Rectificación. La fiscalía que el abril pasado presentó una querella contra la alcaldesa de Cubelles, Rosa Maria Fonoll, por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por haber pagado cuotas de adhesión a la Associació de Municipis per la Independència (AMI) con fondos públicos, ha pedido ahora en el juzgado que se archive el procedimiento contra ella al considerar que después de las declaraciones e investigaciones realizadas es "penalmente irrelevante", aunque deja la puerta que se pueda presentar recurso contencioso-administrativo. Este caso era el primero en que la fiscalía perseguía penalmente la inscripción municipal al AMI. El juzgado de instrucción 5 de Vilanova i la Geltrú tiene que resolver ahora si cierra la investigación.
En la querella, el ministerio público actuó después de que el concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Cubelles denunciara la adhesión. La fiscalía cifraba en 2.231 euros los pagos supuestamente irregulares que se habrían hecho desde el ayuntamiento. La adhesión al AMI se realizó en el pleno del 20 de octubre del 2015, pero no fue hasta el 2019 que el TSJC se posiciona al respecto a partir de una sentencia a raíz de un recurso de la Delegación del Gobierno de Catalunya que denuncia estas adhesiones y pide su impugnación.
Argumentos
En la petición de archivo, firmada por la fiscal jefe del área de Vilanova i la Geltrú, expone que "de las diligencias de instrucción no permiten considerar que se haya obtenido indicios suficientes para continuar con el procedimiento y ratificar la fundamentación expuesta en la querella". Precisa que no se puede fundamentar ni el delito de prevaricación ni el de malversación de fondos públicos, a partir de la declaración de testigos y de la misma alcaldesa, como investigada, además de la documental recogida. Y precisa: "No puede inferirse que en la actuación de la querella haya la arbitrariedad que la doctrina y la jurisprudencia exige".
La fiscal jefe detalla que el pleno del Ayuntamiento de Cubelles envió a la subdelegación del Gobierno y a la Generalitat el acta del acuerdo de adhesión al AMI sin que haya habido ningún contencioso contra el consistorio, ni ningún requerimiento de la Sindicatura de Cuentas. También recoge la declaración de la alcaldesa que aseguró que ante los reparos de los informes de fiscalización de los años 2019 y 2020, "lo salvó por decreto". Asimismo, precisó que sabía que el caso de las adhesiones al AMI, cuestionadas por el TSJC, hay un recurso de casación presentando al Tribunal Supremo pendiente de resolverse.
Además, precisa que el jefe de fiscalización y la interventora del consistorio "cumplieron con sus obligaciones de control interno e informe al plenario". Y que consta que la alcaldesa "dictó los decretos para salvar los reparos expuestos, dentro del ejercicio de sus competencias, como fija la ley de Haciendas locales". Y también que en enero de 2016 se envió a la Subdelegación del Gobierno una copia del pleno de 20 de octubre de 2015, en la que figuraba la adhesión del Ayuntamiento de Cubelles a la AMI, ente creado en el 2012.