La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa por delito de odio abierta al juzgado de Instrucción 1 de Palma contra el presidente del Parlamento, el ultra Gabriel Le Senne, por el episodio con las fotografías de Aurora Picornell y las Roges del Molinar. En el escrito, el fiscal delegado de Delitos de Odio y Discriminación, José Díaz Cappa, ha argumentado que no han quedado lo bastante acreditados los elementos para enmarcar los hechos en la tipificación del delito de odio. El fiscal resuelve que "no resulta acreditada la intención de lesionar la dignidad de las personas ni la motivación discriminatoria por parte del investigado".
Acto de mala praxis
A pesar de no considerar que haya un delito de odio, el fiscal ha considerado que "es absolutamente comprensible socialmente el sentimiento de rechazo e indignación" de las familias de las personas representadas en las fotografías por lo que sucedió al Parlament balear y "manifiestamente criticable la acción del investigado", pero que no está acreditado que la reacción de Le Senne "inusitada y fuera de lugar" de coger y romper posteriormente, incluso de manera airada, la fotografía, respondiera a una voluntad de lesionar su dignidad ni a una motivación discriminatoria. Según el ministerio fiscal, la reacción del de Vox estuvo motivada porque las diputadas socialistas, Pilar Costa y Mercedes Garrido, miembros de la Mesa, no atendieron sus peticiones de retirar las imágenes.
Los hechos se produjeron al pleno del pasado 18 de junio, en el cual se estaba debatiendo la toma en consideración de la derogación, que proponía Vox, de la ley de memoria democrática. En aquel momento, Le Senne acabó arrancando la fotografía que Garrido lucía en su ordenador, después de varios intentos para que fueran retiradas. Garrit y Costa acabaron expulsadas. Una vez analizadas las declaraciones en la instrucción y los vídeos de la sesión, el fiscal delegado de Delitos de Odio cree que no ha quedado acreditado el luto del delito de odio, en este caso: "la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista y que se veían representadas en la fotografía y la de sus actuales familiares", ni tampoco que todo eso obedeciera a una motivación discriminatoria.
El fiscal señala que después del análisis se deduce la existencia "de un acto colérico de mala praxis y formas sin duda incorrectos" por parte del investigado mediante una acción absolutamente desafortunada y desproporcionada "ajena al mínimo decoro parlamentario y al lugar ejercido", pero evidenciando más bien una reacción, fuera de lugar, que expresaba su fuerte enfado ante el incumplimiento por parte de las parlamentarias de las órdenes que el investigado impartía reiteradamente para no poner o quitar la fotografía y que el investigado consideraba que formaban parte de sus atribuciones como presidente de la cámara.