Ningún delito. El fiscal anticorrupción ha pedido a la magistrada del juzgado de instrucción 2 de L'Hospitalet de Llobregat que decrete el archivo de la investigación contra la alcaldesa del municipio, la socialista Núria Marín, al asegurar que no cometió un delito de omisión del deber de perseguir delitos cuando se la alertó de irregularidades en la gestión de las subvenciones concedidas el Consell Esportiu de L'Hospitalet (CELH). El Consell es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene en su junta cargos públicos, como dos concejales de L'Hospitalet, que son los principales acusados y que dimitieron por esta causa: el exconcejal del PSC y expresidente del Consell Cristóbal Plaza, y el segundo teniente de alcalde, Cristian Alcázar, que dimitió el mes pasado por esta investigación.
En el escrito, comunicado hoy, el fiscal Luís García Cantón afirma; "no hay elementos, ni siquiera indiciarios, que permitan sostener fundadamente una acusación" por el delito de omisión del deber de perseguir delito porque "la investigada actuó sin ningún ánimo de ocultación de los hechos que se pusieron en su conocimiento, y en consecuencia, sin hacer desistimiento de sus funciones que supongan un obstáculo para la investigación".
Denuncia
El fiscal recuerda que Jaume Graells, cuando era concejal de l'Hospitalet, expuso a la alcaldesa Marín estas irregularidades contables en el CELH, en febrero del 2020, y ella pidió explicaciones a Plaza y Alcázar, y al ver que "daban versiones contradictorias" encargó una auditoría. Marín dijo después a Graells que la auditoría se había paralizado al judicializarse el caso, mientras él lo denunció a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española, que ha realizado la investigación de este caso. "Esta documentación ha de estar en el juzgado y no circulando por correos electrónicos", dijo Marín a Graells, según recoge al fiscal.
Recelo policial
El fiscal insiste en que "la actitud, el comportamiento y las decisiones adoptadas por la investigada no tienen encaje en la idea de una dejación de funciones patente, manifiesta y total", como exige el delito que se le imputa. Añade que esta investigación empezó sin su incriminación y que fue, a posteriori, con las perquisiciones policiales, que se deduce su omisión. En el escrito, el fiscal también cuestiona las deducciones de la unidad investigadora de la policía española, que hace responsable Marín de los delitos de prevaricación y malversación de fondos "por su único motivo de su condición de alcaldesa, que la convierte en la máxima responsable de las decisiones del Ayuntamiento". Y sostiene: "Es excesivo aplicar este razonamiento, y convertir a cualquier primer edil en blanco por presunción extensiva de las denuncias o querellas que puedan interponerse contra cualquier autoridad o funcionario de ámbito local, por falta de indicios que permitan deducir el contrario."
En definitiva, a falta de indicios, y delante de una pericial muy compleja solicitada, el fiscal propone que se archive la causa contra la alcaldesa Marín, como ya había pedido su abogado, Fermín Morales.