del juicio, han aplaudido a Carles y a su abogado.